El escandaloso caso de corrupción con la UT Centros Poblados, despertó las dudas sobre los avances del proyecto en el Huila, ordenado con prioridad por el Consejo de Estado. Magistrados del Huila requirieron a Mintic para que reporte el estado del proyecto.
RICARDO AREIZA
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La escandalosa adjudicación de los contratos para la instalación y operación de los centros digitales en apartadas zonas campesinas del país, entre ellos Acevedo en el Huila, desató un nuevo incidente de desacato por incumplir una orden judicial proferida el año pasado por el Consejo de Estado.
Aunque el trámite se falló sin sanciones, el Tribunal Administrativo del Huila, requirió al Ministerio de las TIC para que informe en detalles los avances de las acciones para llevar internet a las instituciones educativas rurales
El incidente fue solicitado en desarrollo de una acción de tutela que instauraron el año pasado 72 padres de familia de la institución San José de Riecito, entre ellos, Solanyi Carrillo Sánchez, Didneyi Toledo Becerra, Yimi Yamid Imbachí y Yoinerth Torres Gómez, por las precarias condiciones para recibir clases virtuales ordenadas por la emergencia sanitaria.
El centro docente, ubicado en la montañosa zona cafetera, con 483 estudiantes matriculados en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria denunciaron las graves limitaciones para acceder a las guías pedagógicas y material de apoyo que les permitiera permanecer en el sistema educativo, en medio de la pandemia.
Tampoco tenían acceso a internet ni conectividad para desarrollar los talleres en casa en las ocho sedes localizadas en las veredas La Esmeralda, Playital, Monserrate, Villa Fátima, La Totocora, El Cardal, y La Monus.
La Secretaría de Educación del Huila les había prometido que garantizaría el servicio de internet móvil directamente a los estudiantes priorizados. Sin embargo, no les cumplió.
Por el contrario, los padres de familia debían fotocopiar las guías, en zonas apartadas, lo que les implicaba costos adicionales por los desplazamientos hasta la zona urbana y pérdida de tiempo por la lejanía.
La tutela
El Tribunal Administrativo del Huila negó la tutela. “La cartera ministerial ha tomado las medidas necesarias tendentes a contrarrestar las limitaciones de conectividad que se alegan en la acción constitucional”, aseguró el magistrado, Jorge Alirio Cortés.
De hecho, el Ministerio de las TIC, antes del escándalo, informó que Acevedo tendría 13 centros digitales según la licitación en marcha, y el desarrollo del proyecto iniciaría en abril de 2021. El magistrado le creyó y rechazó la tutela.
Los padres de familia impugnaron el fallo. Insistieron en las dificultades para tener acceso a la virtualidad, lo que en su opinión, vulnera gravemente el derecho a la educación de los niños campesinos.
El Consejo de Estado revocó el 8 de octubre de 2020 el fallo y amparó los derechos de las comunidades campesinas.
“El hecho de abrir una licitación pública, cuyo proyecto se presagia culmine hasta el mes de julio de 2022, significa que los accionantes se encuentran privados de acceso a internet hasta esa fecha, más de dos años desde esta decisión y por consiguiente seguirán privados de su derecho a la educación en el marco de la suspensión de las clases presenciales”, concluyó Gabriel Valbuena, magistrado del Consejo de Estado.
Primer desacato
El abogado Adadier Perdomo, apoderado de los padres de familia, consideró que pese a los anuncios realizados y las fechas que reportó esa cartera, no se han visto avances en la ejecución como lo anticipó el Mintic, antes de estallar el escándalo.
El desacato por incumplimiento fue presentado contra las ministras de Educación, María Victoria Angulo y de Tecnologías de la información y las comunicaciones Karen Abudinen, quien renunció presionada por la aberrante corrupción descubierta en la licitación que favoreció a la Unión Temporal Centros poblados, uno de los consorcios encargados de llevar internet a las escuelas rurales.
El primero de marzo de 2021 el Tribunal falló sin sanciones el primer incidente de desacato.
El Ministerio de las TIC, atendiendo el fallo del Consejo de Estado, anticipó, antes del escándalo, avances en el proceso contractual para facilitar el acceso a internet en los centros poblados.
Internet rural
Confirmó que mediante Resolución No. 1138 del 9 de diciembre de 2020 adjudicó las regiones A y B del municipio de Suaza dentro de la licitación pública No. FTIC-LP-038-2020, el proyecto centros digitales en la región adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet.
