El Tribunal Superior de Neiva mantuvo intactas las órdenes de captura contra el ex alcalde de Palermo, Helber Yesid Pinzón, dos ex tesoreros de la capital huilense y Raúl Toro, un supuesto corredor de bolsa, por la colocación ilícita de 14.000 millones de pesos de excedentes de regalías. Seguimiento.
RICARDO AREIZA
Investigacioneshuila@gmail.com
La escandalosa colocación de dineros públicos en la firma Tigsa, develada por LA NACIÓN en el 2008, terminó, como estaba cantado, en una segunda condena.
Durante el proceso que lleva 16 años fueron investigados tres alcaldes, dos secretarios de Hacienda, dos tesoreros y un mismo particular que se benefició ilícitamente con los dineros procedentes de excedentes de regalías y recursos propios de las alcaldías de Neiva y Palermo.
La firma particular Toro Investment Group S.A. (Tigsa), creada por el administrador de empresas, Raúl Toro Pérez, sin autorización legal para intervenir en el mercado bursátil, descrestó a los servidores públicos y se apoderó de 14.000 millones de pesos (12.000 en Neiva y 2.000 millones de pesos en Palermo).
Los recursos oficiales fueron girados sin estudios de conveniencia sobre la factibilidad financiera, la rentabilidad o la seguridad de invertir esos recursos en el encargo fiduciario. Además, sin haber obtenido una previa o concomitantemente garantía para la administración.
En este caso, se generó, según el magistrado Javier Iván Chávarro Rojas, “un préstamo de dinero disfrazado”, procedente de recursos propios en la modalidad excedentes de liquidez y dineros de regalías petrolíferas, cuya destinación era específica.
Polémico encargo
Toro Pérez, quien se identificaba como experto en bancas de inversión, se apoderó de esos recursos, utilizando documentación falsa, sobornó a funcionarios públicos y manejó a su antojo la fabulosa suma de dinero que transfería a otros particulares para proyectos de inversión ajenos al mercado financiero.
El polémico contrato de encargo fiduciario (732-0921) fue suscrito entre Raúl Toro Pérez, representante legal de Toro Investment Group (Tigsa) y Juan Camilo Vallejo Arango, representante legal de Fiducor S.A.
Tigsa no estaba inscrita en el Registro Nacional de Agentes de Mercado de Valores, ni era vigilada por la Superintendencia Financiera.
Primeros giros
A finales de 2007, el tesorero de Neiva Yesid Orlando Perdomo Llanos realizó cuatro giros electrónicos entre julio y agosto de ese año por 6.000 millones de pesos, pero, además, suscribió con Toro unos contratos de cesión frente a los derechos patrimoniales que tenía en ese encargo fiduciario que resultaron falsos.
Esta anomalía, según la Fiscalía, se efectuó ilegalmente, desconociéndose la normatividad sobre la materia, (“la ley prohíbe prestar dinero público a particulares”), ocasionando un perjuicio al patrimonio económico del municipio “durante el tiempo que el dinero estuvo fuera de su esfera de dominio” y dando lugar al ingreso del dinero a favor del particular Raúl Toro Pérez, representante legal de Tigsa, quien lo manejó a su antojo.
Al tesorero (además, procesado por cohecho) Toro le consignó cinco millones de pesos en su cuenta de Bancolombia, procedente del mismo encargo fiduciario, coincidiendo con los dos giros adicionales de dineros provenientes de regalías.
La tramposa operación, no fue aislada, de acuerdo con las autoridades judiciales, sino que fue planeada previamente para perpetrar la defraudación en concertación con los servidores públicos.
Las transacciones, según el magistrado, Javier Iván Chávarro Rojas “fueron auténticos actos de apropiación o apoderamiento de dineros públicos” por parte de Raúl Toro Pérez, como representante legal de Tigsa.
