Cinco municipios del Huila no han suscrito convenios con los cuerpos de bomberos y, por tanto, están actuando bajo el toque de sirena, es decir, que cualquier emergencia sólo será atendida de acuerdo a la disponibilidad de voluntarios. El resto de los municipios, a pesar de contar con contratos, estos no reúnen las expectativas económicas para atender cualquier calamidad existente.
Johan Eduardo Rojas López
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“A estas alturas no ha sido posible que la administración municipal de Hobo suscriba el respectivo convenio con el cuerpo de bomberos, por lo que en este momento han dejado de operar ya que no tienen los recursos económicos necesarios para atender las diferente situaciones que se presentan en esta localidad. Está prohibido sacar el único vehículo que tienen porque no cuenta con SOAT. Esperamos que el Alcalde cambie la postura frente al cuerpo de bomberos”, dijo Edison Fernández, delegado Departamental de los Cuerpos de Bomberos del Huila.
Así como el caso de Hobo, otros cuatro municipios están sin convenio. Todo este panorama hace que la situación de los bomberos en el Huila sea preocupante debido a que se encuentran en varias luchas al mismo tiempo. El primer obstáculo es la suscripción de los convenios, el segundo se centra en sostener la prestación de servicios con las limitaciones existentes y como si fuera poco cuentan con insuficiente equipamiento y vehículos.
“Los convenios son paupérrimos”
La situación parece ir más allá de la suscripción de un contrato dado que, según Fernández, uno de los mayores inconvenientes radica en que los convenios existentes entre los entes locales y los cuerpos de bomberos normalmente no reúnen las expectativas económicas para poder atender cualquier calamidad existente.
“Los convenios que se firman con las administraciones municipales son paupérrimos y limitados, los cuales no le permiten a la institución crecer y operar como debería. Entonces terminan los cuerpos de bomberos condenados a firmar un convenio por cualquier peso para poder dar cumplimiento al marco normativo y sacrificando muchas cosas para poder operar”, reconoció el delegado Departamental de los Cuerpos de Bomberos del Huila.
Esas limitaciones que se gestan desde la firma de dichos contratos no son reconocidas o tenidas en cuenta por los alcaldes, – quienes en últimas son los operadores del gasto-, pues ellos no magnifican lo que se requiere para cumplir con la institución bomberil.
Solo los cuerpos de bomberos de Garzón, Pitalito y La Plata, no presentan tantos problemas financieros, mientras que, Hobo, Palestina, Santa María, Tarqui y Elías, no tienen ningún tipo de convenios. En este último, al parecer, la institución en mención desapareció. El resto de los municipios no se escapan a las dificultades, a pesar de tener los convenios vigentes.
“Nosotros tenemos toda la activación de los protocolos, procedimientos y planes operativos, pero tenemos muchas limitantes en el tema operacional por falta de recursos económicos. Iremos hasta donde nos permita la parte económica y, por ende, operacional, pero donde empecemos a quedarnos cortos, no sé qué iremos hacer. La situación es supremamente preocupante porque al no contar con el servicio público esencial de bomberos, quedamos prácticamente en un alto grado de vulnerabilidad ante cualquier emergencia natural”, agregó Fernández.
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Alcaldes siguen sin asumir su responsabilidad
La zozobra está latente debido a que durante lo que resta de julio, agosto y septiembre, se estará finalizando el convenio en cerca de 14 municipios y aún se desconoce si la voluntad política vaya en dirección a mantener dicha unión contractual. Los más grave es que, estos se culminarán en el mismo trimestre en el que se prevé el inicio del fenómeno de La Niña.
“Estamos a la espera a ver qué pasa con los convenios que están por acabarse. Confiamos en que esas administraciones decidan mantener vigentes los convenios, pero todo depende de los Alcaldes de turno”, sostuvo el delegado bomberil, mientras añadió que, tiene la esperanza de que las limitaciones cada vez sean menos y los convenios sean más favorables para cada cuerpo de bomberos.
Dijo, sin embargo, que es importante recordarles a los mandatarios locales que “esto no se trata de un favor, sino de una obligación” para darle cumplimiento a la ley 1575 de 2012 que dicta básicamente que todos los municipios deben garantizar el servicio público esencial de bomberos a todas las comunidades.
En la ‘cuerda floja’
A eso se le suma que, “además, venimos con un problema desde el año anterior, frente al tema de unos vehículos que se adquirieron cofinanciados entre los municipios, los cuerpos de bomberos y el departamento, y que no cumplen con las especificaciones técnicas y en este momento pues ese proyecto está en el limbo jurídico. Esperamos que los entes de control tomen acciones pertinentes ya que son unos vehículos tipo cisterna supremamente importantes que se dispondrán en seis localidades, tales como: Neiva, Campoalegre, Rivera, La Plata, Garzón y Pitalito”.
