Una amenaza de muerte es el ‘nuevo ingrediente’ que se suma a una demanda de nulidad simple interpuesta por el concejal liberal, Andrés Alfonso Calderón Bohórquez, contra el Municipio de Rivera, Huila. Si esta prospera, se reversarían los actos administrativos que dieron lugar a la reestructuración de la anterior administración municipal, liderada para ese momento por John Jairo Yepes Perdomo. “Yo no pienso recular, ni quitar la demanda como me lo pidió la persona que me llamó a amenazarme a mí y mi familia”, le dijo a LA NACIÓN el cabildante.

Johan Eduardo Rojas López

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A la instauración de una demanda de nulidad simple con solicitud de medida cautelar del Acuerdo 003 y varios decretos que se desprendieron del mismo, con los cuales el año pasado el exalcalde de Rivera, Huila, John Jairo Yepes Perdomo, realizó modificaciones en la estructura de la administración municipal, se suma un nuevo componente y es una amenaza de muerte que recibió el demandante, Andrés Alfonso Calderón Bohórquez, cabildante liberal en ejercicio.

Según manifestó el Concejal, dicho acto intimidatorio se dio por medio de una llamada que recibió el pasado jueves a las 3:37 de la tarde, en la cual un sujeto sin identificarse le hizo saber que había varias personas inconformes con el actuar que venía teniendo y, le ordenó en un plazo de tres días, retirar la demanda que fue interpuesta y admitida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Neiva, la semana pasada.

“Yo me disponía a salir de mi casa cuando me entro una llamada desconocida y un tipo preguntó por mí, pero no se identificó e inmediatamente comenzó a decirme que está preocupado por las acciones que yo estoy llevando a cabo porque estoy afectando a mucha gente con las decisiones que estoy tomando. Dijo que muchas familias de algunos funcionarios de la Alcaldía se van a ver afectadas, inclusive de los mismos concejales, así lo dice explícitamente. Y que lo mejor para ellos, para mí y para todos, es que yo me aparte de ese proceso. Que me haga a un lado y todos estamos felices”, señaló para LA NACIÓN Calderón Bohórquez.

Aunque durante dicha llamada, el concejal le pidió al sujeto en repetidas ocasiones que se identificara, esto nunca sucedió y solo se limitó a responder que: “yo sabría”, y que, bajo ese orden de ideas, lo ideal es que retire el proceso judicial que emprendió contra el municipio de Rivera. Para esto le dio un plazo específico que se cumple hoy y le advirtió que, de no acatar esas directrices, se atuviera a las consecuencias en las que se ve inmiscuida su familia.

“A partir de esa demanda es que me llaman a amenazarme y decirme que tengo tres días para retirarla o si no corre riesgo mi vida. El tipo me dice que me retire de eso, que no exponga la integridad, salud y vida de mi mamá. Me dice su ‘mamita’ está muy tranquila en Bogotá, es mejor que esté allá tranquila, no le genere problemas y no se genere problemas usted. Entonces yo lo único que quiero decirle es que trate de solucionar eso, no le advierto más. Y allí me cuelga”, agregó el cabildante.

El malestar

El proceso judicial que generó malestar es precisamente la demanda de nulidad simple con solicitud de medida cautelar que presentó ante el Juzgado Administrativo de Neiva en donde demanda al Municipio de Rivera. Dentro de esta busca tumbar el Acuerdo Municipal 003 del 31 de enero de 2023, por medio del cual se ‘autorizó temporalmente’ al Alcalde Municipal de ese momento, John Jairo Yepes Perdomo, para ejercer funciones del Concejo.

Pide que se declare la nulidad también de cinco decretos derivados del acuerdo municipal anteriormente referenciado, que se expidieron cuando ya el exmandatario estaba a punto de apartarse de su cargo, lo que da muestra de que presuntamente quiso dejar sus cuotas políticas “amarradas”. Se trata del Decreto 066 “por medio del cual se establece la estructura de la administración central del municipio de Rivera y se señalan las funciones de sus dependencias” y 067 “por medio del cual se actualiza el manual de procesos acorde con la estructura de la administración central del municipio de Rivera”, ambos del 29 de septiembre de 2023.

Además, del Decreto 095 “por el cual se establece la planta de personal de la alcaldía municipal de Rivera Huila”; el 096 “por el cual se ajusta el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos de la planta de personal”, ambos del 23 de diciembre de 2013 y el Decreto 100 “por el cual se hacen unas incorporaciones y unos nombramientos a los empleos de la planta de personal”, del 28 de diciembre de 2023.

Fue así como se dieron 15 nombramientos nuevos para ese momento, además de realizarse varios ascensos laborales, aumentar las remuneraciones a ciertos funcionarios de planta; no a todos. También se crearon la subsecretaría de Planeación y dos nuevas secretarías, la de Salud y de Desarrollo Económico y Agricultura.

El hecho es que, para Calderón Bohórquez, tanto el acuerdo como los decretos que se sustentan en él, están viciados, toda vez que, la ejecución de la reforma administrativa es facultad explícita del Concejo Municipal y no de un acto jurídico que ‘autoriza’.

