Víctimas de secuestro en el Huila participaron ayer en Neiva, de una de las audiencias territoriales que la JEP desarrolló simultáneamente en varias regiones del país. Pidieron verdad plena y reparación total, además denunciaron abandono del Estado y falta de articulación de parte de sus entidades.
Lucía Sánchez
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) víctimas de secuestro de la extinta guerrilla de la Farc-Ep en el Huila, afirmaron que la verdad entregada por los ahora excombatientes ha sido parcial, y que no ven disposición de los exmiembros del otrora grupo armado para consolidar la reparación hacia cada una de ellas por las secuelas de este flagelo.
En el desarrollo de la audiencia que se llevó a cabo desde las 9 de la mañana de ayer en la biblioteca central de la Universidad Surcolombiana sede-Neiva, las víctimas plantearon varios reparos sobre el reconocimiento de responsabilidades en el Caso 01 (el secuestro), que hizo en meses anteriores el secretariado de las Farc-Ep.
En la diligencia que estuvo cargada de crudos relatos y emociones a flor de piel, hablaron algunas personas que estuvieron secuestradas durante años, pero también familiares de víctimas directas de este flagelo, entre ellos, parientes de varios comerciantes secuestrados en el Huila hace cerca de 20 años.
Ángela Patricia Cordón Quintero, hija de Guillermo Cordón Herrera, retenido a inicios del 2003 por miembros de la exguerrila, recordó que su padre fue secuestrado mientras buscaba a su tío Reynaldo Cordón Herrera, plagiado un mes atrás; los hermanos comerciantes nunca regresaron.
La ahora abogada, quien para entonces tenía 14 años, evocó que la “pesadilla familiar” comenzó el 22 de enero del 2003 cuando su tío Reynaldo salió de Neiva con destino a los Llanos Orientales, donde negociaría granos y abarrotes. Mientras el comerciante transitaba en el punto conocido como la Y, entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y la Macarena (Meta), fue retenido por guerrilleros de las Farc.
Un mes después su padre Guillermo decidió viajar hasta el lugar donde había desaparecido su hermano Reynaldo, buscando algún contacto para negociar la liberación.
“El sábado 7 de marzo mi padre llamó a mi abuela para decirle que iba a ver cómo negociaba la liberación (de mi tío). Después de la llamada nunca más volvimos a saber de ellos”, narró la huilense, lamentando que esa fue la última vez que escucharon su voz.
“Pensaban que nosotros éramos personas pudientes, entonces teníamos que pagar el impuesto de guerra… mi tío Reynaldo se dedicaba a la comercialización de granos y abarrotes, a él se lo llevaron por negarse a pagar la ‘vacuna’”, dijo la víctima acreditada ante la JEP.
Al mismo tiempo rechazó las aseveraciones que han realizado algunos exmiembros de la extinta Farc-Ep, en relación al secuestro de su padre. “Para mí es indigno ver las versiones voluntarias entregadas por los excombatientes, en donde dicen que mi padre fue un colaborador de la guerrilla, y también del Ejército por sospecha”, señaló.
Desde los inicios del secuestro, cuando el comerciante Guillermo fue en busca de su hermano Reynaldo, hasta la actualidad, la familia Cordón Herrera no ha parado de buscarlos y de escuchar todo tipo de razones. Hoy exige verdad plena.
“Tengo muchos vacíos frente a las versiones entregadas por los excombatientes. Una de ellas es del frente 62; cuántos fueron los que comparecieron y dieron versiones voluntarias; por qué en éstas les echan la responsabilidad a personas que ya murieron en combate”, reclamó Ángela.
Dijo que, pese a que se les ha dicho que sus familiares fueron retenidos por orden de alias el ‘Mono Jojoy’, comandante del estado mayor del Bloque Oriental, dado de baja el 22 de septiembre de 2010 por el Ejército, “sabemos que detrás del ‘Mono Jojoy’ hubo más personas implicadas… queremos saber cómo fueron los meses antes de que dieran la orden de ejecutarlos… que el nombre de mi padre, mi tío y los comerciantes del Huila no quede en la impunidad ni en el olvido”, insistió la huilense.
Respecto a las versiones entregadas por los exguerrilleros ante la Jep, Ángela agregó: “me duele ver que ellos no tienen disposición de querer decir la verdad, como que justifican la guerra para señalar que fue por falsas sospechas… deben entregar las versiones voluntarias de manera real y efectiva, que sea una verdad no acomodada, es lo único que les solicito”.
También reclamó que el Estado nunca le brindó protección a su familia ante las amenazas que seguían recibiendo, tras el secuestro de sus familiares, “era un tema de silencio y olvido”, subrayó.
