Soy Sorrel Aroca Rodríguez, gobernadora del Putumayo, compareció ayer ante el Tribunal Superior de Bogotá en donde es juzgada por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 300 personas, en la avalancha que sorprendió a Mocoa, Putumayo, el pasado 31 de marzo.
En la audiencia, en la cual la Fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo, la mandataria se declaró inocente, mientras el ente acusador desglosó sus argumentos aduciendo que Aroca, aunque conocía el riesgo en el que se encontraba la población, no hizo nada para evitarlo.
LA IMPUTACIÓN
El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia para exponer las pruebas y que presentó los argumentos del ente acusador, fue Carlos Iván Mejía. Señaló que, refiriéndose a la imputada, “conocía el riesgo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo inminente en la que se encontraba la población cercana a las cuencas hídricas y en consecuencia las altas probabilidades que existían de que una tragedia de esta magnitud se presentara en el municipio”.
Aseguró además, al magistrado Juan Carlos Garrido Barrientos, encargado de estudiar el caso, que la tragedia se hubiera podido evitar, si la Gobernadora en su calidad de garante, hubiera desarrollado obras de mitigación y prevención que hubieran logrado evitar las muertes de 346 personas en Mocoa, entre ellos más de un centenar de niños, “Las autoridades departamentales y municipales conocían con anterioridad las características naturales de la quebrada, que ponían en riesgo inminente un alto porcentaje de la población de Mocoa”, señaló el fiscal.
Es decir, que según la Fiscalía, la gobernadora Aroca conocía las altas probabilidades de que en Moca se produjera una tragedia de las magnitudes que se conocieron el semestre pasado y que enlutaron al Putumayo y al país.
‘HABÍA ANTECEDENTES’
El fiscal, también mencionó en el Tribunal para sopesar su tesis, que Mocoa ya había sido víctima de torrenciales aguaceros, lo que hacía prever una tragedia. Explicó que en 2014, hubo una emergencia por lluvias que obligó a la evacuación de un sector grande de Mocoa. Esto según el fiscal, obligaba a las autoridades a tomar medidas preventivas y no se hizo.
“No solo por desastres en años atrás sino porque a final de 2014 se presenció un torrencial aguacero que obligó a la comunidad mocoana y organismos de socorro a realizar mecanismos de mitigación y riesgos, además de implementar un plan de acción”, afirmó Mejía.
Asimismo, Carlos Iván Mejía expuso que la gobernadora en su calidad de garante debió haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar una tragedia, más cuando había un plan de acción municipal, que le indicaba a los mandatarios que debían realizar constantes monitoreos a las cuencas hídricas y debían realizar estudios técnicos con el fin de evidenciar los riesgos a los que se enfrentaba la población.
“La gobernadora estaba en condiciones de evitar el resultado o aminorar el riesgo a través de las acciones debidas y que tuvo la posibilidad de conocer el riesgo al que se enfrentaban las personas y que suponía una amenaza natural y conforme a ese conocimiento podía preverlas”, expresó el fiscal en la audiencia.
Por estos hechos, la Fiscalía también investiga a José Antonio Castro Meléndez, actual alcalde de Mocoa y Elver Porfidio Cerón Chincuque, exalcalde quienes también son investigados por los delitos de homicidio culposo, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.