Expuso además que, “el exalcalde lo que tenía que pedir al Concejo eran facultades pro tempore y establecer un tiempo. El término de esa autorización fue por ocho meses, entonces también hubo abuso de poder porque dentro de ese tiempo el exmandatario no expidió los decretos, sino que lo hizo por fuera de ese periodo de tiempo. Entonces por ningún lado se cumple”.

¿Todo mal?

Como si fuera poco y agravado a eso, el cabildante de Rivera señaló que, los cinco decretos fueron mal concebidos porque no se respetaron las formas y procesos que establece la ley para este tipo de acciones que debieron realizarse a través de una consultoría dado que debía presentarse un informe técnico.

“Ese proceso de consultoría tenía que haber sido contratado a través de una licitación pública. Lo que hizo el exalcalde fue contratar a dedo. Por supuesto esta demanda tiene varias implicaciones y creo que la más fuerte es que el Juez fallando en derecho y hallándome la razón, pues tumbe esos decretos y el acuerdo municipal. Eso implicaría una serie de despidos en la Alcaldía, volver a las escalas de remuneraciones que había antes y digamos que se generaría un revolcón fuerte en la administración. Entonces por ese lado hay esa afectación, pero adicionalmente, hay una afectación política y también me imagino yo que económica. Pero nada esto es culpa mía, sino que se da por el mal trabajo hecho por la administración anterior”, aclaró el hoy amenazado.

En busca de protección

Inmediatamente, luego de recibir la llamada intimidatoria, el cabildante activó la ruta de acción, desplazándose hasta la Estación de la Policía Nacional donde existe un Plan Padrino. Allí habló directamente con el comandante y se puso en marcha la ruta de seguridad.

Aunado a eso, interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y actualmente está haciendo los trámites correspondientes de análisis de riesgo para solicitar la protección de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

“Yo creo que hay elementos suficientes para justificar una medida de protección por mi condición de cabildante y la gravedad de la demanda administrativa que interpuse. Yo creo que esto es algo sin precedentes aquí en Rivera. Eso justifica el hecho de que yo pueda tener una medida de protección por parte de la UNP, sin embargo, por lo pronto la Policía ha estado muy pendiente y pues trato de seguir el protocolo y las recomendaciones”, indicó.

Entre la preocupación y la ‘rabia’

Con el hecho de que su familia, especialmente su mamá, esté inmersa dentro de esa amenaza, la situación toma un tinte diferente. Aunque aseguró no tener miedo debido a que desde el principio eligió la política como una opción de vida y, desde entonces, decidió hacerlo de forma correcta; conociendo desde luego, según él que, actuar bajo esa dinámica en un país tan violento y saturado de corrupción, implica riesgo. No obstante, lo que no calculó y hoy le genera preocupación, es la afectación a su familia.

Manifestó en esa línea que, “digamos que de una u otra forma yo estaba preparado para que, en algún momento por mis actuaciones, pudiera suceder esto. Pero lo que sí me genera preocupación y de pronto uno no lo calcula así, es la afectación a la familia y eso me preocupa porque ellos no pueden ser afectados en este escenario. Si la amenaza hubiera sido únicamente hacia mí, digamos que uno responde por lo suyo, por su vida y busca la forma de protegerse, pero me parece muy bajo, vil y despreciable que amenazaran también con atentar contra la vida de mi madre. Tengo sentimiento de molestia y rabia porque me parece muy bajo lo que están haciendo”.

No cederá a las presiones

Calderón Bohórquez fue enfático en que no dará un paso atrás y, por el contrario, seguirá adelante con la demanda y su ejercicio de control político dado que considera que está haciendo lo correcto y más en un país que de acuerdo a su percepción, se ha acostumbrado a que cada quien “se salga con la suya” y en el entendido de no querer tener problemas, “normalmente la gente prefiere no denunciar los robos al erario y los malos manejos administrativos que rápidamente salen a la luz pública, pero no pasan de corrillos”.

“Todas estas acciones las tomo porque lo aclaro de una vez: yo no pienso retractarme y no pienso retirar la demanda. Lo estoy haciendo como un ejercicio de control político y responsabilidad como cabildante. Esto es el deber ser de un concejal, hacer este tipo de cosas y el Municipio no pueden seguir utilizándolo para hacer de las suyas. Yo seguiré adelante y firme en la demanda y en las que vengan que sean necesarias para el buen funcionamiento de la administración pública. Si nosotros queremos cambiar este país, debemos tener los cojones y el carácter de denunciar y tomar decisiones como estas. No podemos permitir que cada cuatro años llegue una empresa electoral o una rosca a querer desorganizar el pueblo, salirse con la suya y adueñarse del presupuesto y que nadie haga nada”, concluyó.

Así las cosas, por el momento no tiene contemplado salir del municipio mientras todo se calma y hasta la fecha de emisión del presente informe, tampoco ha vuelto a recibir ninguna nueva llamada. También desconoce por completo, quién estaría detrás de lo sucedido y, le contó a LA NACIÓN, que en el momento no ha hablado con Rodrigo Villalba Mosquera, gobernador del Huila y máximo líder del partido que hoy lo avala como concejal de los riverenses.