AMAURY MACHADO RUEDA/LN judicial2@olemidiario.com
Esta semana el gobierno lanzó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que impactarán los 170 municipios del país que fueron mayormente afectados por el conflicto armado, han tenido presencia de cultivos ilícitos y los más altos índices de pobreza. Fueron por estas características concretas, que el gobierno los declaró como prioritarios en el marco del Posconflicto para implementar una reforma rural integral, punto que hace parte del acuerdo de paz firmado en La Habana con las Farc.
Estos actores hicieron un mapa de estos municipios y acordaron 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. En mayo pasado el presidente firmó el decreto que les da vida, y el complejo proceso de ejecutarlas dependerá de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), a cargo de Mariana Escobar y del ministro consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo.
Es así como los programas que se trabajarán de la mano con comunidades, se implementarán en 170 municipios de 16 subregiones en 19 departamentos del país. Se trata de zonas rurales históricamente abandonadas por el Estado.
Algeciras es el único municipio del Huila que figura entre el ‘reducido’ número de poblaciones que se verán beneficiadas con recursos de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Inicialmente con éste habían sido seleccionados Colombia, Palermo y Neiva y el año pasado el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que serían tres (Aipe, Hobo y Algeciras), finalmente solo quedó establecido la despensa agrícola del Huila.
Una verdadera participación
Con los PDET se busca que las comunidades, junto con autoridades locales, regionales y nacionales y el sector privado, construyan planes de acción concretos para atender sus necesidades específicas en materia de desarrollo rural, infraestructura, proyectos productivos y desarrollo social, entre otros.
Con base en estos planes, las agencias del Estado, de forma articulada, intervendrán en los territorios según las necesidades identificadas, definiendo si son viables y el presupuesto para cada cual.
Según Rafael Pardo, los Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial son un verdadero programa de participación comunitaria construido desde el nivel veredal para impulsar la transformación del campo colombiano. “El propósito fundamental de la reforma rural integral es poder llenar los vacíos o grandes brechas que hay entre la población rural y la población urbana, primero hacer un gran proceso participativo en las regiones más afectadas por el conflicto”, dijo.
Pero, en qué consisten, en dónde van a operar y a partir de cuándo los Programas de Desarrollo en Enfoque Rural.
Pardo explicó, “son 170 municipios, divididos en 16 subregiones, en 19 departamentos. Estos municipios cuentan con 11 mil veredas aproximadamente, 305 concejos comunitarios y 452 resguardos indígenas. Se agruparían en 16300 núcleos de participación, que tendrían el proceso desde abajo, desde las veredas, de construir los planes a 10 años para estas subregiones. Es un proceso abierto, público, que se hace por primera vez en el país, en el cual los planes son debatidos y priorizados por la misma gente del territorio, no surgen de las oficinas centrales o de planeación nacional o de los planes de desarrollo que presentan los gobernadores a las asambleas, o los planes de desarrollo que presentan los alcaldes a los concejos municipales, es este caso se hace desde abajo, y tienen sí que compatibilizarse con estos planes y los que contempla la reforma rural integral”.
La etapa de construcción de los planes de este proceso, que se abrió el pasado martes debe terminar en mayo del año entrante, indicó Pardo.
Criterios del Gobierno para la selección
El Ministro consejero para el Posconflicto, señaló que el gobierno nacional tuvo en cuenta el índice de incidencia del conflicto armado que hayan tenido los municipios, registrado por Planeación Nacional, por ejemplo los que tiene más índice de desplazamiento y grado de afectación por minas antipersona. “No hay un solo municipio de Colombia que esté ausente de las consecuencias del conflicto armado, pero esa priorización se hizo sobre la base de los más afectados de acuerdo a ese índice objetivo que mide con precisión y a lo largo de 20 años la incidencia del conflicto armado y se obtiene esta geografía de los municipios más afectados”, manifestó.
Beneficios
Con los PDET, los municipios priorizados se beneficiarán en los siguientes componentes, infraestructura vial, infraestructura de riego, infraestructura eléctrica y de conectividad; en desarrollo rural, salud rural, educación rural, vivienda y agua potable; desarrollo económico y agropecuario, el cual contempla estímulos a la economía solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios a la generación de ingresos y de crédito, mercadeo, formalización laboral rural e inclusión en la seguridad social, asociatividad y sistema para la garantía progresiva del derecho a la limitación. Por supuesto los temas de acceso y derecho de tierras van a tener acción en estos sitios y las demás zonas rurales del país.
Además, las 16 zonas de PDET coinciden con las 16 circunscripciones especiales de paz que están haciendo trámite en el Congreso. Eso quiere decir que estas zonas tendrán presencia real en los centros de poder del país y eso puede cambiar completamente su destino hacia el futuro.
Presupuesto
“El presupuesto para todo el proceso del desarrollo de los acuerdos y posconflicto lo ha fijado el Ministerio de Hacienda y lo presentó al Congreso en el marco fiscal de gastos de mediano plazo en 129.5 billones de pesos para un periodo de 20 años. Los recursos para cada municipios es un proceso en el cual antes de finalizar el año se tendrá unos topes, o cupos presupuestales para los 10 años del proceso de desarrollo de estos planes que permitan hacerlos aterrizados a la realidad presupuestal”, explicó Rafael Pardo.
“Para el manejo de este presupuesto no hay una bolsa de recursos o una centralización de recursos, sino que se buscarían los ejecutores más eficientes y que más relación tengan con el territorio donde se desarrollarán los planes”, aseguró.
