Empresas Públicas de Neiva superó los escollos para la licencia ambiental para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para frenar las cargas contaminantes al río Magdalena.
RICARDO AREIZA
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La planta de tratamiento de aguas residuales diseñada para contener la grave contaminación del río Magdalena logró superar el último escollo.
Después de 16 años de una orden judicial que ordenó su construcción, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) inició el trámite formal para la viabilidad técnica, confirmó la gerente de Empresas Públicas de Neiva, Gloria Constanza Vanegas.
La funcionaria anunció que la entidad inició el trámite administrativo para asegurar, ahora sí, la viabilidad del megaproyecto, ordenado por una orden judicial.
“Revisados los antecedentes de la solicitud, se concluye que Empresas Públicas de Neiva ha cumplido con los requisitos, razón por la cual, esta autoridad nacional procederá a expedir el auto de inicio del trámite de solicitud de licencia ambiental para el proyecto”, afirmó el director de la entidad, Rodrigo Suárez Castaño.
Entre otros, la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental del complejo que será construido en dos etapas, en la margen derecha del río Magdalena, a un lado del nuevo puente Santander, en la vía Neiva-Aipe.
Además, la entidad revisará, analizará, evaluará y rendirá el concepto técnico sobre estos dos documentos claves para efectos de resolver de fondo el otorgamiento de la licencia.
“La particular característica de ser ante todo un proyecto de recuperación y de protección del ambiente, deberá considerarse de manera especial al momento de evaluar su viabilidad legal, pues tanto en su causa como en su objetivo, de otras consideraciones, está la necesidad de adecuar los vertimientos de la ciudad a las normas sanitarias mínimas”, anotó.
El trámite
El trámite administrativo de inicio quedó consignado en el Auto No. 07378, expedido el jueves pasado. En dos oportunidades, la documentación presentada fue devuelta. La tercera fue la vencida.
La última solicitud fue presentada 30 de agosto de 2021 por la gerente de EPN, Gloria Constanza Vanegas, con todos los soportes.
“Creemos que ahora sí, superada esta etapa, tendremos la autorización para poder iniciar con las obras preliminares mientras se definen las obras adicionales”, explicó la gerente de EPN.
Adicionalmente el Ministerio del Interior certificó que por ahora en el área del proyecto no se registra presencia de comunidades indígenas comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, lo que asegura que no habrá necesidad de adelantar la consulta previa con las minorías étnicas. Este procedimiento obligatorio es una garantía de protección de los derechos de estas comunidades que se pueden afectar por la ejecución, en este caso, de una obra pública.
El proyecto
La planta de tratamiento fue ordenada en el 2005 por una acción popular para frenar las grandes cargas contaminantes provenientes de la capital huilense. La acción judicial fue promovida por Gustavo Mora Perea, presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios del Huila. Actualmente, se adelanta un nuevo incidente desacato por la demora en la ejecución de la primera etapa.
La sentencia de primera instancia fue proferida el 27 de junio de 2005 por el Tribunal Administrativo del Huila.
La decisión ordenó a la Alcaldía de Neiva, Empresas Públicas de Neiva, Gobernación del Huila, Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM) y Cormagdalena la construcción del sistema de tratamiento aguas residuales en Neiva.
Según el fallo, las entidades vinculadas debían ejecutar a más tardar en el año 2011 al menos una de las tres plantas de tratamiento proyectadas y antes de finalizar el año 2015, tenían la obligación de garantizar una solución completa al problema de contaminación del río Magdalena por aguas residuales que se descargan sin ningún tratamiento.
La decisión fue confirmada por el Consejo de Estado el 11 de junio de 2009. Sin embargo, la orden nunca se cumplió y la obra jamás despegó.
El Consejo de Estado consideró que EPN incumplió la orden judicial y ordenó un nuevo incidente de desacato. Ante las sanciones y órdenes perentorias, finalmente se contrató en el 2011 una polémica consultoría que provocó nuevas demoras.
Los diseños
Con el trámite de la licencia y el cierre financiero, el proyecto está a punto de arrancar, a pesar de las múltiples objeciones que su ejecución encarna. Empresas Públicas de Neiva tiene listos los diseños y la ingeniería de detalle de la planta de tratamiento y por lo menos, una buena parte de la financiación.
La PTAR está proyectada para ser construida en dos etapas: la primera comprende el tratamiento preliminar y primario y la segunda etapa, involucra la implementación de tratamiento biológico. La obra permitirá tratar de manera adecuada los vertimientos del sistema de alcantarillado público de la ciudad.
Cierre financiero
La construcción de la planta de tratamiento demandará inversiones totales calculadas en 246 mil millones de pesos, aproximadamente.
