Afectados por el Quimbo, entre el desarraigo y la incertidumbre

Los habitantes de la zona afectada por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo permanecen en la incertidumbre. Los habitantes de la zona afectada por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo permanecen en la incertidumbre. A 22 meses de que entre en funcionamiento la represa, ninguna de las 1.764 personas que fueron incluidas en el censo para procesos de reubicación, han sido reasentadas. Campesinos aseguran que la compra de grandes predios ha provocado el desplazamiento de labriegos por falta de empleo. La deserción escolar es cada vez mayor. UNIDAD INVESTIGATIVA LA NACIÓN, NEIVA Desconsuelo e incertidumbre se respira en el ambiente por parte las 1.764 habitantes de las veredas La Escalereta y San José de Belén del municipio de El Agrado, y de la vereda Veracruz en Gigante, debido a que a poco menos de dos años de que entre en funcionamiento la represa El Quimbo, ninguna familia ha sido reubicada.

El avance de las obras de construcción de la hidroeléctrica es de un 36 por ciento, pero las familias afectadas y algunos mandatarios de la zona de influencia del Quimbo piden celeridad en los procesos de compensación. Aún no es claro qué va a pasar con la iglesia colonial del caserío San José de Belén en el municipio de El Agrado, una población conformada por 26 casas de bahareque, la mayoría de ellas con más de 50 años de antigüedad. Los campesinos señalan además que la compra de grandes fincas por parte de Emgesa ha generado desplazamiento de los habitantes de la zona de influencia de El Quimbo por falta de empleo. En el caso del centro poblado de Rioloro, la comunidad reclama que los censos sean nuevamente revisados, pues aseguran que 106 nativos no fueron incluidos. Emgesa, la compañía que desarrolla el proyecto, manifestó que están revisando las solicitudes de inclusión del censo, pero este no será reabierto, pese a las presuntas falencias halladas por la Contraloría General de la República, donde

cursa una investigación de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la licencia ambiental, situación que habría generado un detrimento patrimonial de más de 350.000 millones de pesos. Docentes de las instituciones educativas de La Escalereta, San José de Belén y Veracruz se han mostrado preocupados por la deserción escolar. La incertidumbre generada por el desplazamiento de las familias ha provocado una reducción en el número de estudiantes de más de 50 por ciento. Entre el desarraigo y la reubicación “No me animo a salir de mi casa porque es lo único que me queda”, aseguró Margarita Vargas, habitante del caserío San José de Belén, zona rural del municipio de El Agrado. La situación que vive Margarita es la misma que padecen 102 familias de San José y la vereda La Escalereta. Incertidumbre se respira en estas dos poblaciones, pues a 22 meses de que entre en operación la represa El Quimbo, ninguno de las 1.764 propietarios de la zona afectada, censados por Emgesa, ha sido reubicados. Las obras de

construcción de la hidroeléctrica iniciaron el 25 de febrero de 2011 y dos años después de que se puso la primera piedra, las familias sienten que su futuro aún es incierto. “La gente se siente desubicada porque no sabe cuándo va a salir, para dónde va a salir. Todo mundo está prevenido, a la expectativa del cumplimiento de los compromisos de Emgesa. Emgesa hoy está incumpliendo  y es normal que la gente esté preocupada por eso”, señaló el concejal del municipio de El Agrado y habitante de La Escalereta, Jairo Fernández. Abandonar la tierra en la que han vivido por años y cultivado por décadas, es lo que más les produce nostalgia. En el caserío de San José de Belén, sólo se escucha el cantar de los pájaros; las 32 viviendas que hay son en su mayoría de bahareque. Allí, siete familias han vendido sus viviendas a Emgesa, la última salió hace tres semanas; todas las casas negociadas permanecen vacías. Sin embargo, los habitantes que se mantienen se resisten a salir; aseguran que Emgesa aún no ha sido clara en cuanto al proceso de reubicación, y para ellos San José de Belén es un territorio de paz, con una tranquilidad que -aseguran-, no van a encontrar en ningún otro lado. “Cuando inició lo de la represa la vida nos cambió por completo; nos han mantenido en la incertidumbre, han pasado tres años y antes de que se diera cualquier negociación la gente se ha ido de a poco porque se quedó sin trabajo. Las labranzas ubicadas en fincas de El Tablón y La Hacienda, donde laboraba la gente, las vendieron a Emgesa y todo eso se acabó”, agregó Margarita.

