Escrito por: David Andrés Sánchez Bogotá – Jefe de Crédito y Cartera Universidad del Rosario
La educación superior ha sido uno de los temas que se han utilizado como instrumento de compenetración del Gobierno Nacional con la población más joven del país, sobre todo por la sensibilidad que esto representa en los proyectos de vida de miles de familias. El acceder a un programa técnico, tecnológico, profesional y/o de posgrado es el sueño de muchos para garantizar una mejor calidad de vida al entorno más cercano.
En esta prospectiva, las Instituciones de Educación Superior privadas son una alternativa de primer orden para una parte significativa de los jóvenes que inician sus estudios, entre las razones, lograr la graduación de las aulas que más sobresalen en determinados aspectos que faciliten la posibilidad de poder obtener habilidades que permitan competir y ser diferenciados en el mercado laboral. Así también, el reconocimiento y trayectoria sin lugar a duda es un inductor en la tomar de decisión al momento de la elección de los programas de formación al cual se postulan.
En este sentido, uno de los instrumentos que se utiliza para lograr financiar las matrículas es el ICETEX, aunque cuestionado por muchos por sus costos, ha sido el forjador de miles de profesionales que se gradúan de las diferentes IES. Adicionalmente, por su naturaleza y al ser un ejecutor de política pública ha administrado un sinfín de recursos destinados para programas de fomento al acceso a la educación superior, entre los cuales resaltan por su impacto Generación E y Ser Pilo Paga.
Con la coyuntura actual de buscar reformar diferentes sectores entre los cuales se encuentra la educación superior, aparece un posible escenario en el que se reforme el alcance de ICETEX, limitándolo exclusivamente al fomento a la educación en el exterior, por lo que se quedaría en vilo el rol que en la actualidad cumple como financiador para acceder a las instituciones privadas. Así también, no queda definido con suficiente claridad la administración de cientos de fondos públicos y privados con destino a becas y créditos condonables.
Hay que garantizar la accesibilidad a la educación superior en todos los frentes. Desde un punto de vista de análisis de oferta, un ciudadano debe tener la posibilidad de escoger entre una institución pública o privada, eligiendo la que mejores alternativas de formación brinde. Desde el punto de vista de la demanda, entra en juego la discusión de la matrícula cero, situación con la se converge, por lo que el gobierno a través de sus instituciones ejecutoras de política pública deberá garantizar que los estudiantes no incurran en costos por sus matrículas indistintamente del origen de la IES en que se matriculen.
Una oferta amplia de alternativas de centros educativos, públicos y privados, deben motivar la sana competencia entre los actores del sector, obteniendo que se fomente la inversión en infraestructura, capital humano y bienestar, para que sean inductores en la toma de decisión de los jóvenes al momento de elegir su proyecto de profesionalización.