“Si bien Fiducor nunca tuvo el derecho de dominio sobre esos dineros, siendo un simple administrador e inversionista, el representante legal de Tigsa fue quien ostentó la facultad de disposición de esos recursos durante el término de su relación contractual con Fiducor”, precisó Chávarro Rojas.
“Es decir, -anotó- pese a que los dineros le pertenecían al Municipio de Neiva y aun cuando en teoría estaban en manos de Fiducor, fue Raúl Toro Pérez quien ontológicamente fungió como su verdadero titular”.
El cerebro
De otra manera: Raúl Toro, obrando como fideicomitente, fue quien figuró como dueño o titular de los recursos que le giraron en las alcaldías de Cielo González y luego en la de Héctor Aníbal Ramírez. En el mismo tiempo, replicó la misma operación en Palermo.
Toro Pérez, el ‘cerebro’ de la operación, era la persona autorizada contractualmente para ordenar y disponer el retiro de dineros ajenos a su patrimonio y pertenecientes al municipio de Neiva. Esos dineros una vez en su poder, fueron desviados hacia otros particulares, ajenos al municipio, para financiar proyectos eléctricos, como lo registró LA NACIÓN.
La Fiscalía, lo acusó de “haber manejado ese dinero según su arbitrio o voluntad, esto es, como si se hubiese tratado de su propio dinero”.
Falsas cesiones
Adicionalmente, en los tres casos, Toro para ‘descrestar calentanos’ cedió los derechos con papelería falsa, sin reportarlo, pero además sin garantías y luego de tener el dinero en sus bolsillos.
Esa autorización nunca fue emitida por Fiducor.
Juan Camilo Vallejo Arango, representante legal de Fiducor, confirmó a LA NACIÓN que esas cesiones de derechos no fueron reales.
Durante dos años la firma presentó diez cesiones espurias que nunca se tramitaron ante la fiduciaria.
Las certificaciones que Tigsa entregó a la Alcaldía de Neiva para soportar la disponibilidad de los recursos fueron alteradas, otras fueron falsificadas y nunca fueron expedidas por Fiducor.
Un artificio
Por lo tanto, “esos contratos de cesión resultaron inanes, por cuanto jamás surtieron efectos jurídicos”, concluyeron los togados. En su criterio, era “evidente que esos actos nunca se materializaron”.
“En tales condiciones, la firma de los contratos de cesión, lejos de obedecer, como lo aseguran los letrados, al cumplimiento de lo pactado entre Tigsa y el Municipio de Neiva, fue en verdad un artificio del cual se valió Raúl Toro Pérez para encubrir la apropiación de dineros públicos”, recalcó el magistrado Chávarro Rojas.
“Lo cierto es que primero se desembolsaron los dineros y luego se suscribieron los documentos sobre la relación contractual o comercial entre las partes”, anotó.
Confabulación
En concreto en los tres casos investigados (dos en Neiva y uno en Palermo) hubo una clara confabulación entre los servidores públicos comprometidos y el representante de Tigsa Raúl Toro Pérez para usufructuar los recursos ilegalmente.
En estos escandalosos casos de corrupción, según los magistrados, no se trata del “típico y usual acto de apropiación, donde el sujeto agente en forma simple y llana deja para sí los recursos oficiales, sino a un accionar delictivo mucho más perfeccionado o elaborado, en el cual los recursos fueron usados temporalmente por particulares para su propio beneficio”.
Pero adicionalmente, un accionar delictivo “cubierto bajo la filigrana de un contrato de encargo fiduciario y una cesión de derechos económicos, mediante los que se pretendió dar apariencia de legalidad a la apropiación, lo cierto es que los dineros públicos sí ingresaron a las arcas de un particular, esto es, Raúl Toro Pérez, quien tuvo plena libertad en su disposición”.
