Los alcaldes de Baraya, Enrique Cardozo Tovar, y de Teruel, Germán Morales, han denunciado ser ‘blanco’ de intimidaciones por presuntos disidentes de las Farc. Desde la Gobernación del Huila le pidieron a los mandatarios seguir los procedimientos ante la Unidad Nacional de Protección para salvaguardar sus vidas.
María Alejandra Ruiz Mallungo – X @amperiodista
Los Alcaldes de Baraya y Teruel, Huila, han denunciado estar siendo amenazados por “grupos al margen de la ley” que hacen presencia en esas zonas del departamento.
El secretario de Gobierno del Huila, Edgar Martín Lara indicó que: “El alcalde de Baraya ha manifestado y ha dado la información de que está siendo amenazado”, por lo cual desde la Gobernación del Huila le han pedido al mandatario “que siga los conductos regulares; le hemos solicitado que realice frente a la Unidad Nacional de Protección todos los trámites para salvaguardar su vida”.
Lara también expresó que la administración departamental está en constante apoyo y contacto con quienes tienen “responsabilidades en los gobiernos territoriales municipales” para acompañarlos; “pero deben seguir los procedimientos, deben hacer las denuncias respectivas, para que el Gobierno Nacional pueda prestar la seguridad que los alcaldes necesitan”.
Puntos de control
Sobre el caso de Baraya, el funcionario enfatizó en que “el municipio ha sido un lugar permanente, en los últimos meses, de presencia de grupos al margen de la ley. Nosotros en los consejos de Gobierno a nivel nacional y departamental hemos estado haciendo toda la tarea, para que, en estos municipios, haya una presencia real, haya puntos de control de nuestra Fuerza Pública y así, nosotros poder hacer que estos grupos, no sigan haciendo la extorsión, que no sigan ocupando estos lugares y haciendo este tipo de presiones”.
Alternativa virtual
Ante la idea de que el alcalde de Baraya pueda ejercer desde Neiva, el secretario de Gobierno expresó: “Hay diferentes alternativas desde donde él puede ejercer; ahora los medios virtuales permiten que uno esté desde cualquier lugar de Colombia”; sin embargo, enfatizó en la importancia de que los mandatarios municipales estén en sus despachos en los pueblos, “lógicamente las personas de Baraya necesitan su alcalde en el territorio”.
Seguridad, bien público
Por su parte, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, manifestó sobre el caso de las amenazas al Alcalde de Teruel que: “Nos preocupa harto. Pero tenga la absoluta seguridad de que este es un caso que lo hemos tratado con los organismos de seguridad”.
“La seguridad es un bien público, es un bien esencial que el Estado le tiene que garantizar a sus ciudadanos y por supuesto a las autoridades también”, enfatizó el mandatario de los huilenses.
Respetar
Desde la Gobernación del Huila, hicieron un llamado a estos actores armados a “respetar a la sociedad civil, respetar la gobernanza. No es posible llevar un pueblo al desarrollo, si las autoridades que toman las decisiones están privadas de llegar a un municipio”.
Extorsión a operadores PAE en municipios
Otra de las situaciones que preocupa a la administración departamental son las denuncias por parte de los operadores municipales del Plan de Alimentación Escolar, PAE: “Tenemos la información de que grupos al margen de la ley, están haciendo presiones a estos prestadores de servicios, de este programa de la alimentación escolar”, expresó el secretario de Gobierno departamental, Edgar Martín Lara.
Estas extorsiones al parecer son realizadas por “los grupos al margen de la ley y también se aprovecha la delincuencia común”, a lo que Lara, menciona que los operadores de este servicio en los pueblos “son personas humildes que no pueden cumplir con estos requerimientos que le están haciendo”.
Las consecuencias de estos asedios a los operadores PAE podrían ser la suspensión del servicio en las escuelas y colegios beneficiados, afectando a cerca de 30 mil niños, lo cual “sería una cosa muy grave que no se preste el servicio, para los niños y niñas huilenses”.
