Las grandes inversiones que en su momento se hicieron por parte de los propietarios de los locales y que dieron vida a un lugar dedicado exclusivamente para la diversión nocturna, están a punto de perderse, pues el 80 por ciento de los establecimientos están cerrados.
Y esto obedece a los cumplimientos que viene dando la Administración Municipal, en el acatamiento de Acciones Populares interpuestas por la comunidad cercana al sector.
¿Qué pasa?
Los argumentos son varios como el ruido excesivo, las riñas, y las zonas de parqueo, situación que para ellos es un factor grande de inseguridad en el área residencial.
Pese a que los locales donde funcionan estos centros de entretenimiento nocturno poseen el uso del suelo, nadie sabe qué pasará.
El plazo venció y este primero de junio, la Dirección de Justicia de Neiva, deberá proceder con lista en mano a clausurar aquellos establecimientos que no cumplieron con la normativa.
“Hemos venido obedeciendo el fallo de la Acción Popular interpuesta. Los procedimientos se iniciaron de manera gradual, respetando el debido proceso, pues muchos de estos sitios interpusieron el recurso de apelación para efectuar las respectivas recomendaciones y así evitar el cierre definitivo”, contó a LA NACIÓN, María Vidal Aparicio, directora de Justicia de Neiva.
Agregó que " el compromiso, es cumplir con los fallos judiciales porque son de estricto cumplimento. Miraremos con Planeación Municipal cómo adelantamos el proceso de reubicación para que después estos negocios puedan funcionar en los sectores de la ciudad donde sí les permitan estar".
Según la funcionaria, algunos de estos establecimientos no tienen uso de suelo favorables, mientras que otros tienen actividad permitida pero violan muchas de las normas de horario, insonorización, venta de licores a menores de edad. “ Por esto tenemos que estar haciendo controles para que estos negocios cumplan con la normatividad", destacó.
‘La solución no es cerrar’
Fabio Guzmán, presidente de Asobares Neiva, señaló que el gremio se declara respetuoso de la justicia, pero manifestó que que la solución no es cerrar estos establecimientos, y mucho menos sacarlos de la ciudad.
Señala que como empresarios han hecho sus propuestas a las Administraciones de turno, pero siempre han encontrado evasivas para buscar un trabajo articulado en el que todos se vean beneficiados.
“Desafortunadamente los afectados en los procesos son los empresarios. Las responsabilidades públicas ni siquiera se heredan y lo único que hacen es decir fue culpa de la anterior”, detalló el presidente de Asobares, quien específica que la situación se originó desde hace unos cinco años atrás cuando los obligaron a trasladarse a este sector.
“Este problema empezó hace más o menos cinco años, los errores de un funcionario hicieron que el haber podido solucionar un tema, terminara agravándolo. Y eso ocurrió desde el momento en que estaban actualizando el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual hoy es un total fiasco. En su momento los mismos concejales dijeron que dicho POT, fue un copie y pegue”, sostuvo Guzmán.
Propuestas
Y es que Guzmán, a quien le han otorgado la vocería sus colegas del gremio del entretenimiento nocturno, explica que ellos hacen parte de la economía de la ciudad así como de del complemento del turismo el cual lo clasifica en cuatro ejes.
Estos son, la recreación, el descanso, lo religioso y por último el tema del entretenimiento, el cual abarca la participación en la rumba.
“Nos desconocen para unas cosas, pero no se dan cuenta que nosotros aportamos a la economía de la ciudad. La solución es insonorizar estos establecimientos, llegar a unos compromisos y no cerrar y mandar para sitios donde no va a ver un flujo constante de clientes”, argumentó.
Reconoce que el malestar de la comunidad es el ambiente, que haya ruido y no dejen dormir, el parqueo en la zona residencial y el tema de las riñas. “Dimos tres soluciones: primero insonorizar, segundo, montar el servicio de valet parking en todo Neiva, la solución no es llenarnos de parqueaderos; y tercero montar una red de seguridad privada para crear zonas seguras”.
Y es que según el empresario, estas estrategias, han tenido muy buena acogida en ciudades como Medellín, Bogotá y Pereira, en lugares muy reconocidos donde también hay zonas residenciales.
“Se han pasado las propuestas pero no hemos recibido respuestas, las evasivas siempre son las mismas, lastimosamente los procesos judiciales siguen su curso en este caso la Dirección de Justicia tiene que entrar a proceder”.
Siguen creciendo
Pero la solución parece estar aún muy lejos reconocen los empresarios de estos establecimientos, pues por cada negocio que se cierre, cinco se están abriendo.
“Muchos de estos negocios que están ad portas de ser cerrados poseen documentos en los que les decían que tenían que trasladarse para el Camellón de la 14, seguramente habrán demandas. Pero todo esto obedece a la mala planificación de los gobernantes de turno”, comentó Fabio Guzmán.
LA NACIÓN, hizo un recorrido por el Camellón de la 14 y parte de la Carrera Quinta donde permanecen varios bares, los hay de todos los contrastes.
Grandes y despampanantes, otros más pequeños y poco apetecidos, pero en la mayoría predomina el exceso de ruido. Al llegar al Camellón de la 14 una turba de empleados de los diferentes locales se lanza de manera arbitraria a los carros y motos que llegan al sector buscando un rato de esparcimiento.
Buscan atraer clientes, pues la mayoría permanecen desocupados. Ya el ambiente de rumba ha ido desapareciendo y también va en aumento el cierre de establecimientos.
Esta situación obedece a los malos comerciantes, así lo define el presidente de Asobares, quienes siguen generando un mal ambiente en la zona.
“Hay que hacer un inventario de esos comerciantes que están enganchados a no mejorar, siguen generando ruido y a esos sí aplicarles la rigurosidad de la ley. No podemos pagar justos por pecadores. Hay gente que cumplen con toda la normatividad y en estos momentos están con orden de cierre”, asegura Guzmán.
Según conoció LA NACIÓN, para este primero de junio se estarían viendo afectados alrededor de 25 empresarios a quienes les procederán a cerrar sus establecimientos.
Pero estos procesos no son de ahora. Vienen de años anteriores, los cuales según la Directora de Justicia, estuvieron estancados, pero con la nueva Administración se ha comenzado a darles celeridad.
En la mira
Para Vidal Aparicio, los procesos de cierre de estos establecimientos se vienen ejecutando dentro de la normatividad, explicó que están en análisis respectivos algunos clubes quienes al parecer no tendrían legalizada esta categoría.
“Estamos a la espera de un concepto emitido por la Gobernación del Huila, para saber si estos establecimientos cumplen con la razón social estipulada. Si no, procederemos a cerrarlos”, advirtió la funcionaria.
Asimismo, fue clara en señalar que la Dirección de Justicia no ha tenido acercamientos con los empresarios de estos establecimientos. “A estas oficinas no se han acercado propietarios de estos establecimientos, para plantear alguna solución. Es la comunidad la que vienen frecuentemente a preguntar cómo van los procesos”.
Para tener todo al día, los empresarios deben cumplir con los requisitos que la norma les exige entre las cuales está el de tener parqueadero, insonorización del lugar y tener entrada para personas en situación de discapacidad.
La funcionaria reconoce que los más afectados son los empresarios, quienes después de invertir en infraestructura están perdiendo mucho dinero.
Señala que están haciendo cumplir la ley, pues en estos temas prevalece el interés general sobre el particular. Además, otro de los sectores que están en la mira de las autoridades es la Avenida Tenerife y la Carrera Novena.
La medida vence el primero de junio y será efectuada contra los establecimientos que no cumplen con la normatividad.