Tragedia enlazada
Dos días antes de que se diera el secuestro del tío de Ángela, Reynaldo Cordón Herrera, la guerrilla había retenido a José Arbelay Losada Montenegro, otro comerciante de Neiva y cuñado de Reynaldo.
José había volado desde Bogotá hacia La Macarena (Meta) para encontrarse luego con los conductores de tres de sus camionetas, cuando en el camino lo secuestró el frente 13 de las Farc, según informaron a la familia personas de la zona días después del hecho.
“Desde el 20 de enero de 2003 que se fue no hemos sabido nada de él… es un dolor muy grande para todos porque mi hermano era el eje de la familia, pues mi papá vendió la finca que tenía en Íquira y le entregó la plata, para que se ayudaran mutuamente”, recordó ayer su hermana Dieny Elcy Losada Montenegro.
Y contó los años de dolor que han vivido como familia. “La guerrilla es muy dura, recién se lo llevaron llamaban a la casa, decían que lo habían matado, era un dolor muy tremendo para nosotros. La guerrilla decía que mi hermano andaba en malos pasos, que era informante del Ejército, cuando no, él era muy trabajador, un comerciante”, afirmó Dieny.
Recordó que en este hecho la guerrilla también secuestró a otras personas. “Se llevaron tres camiones con sus conductores, las familias de ellos también están sufriendo, esperando a sus seres queridos”, sostuvo la mujer.
Y al igual que Ángela, pide a los miembros de la ex guerrilla que participaron en este caso, verdad plena sobre el paradero de su hermano. “Que nos digan la verdad, si lo mataron, dónde lo tienen, porque esto es una zozobra. Y al Estado le pido que por favor nos ayude, queremos ingresar a la Unidad de Víctimas porque sí lo necesitamos”, indicó la víctima.
En la audiencia también se presentó el joven John Fredy Ipuz Rojas, familiar de Eduard Ipuz Rojas, uno de los conductores secuestrados en ese hecho, y de quienes también se desconoce su paradero hasta el sol de hoy.
“Del caso de los conductores voy a tratar dos puntos: el primero, es el poco acompañamiento del Estado para con las víctimas, llevamos 21 años desplazados y hasta hace poco tenemos acompañamiento de un psicólogo. Esto es algo que debió garantizarse desde un principio. El segundo punto, es la mala articulación de las entidades del Estado para con el proceso del señor Eduard y el resto de conductores secuestrados”, afirmó el joven ante la JEP.
Mientras reclamó: “Aún no sabemos en qué punto se encuentran las fosas de nuestros familiares; somos muchas familias las que estamos esperando la ubicación exacta, para darles una cristiana sepultura a nuestros seres queridos”, indicó Jhon.
Lo cierto, es que la verdad que reclaman Ángela, Dieny y John, es una de las preguntas recurrentes que busca esclarecer la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la entidad humanitaria que integra el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que surgió con el Acuerdo de Paz de La Habana, para buscar, ubicar y entregar de manera digna a las personas desaparecidas en el conflicto armado.
En el desarrollo de la diligencia, frente a los asistentes al recinto, el magistrado de la JEP, Farid Benavides Vanegas, resaltó que las observaciones de las víctimas son centrales para que la JEP determine si los exjefes de las guerrillas y excombatientes, están haciendo un aporte a la verdad plena, como lo exige la ley.
“Las palabras de ustedes son duras, pero creo que son el reflejo de la situación por la que han pasado. Coinciden en que ha habido abandono del Estado y que no hay articulación de las entidades, nosotros tomamos nota de lo mencionado, para que no tengan que seguir sufriendo por esta búsqueda constante de sus seres queridos”, afirmó Benavides Vanegas.
Dijo además que “también tomamos nota para que en el caso de los comparecientes de las Farc-Ep, ellos respondan a la demanda de verdad que ustedes quieren que sea satisfecha. Que les digan por qué los secuestraron, cuál es la razón por la cual no les informaron durante tanto tiempo su paradero, pero también dónde están, para darles cristiana sepultura a sus seres queridos”.
El magistrado aclaró además que “si bien el secretariado de las Farc es responsable por la política de secuestro que estableció, también lo son los autores materiales de la conducta, porque son ellos los que conocen toda la información de sus familiares”, por lo cual se requiere una verdad conjunta y plena.
El día de hoy continuará y culminará esta audiencia en la biblioteca central de la Universidad Surcolombiana sede-Neiva, donde la JEP escuchará las observaciones de más víctimas de secuestro en el Huila, ante las versiones que ha entregado el secretariado de las Farc frente a este flagelo.
