Como una señal de alarma deben recibirse las cifras que ha entregado la Defensoría del Pueblo sobre amenazas contra líderes religiosos en varias regiones del país, en medio de la escalada de violencia y proliferación de grupos ilegalmente armados que vive el territorio colombiano.
De acuerdo con la Defensoría, durante el primer semestre de este año hubo un total de 21 denuncias por amenazas contra líderes religiosos en los departamentos de Córdoba, Chocó, Putumayo, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca. Por tal razón, la propia Defensoría hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los entes territoriales a “poner en marcha acciones urgentes que propendan por su protección y el respeto al derecho fundamental de libertad religiosa y de cultos”.
También pidió “incluirlos, en razón de su actividad, en el ‘Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades’ después de que tan vital beneficio para ellos fuera derogado por el Decreto 1285 de 2023 del Ministerio del Interior. La situación actual exige una respuesta rápida y decisiva para garantizar su seguridad y derechos”.
De acuerdo con el Dane, el 78,6% de la población colombiana se identifica como católica; el 10,11%, como protestante, evangélica o cristiana no católica; el 7,8%, como creyente en Dios o en una divinidad superior, pero no afiliada a una religión en particular; el 1%, con otras confesiones religiosas, y el 0,6%, como agnóstica o atea. Después de la familia, el tiempo libre y el trabajo, la religión en la vida de los colombianos es lo más importante.
Urge que el Gobierno Nacional ofrezca protección a los líderes religiosos amenazados y evite que esta clase de intimidaciones se extiendan a otras regiones del país. Los grupos ilegalmente armados, cobijados actualmente por la política de ‘Paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro, tienen la obligación de respetar la vocación religiosa de los ministros de culto y sus comunidades.