Idéntica maniobra
Durante la administración del alcalde Héctor Aníbal Ramírez (2008-2011) su asesor de confianza y director de Tesorería Alberto Calderón Gómez repitió sin reparos la misma operación y renovó ilegalmente las irregulares transacciones a la firma Fiducor, sin estudios de conveniencia sobre la fiabilidad, rentabilidad y seguridad de la inversión.
Sin haber constituido una garantía o suscrito algún contrato con Fiducor, en cuatro oportunidades le transfirió otros 6.000 millones de pesos, en similares condiciones, dejándolos en manos de Raúl Toro Pérez, quien, como dueño y señor, se lucró de millonarios rendimientos financieros en el mercado bursátil.
“Los recursos fueron girados por el municipio de Neiva sin el más mínimo estudio y con total indiferencia frente a su eventual pérdida”, subrayó el Tribunal Superior de Neiva, al resolver la segunda instancia.
“Tan evidente era la ilegalidad de las inversiones y el riesgo corrido por los recursos de la administración municipal, que el comportamiento del acusado solo se explica en su deseo por permitirle a Raúl Toro Pérez apropiarse de los mismos”, reiteró la Sala Penal el viernes pasado al emitir el nuevo fallo.
Tercera réplica
El ex alcalde de Palermo, Helber Yesid Pinzón (2008-2011) también cayó en la trampa.
Pinzón Saavedra invirtió ilegalmente en julio de 2008 2.000 millones de pesos correspondientes a excedentes de regalías, con Raúl Toro Pérez, quien gestionó personalmente el supuesto contrato, sin estar legalmente autorizado para realizar ese tipo operaciones y sin mediar “un estudio serio de viabilidad”.
La operación fue autorizada directamente por Pinzón Saavedra luego de una reunión con el ingeniero Jairo Toro, ex gerente de Electrohuila, según lo reveló su tesorero Martín Emilio Perdomo.
Pinzón Saavedra aseguró que fue asesorado por los abogados Zamir Alonso Bermeo García (actual gerente encargado de la Electrohuila) y José Hildebran Perdomo Fernández, enredado en la tramposa elección de Personero y Contralor en el 2016. Los dos negaron que hubieran advertido ilegalidad en la contratación.
Única absolución
Andrés Camacho Cardozo, quien ocupó la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Héctor Aníbal Ramírez fue vinculado a la investigación por no ejercer control y vigilancia sobre el tesorero, su subalterno y permitir que firmara ilegalmente los contratos de cesión
Sin embargo, su abogado de confianza José Ricardo Falla Duque demostró que Calderón no estaba bajo su subordinación, sino que dependía directamente del alcalde Héctor Aníbal Ramírez, quien era su nominador y quien ahora será investigado por esa omisión.
Camacho Cardozo fue procesado inicialmente por peculado culposo por el incumplimiento de un deber normativo de actuación al no ejercer control y seguimiento en los contratos de intermediación de corretaje y de cesión de derechos económicos que el tesorero realizó con la firma Tigsa.
Sin embargo, el Tribunal Superior en segunda instancia, respaldó la tesis de Falla Duque, argumentando que “la Fiscalía fue inferior a su carga y no probó en grado de certeza racional los elementos de la omisión impropia”.
“Sumado- dijo- a que la gestión de la defensa contribuyó en la duda sobre si en verdad el procesado tenía el deber jurídico de impedir la apropiación de recursos públicos por un particular y estaba en posibilidad de hacerlo”. Eso lo salvó.
“Ante la falta de respuestas satisfactorias a los precitados cuestionamientos, mal podía el juzgado de primera instancia haberlo absuelto por “inocencia plena”, anotó.
Ante la duda, como ocurrió en la primera instancia, se impuso la inevitable confirmación de su absolución por duda probatoria.
Rebaja de penas
Toro Pérez, según la Sala Penal, procedió bajo el mismo ‘modus operandi’ en los tres casos macro, objeto de juzgamiento, pero revaluó el carácter continuado de su proceder.