El cierre financiero para la construcción de la PTAR estaría en 215 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional aportará 124.780 millones de pesos, unos 6.000 millones de pesos anuales durante 20 años, con recursos de vigencias futuras. Otros 20 mil millones de pesos los aportará el Ministerio de Vivienda para la primera fase.
La gerente de EPN anunció que una vez la Anla expedida la licencia ambiental, la primera etapa podrá contratarse.
La primera fase costaría 120 mil millones de pesos, según el cierre financiero de 2019. De éstos están comprometidos cerca de 47.648 millones y están pendientes de gestión otros 74.899 millones de pesos.
Los predios
El primer predio, a un lado del puente Santander, fue adquirido en el 2013 por un valor de 2.664 millones de pesos aportados por la Gobernación (1.200 millones) y 1.464 millones correspondiente a recursos propios, lo que representó el primer avance, en medio de la controversia por su localización. Sin embargo, algunos especialistas, estiman que no es el sitio adecuado y que la planta será inoperante.
Presionados por un trámite de desacato iniciado y ratificado por el Consejo de Estado, el 21 de febrero de 2019 Empresas Públicas contrató la actualización de los estudios de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, claves para el otorgamiento de las licencias ambientales, por ahora, congeladas. Esos documentos fueron ajustados para ser presentados por tercera vez.
La actualización tuvo un costo de 429 millones de pesos. Asimismo se contrató un estudio de arqueología exigido por el Instituto Colombiano de Antropología con un costo de 39,87 millones de pesos.
Empresas Públicas ha invertido en esos estudios 468,95 millones de pesos. La preinversión asciende a 5.324 millones de pesos de los cuales 2.837 millones corresponden a recursos de EPN ejecutados entre 2013 y 2019.
Hace dos años, EPN firmó un acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación para la estructuración de una Asociación Público Privada (APP) para la construcción del proyecto con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Los costos
La obra será ejecutada en dos fases, tal como fue diseñada, con una inversión inicial de 207.433 millones de pesos. La cifra total, asciende a los 215 mil millones de pesos, debidamente actualizada, según el último ajuste financiero.
La primera tendría un costo de 126.868 millones de pesos aproximadamente y la segunda fase, 80.565 millones.
Según EPN, para la construcción están asegurados los aportes de la Gobernación aportará $10.000 millones. Alcaldía de Neiva: $10.000 millones y la CAM, $10.000 millones. De éstos 7.000 se garantizarían con un crédito interno. Cormagdalena aportará $ 5.000 millones. La segunda fase deberá ejecutarse en diez años.
De acuerdo con el diseño la PTAR está proyectada para operar durante 25 años con un caudal medio diario de 1.200 litros por segundo (con un pico máximo de 2.400 Lps) recolectados en los puntos de vertimientos conocidos como Puente Santander Norte, Puente Santander Sur y Camilo Torres.
El costo estimado es de 80.565 millones de pesos. La infraestructura de urbanismo costaría 28.000 millones, incluyendo las compensaciones a la comunidad, oficinas, zonas de desplazamiento, áreas de reserva del río y la interventoría por 4.343 millones.
Además, está previsto la compra de otros dos lotes. El primero, aprobado el 14 de noviembre de 2018 por valor de 3.215 millones y el otro por 3.245 millones. Los recursos fueron incorporados en el Plan Departamental de Agua, por un monto estimado de 6.460 millones.
Los dos lotes fueron registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos para la declaratoria de bienes de utilidad pública para poder materializar la compra.
Colectores
Según los estudios se requerirán otras obras complementarias como la construcción de los colectores sanitarios de vertimientos (Santander Norte, Santander Sur y Camilo Torres. La ingeniería de detalles de este colector costaría alrededor de 5.550 millones de pesos. El colector norte costará otros dos mil millones de pesos.
Los recursos los aportará EPN. Los dineros fueron programados en el Plan de Obras de Inversiones 2016-2026 y deben ejecutarse en los próximos años.
“Ya presentamos al Ocad el respectivo proyecto para financiar las obras complementarias con recursos de regalías petroleras”, explicó la gerente de EPN.
Objeciones
“Si construyeran la PTAR, en el lugar que definió de Hidrosan (entre el Puente Santander y el Barrio Camilo Torres), quedarían sin tratamiento las aguas residuales de 17 vertimientos, según lo advirtió el ingeniero Marcos Silva, uno de los estudios del proyecto.
Estos vertimientos están localizados entre la calle 37 y el barrio El Venado, incluido el gran colector en ese sector, paralelo a la quebrada del mismo nombre y otros vertimientos al sur del puente Santander. En esas condiciones se requeriría la construcción de otro colector, de gran diámetro, paralelo al río Magdalena.
El modelo propuesto no serviría para tratar todas las aguas residuales de la ciudad que desembocan en el Magdalena.