Anunció además que ya hay unos programas que están en operación en 51 de estos 170 municipios, en mejoramiento y adecuación de vías terciarias.
Reacciones en el Departamento
Desde que se conoció la escogencia de Algeciras para esta enorme iniciativa del Estado, se han despertado enormes expectativas para el alcalde del municipio, Javier Cortés Rivera y el Concejo municipal, y a la par han aparecido diferentes reacciones desde distintos actores, que consideran que otros municipios también debieron ser beneficiados.
Uno de ellos es el presidente de la Asamblea del Huila, José Eustacio Rivera Montes, quien mostró su rechazó por esta decisión. Aseguró que esta región ha puesto muchas de las víctimas del conflicto armado por lo que “el Gobierno se queda corto ante la inversión que necesitamos”.
“Veíamos en el posconflicto una oportunidad de inversión para poder resarcir los estragos de la guerra, por eso elevamos nuestro rechazo ante las medidas que hoy toma el Gobierno Nacional”, puntualizó Rivera.
“Nuestro rechazo al Gobierno Nacional por esta decisión ya que el Huila es un departamento con cerca de 170.000 víctimas, hemos puesto muertos a esta guerra, igualmente nuestros habitantes han sido víctimas del secuestro y la extorsión, por eso para nosotros es bastante preocupante que solo haya sido seleccionado Algeciras”, añadió.
El presidente de la Duma invitó a la clase parlamentaria huilense a buscar ante las distintas instancias nacionales que todos los municipios que han sido actores de la violencia se vean beneficiados de este tipo de iniciativas.
“Si es necesario movilizarnos hasta la ciudad de Bogotá para seguir solicitando y exigiendo lo que nos corresponde debemos hacerlo”, puntualizó.
De igual manera los gremios de empresarios y comerciantes opitas en el anterior foro denominado ‘Seguridad Ciudadana y Rural para el Postconflicto’, que organizó la Cámara de Comercio de Neiva, le solicitaron al Vicepresidente, el General Óscar Naranjo, quien fue invitado especial al evento, que no solo Algeciras sea tenido en cuenta para la inversiones de paz, sino otros municipios del departamento.
Le aseguraron que el departamento fue marginado en esta importante decisión, y le solicitaron que fueran también incluidas poblaciones como Colombia, Baraya, Tello, Vegalarga, Neiva, entre otras; que al igual que Algeciras vivieron en carne propia las atrocidades de la guerra por más de 50 años.
La Secretaria de Gobierno del Departamento del Huila, Liliana Vásquez, por su parte aclaró que “el gobernador Carlos Julio González Villa desde el año pasado ha tenido una lucha permanente con el Gobierno Nacional, primero para que estuviéramos incluidos dentro del Plan Paz, y segundo para que estuviéramos dentro de los PDER. Hemos hecho el reclamo en múltiples escenarios el año pasado y seguimos haciéndolo. El Huila fue un departamento muy afectado por la violencia y esperábamos que realmente estuviéramos inmersos dentro de ese apoyo y de esa línea grande que viene del posconflicto. Desafortunadamente no sabemos cuáles fueron los criterios del Gobierno Nacional pero solamente el municipio de Algeciras fue priorizado para empezar hacerle una inversión social, y mejorarlo”.
Indicó que se ha hecho todo el acompañamiento complementario y subsidiado a las más de 200 mil víctimas del conflicto armado que hay en el departamento del Huila. “Precisamente estamos en la ejecución de la entrega de 600 unidades productivas para la población victima de 35 municipios, un proyecto de más de 2 mil millones de pesos que trabajamos con la Unidad de Víctimas del Departamento. Se le ha hecho la atención necesaria a la Mesa Departamental de Víctimas como corresponde, e igual manera las ayudas humanitarias se les han entregado a los alcalde de los municipios, el año pasado hicimos una entrega a más de 20 municipios y este año también se hizo una entrega. Logramos tener un convenio con Batuta para apoyar a más de 30 niños de varios municipios que están haciendo un proceso cultural. Estamos cumpliendo con lo que dice la Constitución, tenemos cómo mostrar de qué manera hemos venido trabajando”.
Vásquez, aseguró que “si bien es cierto que no hemos estado incluidos, tampoco no nos hemos quedado quietos, hemos venido haciendo gestiones con las diferentes instituciones a nivel nacional, aportando proyectos para buscar recursos para los diferentes municipios del departamento, una de las acciones del posconflictos más concretas que tenemos en el departamento es el desminado humanitario ya que empezó en tres municipios que son Baraya, Colombia y Algeciras, que fueron priorizados inicialmente, y esta semana nos priorizaron Neiva y Tello. Allí ya se están haciendo unas acciones específicas para limpiar el territorio y quede libre de minas antipersonas”.
Recuadro
Teniendo en cuenta que hay distintas regiones del país en las que hay economías ilegales, altas tasas de pobreza y alta incidencia del conflicto armado, el gobierno nacional definió los siguientes criterios de priorización:
- Áreas de cultivos ilícitos en la región (según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – SIMCI 2015).
- Grado de afectación por minas en cada municipio de la región (según Plan Estratégico 2016-2021 de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal).
- Presencia de Contratos Plan en la región.
- Presencia de sedes regionales de la Agencia.
- Presencia de Zonas Veredales de Transición en ese territorio.
- Participación en sistemas de ciudades.
Cada una de las regiones se abordará según una priorización que se está definiendo.
Destacado
La Región en la que fue incluido el municipio de Algeciras, es la Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño, que comprende además: Florencia, Albania, Belen de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San Jose del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso.
