Es lamentable que las protestas sociales convocadas ayer en el país para pedirle a la Corte Suprema de Justicia la elección inmediata de un nuevo Fiscal General para el país, en razón a que está próximo a concluir el periodo de cuatro años del actual titular del cargo Francisco Barbosa, desembocaran en bloqueos a la sede en donde permanecían los miembros y empleados de esa alta corte en el centro de Bogotá.
Como se sabe, las protestas de la ciudadanía de manera pacífica están permitidas por la Constitución Política de Colombia y como tal son bienvenidas. Sin embargo, tales manifestaciones pierden legitimidad y poder popular en el momento en que se tornan violentas, busquen sembrar el caos total o atenten contra los derechos a la libertad de las otras personas.
Respecto al caso de ayer, lo que ha sucedido es un asedio inaceptable contra la Corte Suprema de Justicia, una institución que no sólo es la principal sede judicial del país sino que representa la institucionalidad colombiana.
Las escenas de manifestantes taponando los accesos del Palacio de Justicia, y al caer la tarde, de los magistrados saliendo de la edificación fuertemente escoltados y en medio de un gran dispositivo de la Policía antidisturbios, le hacen un enorme daño a la democracia colombiana.
La independencia de la Corte Suprema de Justicia como uno de los tribunales de justicia más importantes del país debe ser respetada. Es urgente que cualquier diferencia sea tramitada a través de los canales definidos democráticamente y no incitando a movilizaciones o revueltas que puedan terminar en hechos terribles de violencia.
Colombia y los colombianos no pueden dejarse tentar por quienes buscan, como en el pasado, sembrar el caos, la pugnacidad y el odio hacia las instituciones legítimamente constituidas.
