El Tribunal Superior de Neiva invalidó la acusación a ocho soldados que dieron muerte a dos jóvenes habitantes de la calle en Neiva. “El órgano investigador omitió… la conducta desarrollada por cada uno de los incriminados”, dijo el Alto Tribunal. Abogado defensor solicitará libertad por vencimiento de términos. El Tribunal Superior de Neiva invalidó la acusación a ocho soldados que dieron muerte a dos jóvenes habitantes de la calle en Neiva. “El órgano investigador omitió… la conducta desarrollada por cada uno de los incriminados”, dijo el Alto Tribunal. Abogado defensor solicitará libertad por vencimiento de términos. LA NACIÓN, NEIVA
“Solamente se consigna su pertenencia al pelotón y la existencia de dos occisos. Bajo esa argumentación podría ser condenado hasta el cocinero…”, sentenció el Tribunal Superior de Neiva al anular el escrito de acusación contra ocho soldados que dieron muerte a dos jóvenes habitantes de la calle y que ‘presentaron’ como extorsionistas, en zona rural del municipio de Suaza. El veredicto fue anunciado por los magistrados de la Sala Cuarta de Decisión Penal de la corporación judicial, al revocar la audiencia de acusación del Juez Segundo Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento, impugnada por la defensa de los militares por presuntas irregularidades. “No sólo tiene falencias de carácter formal, sino sobre la posible responsabilidad de los procesados… es vacío el escrito de acusación… tiene incongruencias… a futuro en el juicio todo va a ser sorpresivo”, dijo el abogado Luis Hernando Castellanos. La Fiscalía 58 de Derechos Humanos acusó a los soldados profesionales Jairo Alonso Carvajal, Felipe Andrés Calderón, Henry Lozano, José Aníbal Trujillo Hernández, Julio César Ramos Zapata, José Fidel Orjuela López, Juan José González, Óscar Cárdenas Sánchez, del delito de doble homicidio en persona protegida en concurso. El delegado del ente acusador manifestó que los militares del pelotón Azteca Dos del Batallón Magdalena con sede en Pitalito, serían los responsables de la muerte de Juan Perdomo Claros y Albert Augusto Lizcano Cedeño, en la vereda La Palma en el municipio de Suaza, el 15 de febrero de 2008. La Fiscalía señaló que con la investigación adelantada se “puede inferir razonablemente” que a Claros y Lizcano Cedeño no fueron dados de baja en combate, “sino que fueron ejecutados en forma extrajudicial o ajusticiados y el caso corresponde a un falso positivo”. Sin embargo, los magistrados del tribunal señalaron que en el escrito de acusación y en la adición, la Fiscalía puntualizó la ocurrencia de “unos delitos”, pero omitió “la obligación de expresar de manera clara, completa, detallada y sin ambigüedades las conductas o comportamientos (de acción u omisión) de cada uno de los incriminados, y que permitan atribuirles de alguna forma de participación en las conductas punibles endilgadas…”. Precisaron que el escrito de acusación no contiene situaciones concretas y específicas que permitan determinar “la forma en que fueron ejecutadas… su grado de participación (de los militares)”. Las presuntas irregularidades en el escrito de acusación llevaron a los magistrados a anularlo y solicitarle al fiscal instructor a aclararlo o “corregirlo… en el sentido de indicar de manera clara, precisa, detallada y circunstanciada, el acontecer humano ejecutado por cada uno de los procesados… para que de esa manera la imputación fáctica guarde coherencia con la jurídica”, explicaron. La defensa de los uniformados solicitará la libertad del grupo tras el vencimiento de términos.