“En tres meses, el ELN desaparecerá en Colombia porque se logrará la paz”, afirmó Gustavo Petro antes de asumir la presidencia. En su discurso de posesión, reiteró: “Para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar, dialogar mucho…”. En efecto, abrió varias mesas de diálogo con diversos grupos criminales.
Casi dos años después, estos diálogos se tornan interminables y no muestran avances; la seguridad se ha deteriorado en todo el país. La prometida paz con el ELN en tres meses nunca llegó y parece más lejana. El gobierno ha sido permisivo con una estrategia que ha fracasado para el Estado pero ha beneficiado a los criminales, al acordar ceses bilaterales del fuego que solo la Fuerza Pública cumple, mientras que los grupos armados ignoran. Con estas concesiones, la violencia ha regresado a extensas zonas que el Estado había recuperado, y estos grupos nuevamente controlan las rutas del narcotráfico.
En medio de esta situación, se ha vuelto una práctica cotidiana que el gobierno solicite a la Fiscalía la suspensión de órdenes de captura para cabecillas de estructuras criminales, con el pretexto de convertirlos en “negociadores de paz”. Desde que Petro asumió el poder, se han liberado cerca de 200 de estos individuos, de los cuales unos 10 participan en las mesas de diálogo, mientras que los demás continúan cometiendo asesinatos, secuestros, extorsiones y actividades de narcotráfico.
El incidente en Antioquia con la caravana de camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al servicio de las FARC, colmó la paciencia de los colombianos. Es una escena en la que los criminales son protegidos por el Estado, mientras los ciudadanos permanecen absolutamente desprotegidos y sufren las atrocidades de aquellos consentidos por el gobierno.
Una situación que ha generado aún más indignación es la actitud de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, quien, además de invadir competencias de otras instancias judiciales, ordenó la liberación de varios criminales capturados, entre ellos alias “Ramiro”, responsable de una masacre de militares en el Cauca ocurrida 15 días antes. La norma que permite la suspensión de órdenes de captura con fines específicos, como participar en negociaciones de paz, se aplica a delitos ocurridos antes de la expedición del acto administrativo que otorga el beneficio, y no a delitos cometidos durante su vigencia, menos aún a situaciones de flagrancia. No obstante, la fiscal Camargo, refiriéndose a los capturados en la caravana de la UNP con cabecillas de las FARC, afirmó: “La suspensión de las órdenes de captura… se extiende a las situaciones de flagrancia, por lo que, sírvase ordenar la libertad…”. En otras palabras, según la Fiscal, si uno de estos criminales está cometiendo asesinato, secuestro, extorsión, portando armas ilegales, transportando dinero ilícito o incluso llevando menores de edad reclutados, ninguna autoridad puede capturarlo. Les otorgó “blindaje total”.
Mientras muchos alcaldes con altos niveles de riesgo, líderes sociales y dirigentes de la oposición amenazados están completamente desprotegidos, los criminales continúan delinquiendo con total impunidad, desplazándose en camionetas blindadas y financiadas por el Estado. Ni qué decir del trato discriminatorio hacia los integrantes de la Fuerza Pública.