De acuerdo con Luis Alfonso España, alcalde del municipio de El Agrado, los daños causados por la construcción de la hidroeléctrica son irreparables por las afectaciones del tejido social de la población, la pérdida de tierras fértiles, y los daños causados en los ecosistemas. “El tema de reubicación o negociación directa ha afectado mucho a la gente. En el caso de La Escalereta, es una vereda que tiene 40 años de fundada, donde muchas familias han forjado sus vidas, y después de tantos años las están desarraigando para trasladarlas a un sitio totalmente desconocido para la comunidad. No se diga más en el caso de la comunidad de Belén, porque ahí fue donde se fundó el municipio de El Agrado inicialmente; es un territorio con mucha historia”, explicó el mandatario. ¿Hay avances en lo social? Emgesa reconoce que los procesos de reubicación no se han materializado. Sin embargo, la compañía afirma que están actuando dentro de los tiempos establecidos y ya se han alcanzado logros en materia de compensación. “Se han materializado algunos hechos importantes como es la firma de las actas individuales con la comunidad de Balseadero; fueron 22 familias. Sus lugares de reasentamiento van a ser los predios Santiago y Palacios. Esta semana se adelantó el mismo proceso en el predio Montea, para 20 familias de Veracruz, y estamos pendientes antes de marzo llevar a cabo el mismo proceso con las familias de La Escalereta y San José de Belén. Los procesos constructivos de las casas están en fase de licitación, y estamos estudiando alternativas para la construcción de distritos de riego”, indicó Lucio Rubio, presidente en Colombia de la multinacional Endesa, empresa que realiza las obras de El Quimbo. Rubio agregó que de las 3.036 personas censadas por Emgesa, 1.272 hacen parte de la población no residente, comunidad que de acuerdo con el funcionario se ha acogido en un 90 por ciento al plan de compensaciones. Según la compañía, 132 personas han firmado compensación en dinero; esto es, han negociado directamente sus propiedades con Emgesa. “En estos momentos se han acogido a la medida de compensación propuesta por la compañía, a través de la Escuela de Desarrollo Sustentable y el Capital Semilla, unas 1.152 personas, de las cuales han sido certificadas por 939, y 950 familias ya han recibido el desembolso de capital semilla, por un monto que equivale a 28.000 millones de pesos”, expresó el presidente de Endesa en Colombia. Sin embargo, muchos campesinos y mandatarios de la zona afectada consideran que los avances en materia social son pocos, mientras las obras de construcción van a toda marcha. “Emgesa viene trabajando aceleradamente en las obras que a ellos les interesa, pero en materia de compensaciones y de definirles de una vez por todas la situación a las comunidades, eso no se ve por ningún lado. Nos preocupa enormemente la situación de la comunidad de San José porque a ellos aún no les han definido qué se va a hacer con la iglesia, que es una reliquia para la población, y también que se va a ser con la reubicación de las familias”, manifestó el alcalde de El Agrado. El mandatario agregó que las obras de construcción de la hidroeléctrica deben ir a la par con las compensaciones y compromisos adquiridos con los municipios y la comunidad. “Aquí nos falta la vía perimetral, no tenemos aún los diseños; tampoco se han iniciado las obras de construcción del puente o viaducto”. Campesinos, contra las cuerdas Ismael Pedroza Trujillo llevaba 16 años comercializando a diario 280 litros de leche y 60 libras de cuajada por las veredas Veracruz, Rioloro, el casco urbano de Gigante y Garzón. Sin embargo, esa actividad que desarrolló por tanto tiempo y que le permitió llevar el sustento a su hogar se vio afectada debido a que la materia prima se agotó. “Después de tanto tiempo, hasta mayo del año pasado llegó mi trabajo porque vendieron las fincas donde compraba la leche. Yo fui censado, pero la compensación que voy a recibir es por un pedazo de tierra que heredé, por lo que no me van a reparar el daño causado por tantos años de trabajo”, indicó el campesino. El inconformismo  de Ismael es el  mismo que sienten los habitantes de La Escalereta, San José de Belén (en El Agrado), Rioloro y Veracruz (en Gigante). Aseguran que sus fuentes de ingreso se han visto notablemente afectadas, las grandes fincas fueron compradas por Emgesa y el empleo de la mano de no obra no calificada ya no es el mismo. “Emgesa negoció con los grandes propietarios; los finqueros se fueron con su dinero, pero los mayordomos, partijeros y jornaleros quedaron a la deriva, porque las fincas se abandonaron, la fuente de empleo se terminó porque no hay quién emplee a la gente”, afirmó María Disney Quintero Vélez, presidenta de la Junta Acción Comunal del centro poblado Rioloro. De acuerdo con Libardo Gutiérrez, habitante de La Escalereta y presidente del distrito de riego Asoescalereta, desde que se expidió la Resolución 0321 del 1 de septiembre de 2008 por parte del Ministerio de Minas y Energía, que declaró de utilidad pública e interés social los predios necesarios para la construcción de El Quimbo, los pequeños y medianos productores están contra las cuerdas. “Se restringieron los créditos y la mayoría de campesinos quedamos frenados en nuestra labor. Eso generó que llegara gente de otras zonas del departamento que sí tenían recursos económicos a tomar en arriendo las tierras que por años hemos trabajado. El tema ha afectado la economía de las familias de la vereda, porque los agricultores no podemos cosechar y los jornaleros perdieron empleo, debido