En la “Región A” figura el municipio de Acevedo y se estipuló que para dicha localidad se instalarán 43 centros digitales en diferentes centros poblados e instituciones educativas de la zona rural, incluyendo las sedes donde estudian los hijos de los autores de la tutela.
Según el contrato de aporte el 28 de febrero de 2022 culminó la fase de instalación y puesta en servicio de los centros digitales que iniciará el 30 de abril de 2021 en el grupo 1A.
El cronograma contemplaba que el 31 de mayo comenzará la instalación y operación de los centros digitales del grupo 1B y así sucesivamente hasta completar la totalidad de los 43 centros digitales proyectados para Acevedo, incluyendo la zona rural y el centro escolar San José de Riecito.
La meta era instalar 14.745 centros digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país.
La región ‘A’ fue adjudicada al operador Comcel S.A., que conectaría a 7.468 centros digitales en los departamentos de Huila, Caquetá, Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés por valor de 1,06 billones de pesos.
Otras regiones
Adicionalmente, en la cuestionada licitación, el Ministerio de las Tic, incluyó para el Huila, 467 centros digitales en los 37 municipios, 43 para Acevedo, epicentro de la tutela.
Para Neiva se incluyeron 17 centros digitales en las regiones de Aipecito, Cedralito, El Colegio, El Triunfo, Fortalecillas, Mojarra, Órganos, Palacio, Peñas Blancas, Piedra Marcada y Tamarindo.
En Pitalito otros diez centros digitales, en La Plata 45, en Garzón 42, El Agrado 5, Aipe 6, Algeciras 16, Baraya 6 y Colombia 8, entre otros.
En estas condiciones, el magistrado Jorge Alirio Cortés, encargado del seguimiento, estimó que el Mintic cumplió, según el primer reporte con las actividades pertinentes para realizar el proceso de contratación para la instalación y funcionamiento de los centros digitales en las veredas de Acevedo.
Por lo tanto, se abstuvo de imponer sanción por desacato a la Karen Abudinen, ya separada del cargo por la escandalosa corrupción en estos contratos. Igualmente se abstuvo de sancionar al gobernador Luis Enrique Dussán López y al alcalde de Acevedo, Gentil Tapiero Buitrago.
El 19 de abril rechazó igualmente el recurso de reposición colocado por el abogado de las familias campesinas.
Ahora, nuevamente, estimó que no hay razones nuevas para iniciar un nuevo desacato.
Las alertas
La región ‘B’ fue adjudicada irregularmente al operador UT Centros Poblados, para conectar a 7.277 centros digitales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca. Chocó, Cundinamarca, Magdalena. Nariño, Putumayo, Quindío. Risaralda, Valle del Cauca y Vichada por valor de 1,07 billones de pesos. La ‘torcida’ adjudicación a este operador fue denunciada el año pasado por Innova SAS Consultores.
La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República atendió las denuncias y develó el millonario entuerto y la pérdida de 70.243 millones de pesos, entregados como anticipo.
Las irregularidades detectadas con este operador y las maniobras utilizadas para quedarse con el contrato, entre ellas la falsificación de documentos, prendieron las alarmas.
Los retrasos en la ejecución del contrato en los municipios de la Zona ‘B’, despertaron las dudas de poder cumplir con los cronogramas en estos departamentos, y, generó dudas, en los departamentos de la zona ‘A’ entre ellos, Huila.
Trámite incidental
El abogado de los autores de la tutela presentó un nuevo desacato, motivado por las alertas que se dispararon con el escandaloso episodio que provocó la salida forzosa de la ministra Karen Abudinen.
“Como no han cambiado las circunstancias fácticas y jurídicas en torno a dicho cumplimiento, el despacho rechazará el nuevo incidente promovido”, explicó el magistrado Jorge Alirio Cortés Soto.
No obstante, antes los hechos inesperados registrados con los actos de corrupción, y los retrasos en la ejecución del proyecto, por lo menos, en la zona asignada al cuestionado contratista, el funcionario solicitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que informe las gestiones adelantadas en aras de la materialización del proceso de contratación estatal para la prestación del servicio de internet en las veredas del municipio de Acevedo.
El ministro encargado Iván Mauricio Durán Pabón, quien venía como viceministro de Transformación Digital, tendrá un plazo de cinco días para atender el requerimiento del organismo judicial.
Además, notificó al procurador regional Diego Alexis Tello como representante del Ministerio Público en el departamento del Huila, para que conforme el comité de seguimiento de la sentencia ordenado por el Consejo de Estado el 8 de octubre de 2020.
