Con la buena noticia que el Huila será el primer departamento piloto de Colombia donde se desarrolle un Contrato Paz para cumplir los acuerdos alcanzados en La Habana entre el Gobierno y las Farc, concluyó el foro Posconflicto, Huila Territorio de Paz, organizado por el grupo informativo LA NACIÓN.
La preocupación de los asistentes al Centro de Convenciones ‘José Eustasio Rivera’ es que hoy no existen los recursos para financiar los 194 billones de pesos que costaría reconstruir las zonas golpeadas por la violencia del conflicto armado.
Así lo reconoció Héctor Riveros Serrato, delegado de la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, quien manifestó que “a la financiación hay que ponerle fe e imaginación”, tras convocar a hacer esfuerzos para consolidar el proceso y el posacuerdo.
El senador Rodrigo Villalba, miembro de la Comisión de Paz del Congreso, reconoció que el posconflicto generó muchas expectativas e ilusiones en los entes territoriales y mandatarios, “pero no está estructurado, nos cogió con las manos abajo”.
Dijo que el Ministerio creado, hoy en cabeza de Rafael Pardo, está apenas en estructuración y sin cartera, mientras muchos municipios se apresuraron a crear oficinas alternas y a designar funcionarios en busca de prepararse para la inversión prevista.
“Hay cosas del posconflicto que no necesitan plata, entonces se pueden ir cumpliendo y elaborando; otras que sí lo requieren, por eso hay que ir definiendo las fuentes de financiación para su posterior ejecución”, dijo el Senador liberal.
La financiación
Riveros Serrato precisó que aunque inicialmente se habló de priorizar algunas regiones y territorios que históricamente fueron golpeados por la violencia del conflicto armado interno, el Gobierno Nacional definió que todos los entes territoriales del país serán tenidos en cuenta en este proceso.
El programa Contrato Paz es la inversión necesaria para garantizar que las administraciones cumplan con las iniciativas que permitirán la aplicación de los acuerdos y llevar, como se espera, un buen posconflicto.
Para el caso del Huila, explicó que antes que pensar en la financiación, se debe definir qué se va hacer, cuánto cuesta y de dónde saldrán los recursos: “Será un trabajo entre todos…, porque el mayor error ha sido el centralismo, pensar el desarrollo del país, desde Bogotá”.
En su intervención Riveros, explicó que son múltiples las causas que motivaron el conflicto armado en el país, entre las que se destaca la pobreza, corrupción, desigualdad social, un Estado ineficaz a la hora de resolver necesidades y los mercados ilegales, no solo los derivados del narcotráfico, sino lo que a diario hay en la calle, producto de la cultura de no respeto a las leyes.
El gobernador Carlos Julio González afirmó que solo si se atienden con soluciones los problemas que generaron la violencia en el país, podrá consolidarse una paz duradera en Colombia. Cuestionó el fuerte centralismo del Estado colombiano y requirió que el Gobierno Nacional corresponda con proyectos y recursos para subsanar las necesidades de la región y evitar así la repetición de los hechos que generaron la violencia.
“Es fundamental conocer cuáles son los proyectos y las líneas de trabajo en el posacuerdo, para que los equipos de trabajo de los gobiernos territoriales puedan fijar las líneas de estructuración de los proyectos y, con esto, se tenga la posibilidad de atacar los problemas que generaron violencia”, manifestó.
Reintegración
Joshua Mitrotti Ventura, director Nacional de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, informó que en los últimos 13 años más de 49 mil combatientes se han desmovilizado, de los cuales, 40 mil ingresaron a la Agencia. En el Huila 1.100 han ingresado al proceso.
Dijo que en total 13 mil personas terminaron con éxito el proceso, y hoy son ciudadanos con plenos deberes y derechos con la democracia. Frente a la cifra exacta de combatientes que entrarán en el proceso dijo que será el punto último de los acuerdos que definirá el número de desmovilizados.
Costos
Cada reinsertado le cuesta por año al Estado 5.800.000 de pesos, con una tasa del éxito del 76 por ciento. Un cupo al año en la cárcel de una persona le cuesta al Estado $18 millones, y la tasa del éxito es apenas del 30 por ciento.
Empresarios
Luis María Roullé Tamayo, presidente del Comité de Ganaderos del Huila, identificó la educación y tecnificación como elementos fundamentales para generar oportunidad de empleo, en este proceso que se avecina.
Yael Garaviño, director de la Fundación Utrahuilca, dijo que el cooperativismo aporta a través de proyectos formativos, productivos y culturales. Denunció que se encuentran registradas legalmente 1.800 cooperativas, pero que viene funcionando en la ilegalidad más de 8.000, sin que pase nada.
El gerente de Coomotor, Armando Cuéllar, aseguró que la reintegración social se genera con formación y empleo: “Hemos ofrecido la posibilidad para que reinsertados trabajen en nuestra empresa. Pero para conseguir los recursos que requiere la paz, hay que acabar con la corrupción presente en todos los niveles”.
El gerente de Coocentral, Luis Mauricio Rivera Vargas, solicitó el cumplimiento de verdaderas políticas públicas para el campo: “Si no se acaba la corrupción no habrá paz en Colombia”.
Los alcaldes opinan
Rodrigo Lara Sánchez, Neiva
“El temor es grande para atender las reclamaciones de la ciudadanía. No tenemos la capacidad institucional y económica para responder a las responsabilidades que nos van trasladar a los entes territoriales a la hora de enfrentar el posconflicto”.
Miguel Antonio Rico, Pitalito
“Seguramente no hay recursos para atender todas las tareas que se deben abordar en el posconflicto, luego lo único que no podemos perder es la fe y en eso nos mantenemos firmes. Hay que acabar la tramitomanía a los procesos de inversión, sencillamente deben entregar los recursos directamente a la comunidad y junto con el municipio hacer una bolsa común”.
Néstor Barreiro, Rivera
“Aquí no basta la fe, necesitamos hechos concretos, visibles para poder atender de manera integral a las personas desmovilizadas. Esta situación nos preocupa, porque lo que no tiene un valor cuantitativo no se puede concretar. Se requiere de recursos económicos para cumplir las expectativas de la gente”.
Javier Rivera, Algeciras
“Queda claro que el gobierno no sabe de dónde van a salir los recursos. Le dejamos claro al Gobierno Nacional que estamos listos para este proceso, pero necesitamos del apoyo y acompañamiento del Estado”.
“La paz es posible”
“Hay que perdonar de corazón”. Con esta frase resume el empresario César Augusto Montealegre la decisión que tomó para superar las secuelas que le dejó ser víctima del conflicto armado. Ayer fue invitado especial en el foro, y contó su historia enmarcada en una tragedia que inició como víctima de la guerrilla y terminó revictimizado por el propio Estado colombiano.
El caqueteño perdió todo su capital, de más de 38 años de trabajo, cuando en el año 1999 la guerrilla lo secuestró durante ocho meses. Luego de la liberación, a los pocos meses, su esposa fue también secuestrada y para devolverla a la libertad debió vender lo poco que le quedaba.
Al no tener como pagar los créditos bancarios y al atrasarse en los pagos de impuestos, y parafiscales, fue embargado por la Dian, y encarcelado. “En mi mejor momento como empresario logramos generar más de 275 empleos, pero eso no valió para el Estado. Pero aquí estamos superando la situación. La invitación es a que la reconciliación se debe dar entre todos, guerrilla, paras, sociedad civil, y gobierno”, comentó.