Para los magistrados no había duda sobre el dominio ejercido por Toro Pérez frente a cada uno de los hechos delictivos investigados y la concertación con servidores públicos para defraudar el erario público.
“Partiendo de ese proceder de Raúl Toro Pérez, común a todos los delitos materia de proceso, diáfana refulge la configuración de un ilícito de carácter continuado”, anotó Chávarro.
“No se está frente a actos de apropiación independientes y desligados entre sí, sino por el contrario, de cara a un inconfundible plan diseñado con antelación por el sujeto agente a fin de apoderarse de gruesas sumas de dinero de diversos entes territoriales, como lo fueron los municipios de Neiva y Palermo”, concluyó.
En su criterio Toro Pérez usó idéntica estrategia con miras a acceder a dineros oficiales.
El delito continuado conlleva la imposición de penas menos drásticas que las señaladas para el concurso de conductas punibles.
En estas condiciones, la Sala Penal no varió la calificación jurídica. El delito continuó siendo el de peculado, pero bajo una modalidad continuada y no concursal.
Por lo tanto, el Tribunal Superior de Neiva, al resolver la segunda instancia le reconoció a Raúl Toro Pérez, Yesid Orlando Perdomo Llano y a los demás procesados (en aplicación del principio de igualdad y por ser más favorable), la estructuración del delito de peculado por apropiación agravado de forma continuada, lo que desembocó en una redosificación punitiva y por lo tanto en una rebaja de las penas.
Penas finales
La pena más alta le fue impuesta al ex alcalde de Palermo Helber Yesid Pinzón 230,86 meses de prisión (19 años y 2 meses de cárcel efectiva sin beneficios) e inhabilitación por el mismo periodo como coautor responsable del punible de peculado por apropiación agravado continuado en concurso heterogéneo con contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Además, le impuso una multa de 1.084 millones de pesos.
A Raúl Toro Pérez, el ‘cerebro’ del orquestado plan, solamente le impuso una pena de prisión de 130.45 meses de prisión (Diez años y ocho meses de cárcel efectiva, sin beneficios), inhabilitación por el mismo tiempo y una multa de 7.000 millones de pesos.
Toro, a pesar de haberse beneficiado de los dineros públicos y haber sido el principal protagonista solo fue condenado como interviniente responsable del punible de peculado por apropiación agravado continuado. Por demoras en el proceso que cumplió 16 años, le prescribieron los otros delitos, incluyendo cohecho, contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad en documento privado.
El ex tesorero Yesid Orlando Perdomo fue condenado finalmente a las penas principales de 210,86 meses de prisión (17 años y 5 meses) de cárcel sin beneficios como coautor responsable del punible de peculado por apropiación agravado continuado en concurso heterogéneo con cohecho propio.
Además, le impuso una multa de 3.040 millones de pesos e inhabilitación por el mismo periodo de la pena principal.
El extesorero Alberto Calderón Gómez (‘Badeo’) fue condenado a 170,86 meses de prisión (14 años y dos meses de cárcel efectiva, sin beneficios, como coautor responsable del delito de peculado por apropiación agravado continuado. También el impuso una multa de 3.000 millones de pesos e inhabilitación por el mismo lapso.
Órdenes de captura
La Sala Penal ratificó las órdenes de captura proferidas el 9 de junio de 2022 contra los cuatro procesados. La decisión fue solicitada con carácter inmediato cuando la Juez Cuarta Penal del Circuito, Socorro Álvarez Meneses, profirió el sentido del fallo de primera instancia. Desde entonces, están huyendo.
Adicionalmente, la Sala Penal mantuvo en firme la compulsa de copias para que se investigue la participación y responsabilidad de los alcaldes de Neiva (2007-2008) Cielo González y Héctor Aníbal Ramírez; a la extesorera Aleida Osorio y al extesorero de Palermo Martin Emilio Perdomo, sin perjuicio de las prescripciones.
Con la decisión, solo procede el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.