a que los que tomaron ahora las tierras en arrendamiento traen la mano de obra no calificada de otros municipios”, aseguró Gutiérrez. Por su parte  el concejal del municipio de El Agrado, Jairo Fernández, señaló que la imposibilidad de acceder a subsidios del Estado, además del temor de las entidades bancarias y las cooperativas de insumos para facilitar los créditos, han dejado en jaque a los cultivadores de maíz, cítricos y arroz de la zona. “La gente dejó de trabajar, en el ambiente está que ya no vale la pena invertir porque en poco tiempo todo el mundo debe salir, entonces mucha gente ha abandonado los cultivos esperando el proceso de reubicación, pero desafortunadamente ha sido muy lento”, indicó el líder político. Omar Suárez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Veracruz en el municipio de Gigante, aseguró que el problema no sólo amenaza la producción agrícola sino la economía familiar. “El área de Veracruz es eminentemente agrícola y pesquera. Hay 20 hectáreas en espejo de agua, que generaba 20 empleos directos y 25 mujeres que se utilizaban para arreglar el pescado. 700 hectáreas se cultivaban en arroz, maíz, tabaco; en cacao había 400 hectáreas, pero desde que se declaró la utilidad pública de las tierras todo el mundo abandonó las vegas, los distritos de riego”. “Lo que se cultiva ahora es poco, no abastece a la comunidad y tampoco nos permite llevar el mercado cada ocho días a nuestras casas. En mi caso, hace tres años trabajaba toda la semana, pero ahora a uno lo emplean máximo dos días”, afirmó el líder comunal. Mientras las obras de construcción del embalse avanzan a toda marcha y se proyecta que para agosto de este año se lleve a cabo el montaje de los equipos electromecánicos en casa de máquinas, los campesinos reclaman celeridad en los procesos de compensación, pues aseguran que las fuentes de ingreso se agotaron, la idea de abandonar sus tierras los tiene en jaque, reina la incertidumbre porque aún se desconoce dónde van a ir a parar y todo lo que construyeron a lo largo de su vida en poco tiempo va a desaparecer del mapa. Deserción escolar Uno de los temas que más preocupa a maestros y directivos de las escuelas de la zona afectada por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo es el desplazamiento de los estudiantes. En la sede educativa de la vereda La Escalereta, hace tres años la cobertura era de 90 estudiantes, además de tres docentes. Hace dos años la cifra se redujo a 70, el año pasado pasó a 50; este año hay 42 estudiantes y dos docentes. En el caserío San José de Belén la situación es más preocupante. Hace tres años había 22 estudiantes; hoy la escuela sólo cuenta con cinco alumnos. En el colegio que alberga a la población infantil y juvenil del centro poblado Rioloro y la vereda Veracruz, el promedio de 400 estudiantes que se mantenía hace tres años, hoy se redujo en por lo menos 100 alumnos. En el hogar infantil este año el número de niños matriculados disminuyó más de la mitad; el año pasado había cerca de 40 niños, y en este momento la cifra no supera los 15. “Es un fenómeno bastante preocupante, que se ha generado porque las familias de le vereda han venido negociando sus predios con Emgesa, salen de la zona y se llevan a sus hijos. Lo que nos preocupa es que el número de estudiantes va a seguir bajando porque las familias siguen vendiendo sus propiedades; hemos tratado de hablar con los padres de familia para convencerlos de que no se vayan inmediatamente hasta que el desalojo se tenga que hacer”, expresó Diana Patricia Murcia, docente de la escuela de la vereda La Escalereta. Reclaman revisar censo La comunidad del centro poblado de Rioloro mantiene el cierre de la vía de acceso a la zona a maquinaria de Emgesa, desde octubre del año pasado. Reclaman una revisión del censo realizado a la población afectada por la construcción de la represa El Quimbo, pues aseguran que gran parte de las personas que han trabajado por años en los predios que se van a inundar (jornaleros, desgranadoras de cacao, lavadoras de pescado), quedaron por fuera de las compensaciones. “En este momento tenemos evidencia de 106 personas, nativos, que generaban su actividad económica en la zona y no fueron tenidos en cuenta dentro del censo. Después de una larga pelea logramos que nos permitieran revisar las fichas censales de población no residente de esta zona, y pudimos encontrar 15 personas más. Es una prueba de que de una u otra forma estaban en el censo y no fueron incluidos dentro de la escritura pública”. “Asimismo encontramos que en el censo fueron incluidas personas que no tienen nada que ver con nuestra comunidad. En este momento hay más gente de afuera, que de la misma zona. En el caso de los transportadores, los pescadores y mineros aparecen censadas varias personas que no son de acá”, indicó María Disney Quintero Vélez, presidenta de la Junta Acción Comunal. Por su parte Lucio Rubio, presidente en Colombia de la multinacional Endesa, aseguró que el censo socioeconómico, realizado entre agosto del 2009 y enero del 2010, fue avalado por todos los mandatarios locales y los personeros de los municipios del área de influencia. “La empresa siempre ha manifestado su disposición de revisar algún caso especial, pero los censos están cerrados y la empresa no va a reabrirlos. En este sentido hay una serie de solicitudes que se han hecho por parte de la gente que reclama ser reconocida en el censo, derechos de petición que están siendo contestados por la compañía, pero hasta el momento el censo ha permanecido inalterado”, dijo Rubio. Fotos/Milton Guarnizo