Él hace referencia puntualmente, a un proyecto entregado por la administración de Luis Enrique Dussán a ‘dedo’ al comerciante Jhon Farid Méndez Lugo. El contrato de 4 mil millones de pesos generó todo un escándalo que ahora está siendo investigado por la Procuraduría Regional del Huila.
Actuando al toque de sirena
Lo anterior, los ha obligado en algunos casos a activar un mecanismos que tienen las instituciones para “llamar” al personal voluntario durante emergencias. A eso se le conoce como ‘toque de sirena’ que resulta ser riesgoso porque no hay garantía de que se pueda atender una situación desafortunada dado que no se cuenta con personal de planta.
“Se activa y si el personal de carácter voluntario llega a la estación y hay forma de atender la emergencia, pues se atiende, pero si no llega el personal, pues el evento no se atiende. Los mandatarios no han entendido que estos eventos se hacen por demanda, más no por oferta, y las emergencias en cualquier momento se pueden presentar y nosotros necesitamos tener un personal de base en las estaciones. A ellos se les debe garantizar un salario mínimo, prestaciones sociales y todas las prerrogativas de ley que demanda la parte laboral”, insistió Fernández.
¿Las circulares informativas han servido?
Hasta donde se conoce, la Gobernación del Huila, dentro de sus facultades ha hecho su tarea emitiendo en repetidas ocasiones circulares informativas. La Procuraduría y Contraloría también conocen la situación, pero muy a pesar de eso, los alcaldes no han terminado de entender el grado de responsabilidad que les asiste. Es por esto que, se vienen adelantando acciones legales de cumplimiento frente a los municipios en los que hay inconvenientes.
“En los municipios debe estar conformado el Consejo de Gestión del Riesgo y es fundamental la presencia del cuerpo de bomberos en ese espacio. Aquí lo que ha faltado es el cumplimiento de la ley. Tienen una responsabilidad los señores alcaldes; entiendo las dificultades presupuestales, pero la ley lo establece y hay que darle cumplimiento. Yo considero que la Gobernación está en deuda y se tiene que revisar la inversión que se ha venido haciendo”, mencionó Armando Acuña, diputado del Huila.
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Estrategias para recolectar recursos
Luis Vargas, sargento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Palestina, comentó que en ese municipio no se ha podido realizar el convenio debido a la falta de la resolución que emite la Gobernación del Huila. Ese acto administrativo que les daría la representación legal les ha impedido realizar el convenio que, para este caso, el alcalde de turno sí quiere realizar y todo depende del cuerpo bomberil.
“Tenemos una camioneta de rápida respuesta y 13 unidades voluntarias, pero nos hacen falta obviamente más elementos. Nosotros respondemos hasta donde podemos. En el momento estamos subsistiendo con recargas de extintores y ventas de botiquines, además, de elementos que los establecimientos de comercio piden al cuerpo de bomberos”, sostuvo el sargento.
Por su parte, Faiber Cabrera, comandante del Cuerpo de Bomberos de Paicol, explicó que, en efecto, aunque en esta oportunidad el convenio mejoró en comparación con el año pasado, la realidad es que se quedan cortos.
“Yo tengo una máquina extintora y una camioneta que es comprada con recurso propio. En este momento tengo 4 unidades de planta. En tema de personal se queda uno corto porque lo ideal es que hubiera más personal, pero por motivo de recursos no se puede”, indicó.
Palermo y Garzón, por ejemplo, necesitan cambio urgente de vehículos debido a que los que tiene en operación ya cumplieron su ciclo de vida. En Santa María, solo se tiene una moto y “las ganas por trabajar”.
Llegó La Niña
Según las predicciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, se prevé el inicio del fenómeno de La Niña entre los trimestres de agosto-octubre y septiembre-noviembre, con una probabilidad de ocurrencia del 70%, la cual podría extenderse hasta el primer trimestre del 2025.
Los históricos nacionales del fenómeno de La Niña, evidencian que el país debe prepararse para 2.624 eventos, en promedio 15 eventos diarios, la mayoría asociados a inundaciones (5.000), movimientos en masa (3.000), vendavales (658) y avenidas torrenciales (326).
Además, se proyectan 437 incendios forestales y ocho sequías. Debido a que el país es heterogéneo, este fenómeno no solo se relaciona con el aumento significativo de las lluvias en algunas regiones, sino con el déficit de las precipitaciones en otras.
“Desde la Unidad proyectamos afectaciones en 550.000 familias, 16.000 viviendas destruidas, 224.000 viviendas averiadas, 2.201.423 hectáreas de cultivos y 6.184.771 animales”, aseguró el director general de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas.