"Y aunque es claro que la sola contratación directa no equivale necesariamente a corrupción, sí es por lo menos sospechoso. No todo lo legal es transparente”</p> <p style="text-align: justify;"> Las cifras reveladas por la Procuraduría General de la Nación confirman los abusos que se vienen cometiendo con la contratación directa: De cada 10 contratos que firman el Estado central, los alcaldes y los gobernadores con particulares, al menos cuatro se ha hecho bajo la modalidad que más se presta para prácticas de corrupción, la contratación directa, es decir la escogencia a dedo de los contratistas. Según el ente de control disciplinario la situación es más grave porque otras modalidades que no implican la licitación pública también están haciendo carrera.</p> <p style="text-align: justify;"> Tras revisar más de 300 mil contratos suscritos por entidades territoriales y nacionales durante el 2012, que suman la friolera de 52 billones de pesos, se encontró que el valor que se negoció por licitación fue de apenas 12,8 billones, la quinta parte del total.</p> <p style="text-align: justify;"> Ahora bien, la preocupación aumenta cuando se deja en evidencia que, aún con licitación – que se supone es el mecanismo más transparente y menos proclive a la corrupción – se han presentado en el país los más grandes actos de rapiña de los recursos públicos, como ha ocurrido con el llamado “robo a Bogotá” durante las más recientes administraciones distritales. Y justamente son los más grandes porque es mediante licitación que se otorgan los montos de mayor valor, algunos por billones de pesos, para la ejecución de obras públicas o la entrega en concesión de multimillonarios negocios otrora monopolio del Estado.</p> <p style="text-align: justify;"> De manera que lo que nos está diciendo la Procuraduría es que más de 23 billones de pesos, entre la Nación, los departamentos, municipios y distritos, se han dirigido a dedo, de manera directa a los beneficiarios de los contratos. Más de la mitad de esa plata fue usada por entidades nacionales. Para mayor colmo, hay hechos insólitos de 22 alcaldías en donde no hubo en todo el año una sola invitación para contratar por licitación. Y aunque es claro que la sola contratación directa no equivale necesariamente a corrupción, sí es por lo menos sospechoso. No todo lo legal es transparente. Los excesivos trámites de la contratación pública están llevando a los administradores a buscarle esguinces a la licitación, muchas veces de buena fe con el fin de agilizar obras o proyectos. Y en este tema, como lo hemos denunciado, el Huila no es la excepción. Ni ahora, ni antes. Los convenios interadministrativos, como la contratación directa, han servido para burlar la ley y terminar favoreciendo a los contratistas particulares.</p> <p style="text-align: justify;"> A su vez, la Contraloría advierte que se han detectado decenas de casos de fraccionamiento de contratos para eludir la licitación. Es decir, cuando se pretende ejecutar una gran obra que ameritaría someterla a licitación pública, los respectivos funcionarios se dan mañas para dividir el proyecto en fases, etapas o estructuras y con ello repartirlo entre varios contratistas. Lo que queda entonces es una desalentadora sensación de incapacidad del Estado todo para ponerle freno a la depredación de la plata de los colombianos.</p> <h3 style="text-align: justify;"> Editorialito</h3> <p style="text-align: justify;"> El intempestivo retiro del médico Mario Solano Calderón, como Contralor Delegado para el Sector Social, causó sorpresa. No sólo por las investigaciones que venía adelantando por el carrusel de la salud y las anomalías con el uso indebido de regalías. La contralora Sandra Morelli debe explicar las razones para declararlo insubsistente. ¿Qué pasaría?