Por: Yefer Vega
Según el último informe de deforestación en Colombia, publicado el 7 de julio de 2021 por el Ministerio del Medio Ambiente, el 70% del daño a los ecosistemas se concentra en cinco departamentos del país: Antioquia, Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo; siendo la región más afectada, la Amazonía. Según el ministro de ambiente y desarrollo sostenible, Carlos Eduardo Correa, la deforestación en el 2020 aumentó en un 8%, pues en Colombia, se pasó de 158.000 hectáreas deforestadas a 171.685. Las causas principales de esta deforestación son la minería ilegal, la siembra de cultivos ilícitos, la ganadería invasiva y la tala ilegal. Tan sólo en el 2019, 453 hectáreas de bosque fueron deforestadas diariamente; 18 hectáreas cada hora lo que equivale a 18 estadios como el Campin, o un parque de barrio por minuto.
De acuerdo con declaraciones recientes, de Luis Orlando Castro, director regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, de los 5,5 millones de hectáreas que tiene el Guaviare, a él y a su equipo les corresponde vigilar y controlar 3,5 millones de hectáreas, las demás son responsabilidad de Parques Nacionales. Sin embargo, la situación real es que no hay personal suficiente, y el presupuesto gubernamental de 11 mil millones de pesos al año, es muy poco para realizar esta labor eficientemente. En este sentido, Castro sostuvo: “Cuando se firman los tratados de paz y la guerrilla abandona estos territorios, personas con dudosa reputación llegan al sector, acaparan grandes extensiones de tierras y proceden a deforestar vorazmente. Con dos intenciones: una ganadería extensiva y otra la siembra de cultivos ilícitos”.
La reciente Ley contra Delitos Ambientales, sancionada por el presidente Iván Duque Márquez el pasado 4 de agosto, representa una verdadera oportunidad para luchar contra este flagelo. La nueva normatividad define 6 nuevos delitos ambientales y fortalece las sanciones para 5 delitos ya existentes en el Código Penal Colombiano: el daño en los recursos naturales y el ecocidio, la caza y pesca ilegal, el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y la contaminación ambiental.
Dentro de los nuevos delitos están la deforestación, su promoción y financiación que será sancionada hasta con 15 años de cárcel; el tráfico de fauna que se castigará con prisión de 5 a 11 años; la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica que daría penas entre los 8 y 15 años y la financiación y apropiación ilegal de baldíos de la nación.
Según el ministro de ambiente y desarrollo sostenible “esta ley no sólo condena la deforestación, sino que también termina la figura de ser un delito excarcelable”. De acuerdo con el ministro Correa se trabajó de la mano con el Congreso, las autoridades ambientales, el sector privado y las comunidades para lograr proteger los recursos naturales y tener una de las legislaciones más completas y coercitivas en esta materia.
La nueva ley le proporciona a la Fiscalía General de la Nación las herramientas para judicializar a los responsables de destruir el medio ambiente e impedirá que las personas que sean penalizadas por cometer delitos ambientales puedan constituir personerías jurídicas, y abrir locales de servicio público; además la autoridad competente podrá dictar medidas cautelares para suspender la titularidad de los bienes de los infractores.
Hay que destacar que, desde la cartera de Medio Ambiente, se ha venido desarrollando un trabajo importante para restaurar, conservar y proteger nuestros bosques. Es un trabajo conjunto entre el Sistema Nacional Ambiental, el sector privado, las entidades internacionales, la comunidad y el Gobierno Nacional, el cual ha permitido adelantar la Estrategia de Lucha contra la Deforestación basada en seis ejes principales.
El primero, contar con la legislación adecuada; además de la nueva ley, está el Conpes de Deforestación y el Decreto 690 que regula el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables. Segundo, un control permanente de la ilegalidad, a través de los controles móviles, de nuevas vías y gracias a varias operaciones realizadas en el marco de la Campaña Artemisa para detener la deforestación en Colombia, la fuerza pública ha logrado el control de más de 14.600 hectáreas de bosques. Tercero, inversión social, a través de los pagos por servicios ambientales que permiten proteger ya más de 115.000 hectáreas, los contratos de conservación natural, los 2581 negocios verdes y la Escuela Nacional de Formación Ambiental. Cuarto, lucha contra el cambio climático, a través del Programa Colombia Carbono Neutralidad, más de cien empresas firmaron su adhesión y la meta es disminuir en un 51% los gases de Efecto Invernadero para el 2030. Quinto, el propósito es sembrar 180 millones de árboles al 2022 en una labor conjunta entre las comunidades, las autoridades ambientales y el sector público privado; ya se han sembrado 66.224.565 arboles y la meta para este año 2021 es llegar a 125 millones en todo el país para restaurar los ecosistemas. Sexto, monitoreo permanente de incendios en labor conjunta entre el Ministerio de Ambiente y el Ideam para proteger los ecosistemas de quemas.
El panorama es complicado y aún queda mucho por hacer. Nuestras selvas con toda su flora y fauna están desapareciendo. Este debe ser un tema prioritario pues tiene un gran impacto en nuestros recursos y debemos ser conscientes que detrás de la deforestación hay personas que no son simples colonos: son personas oscuras, grupos al margen de la ley, que cuentan con los recursos económicos para hacer vías, comprar maquinaria, talar árboles, y sembrar cultivos ilegales o traer ganado en grandes cantidades sin respetar la biodiversidad. Según Emilio Rodríguez, biólogo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, “los parques nacionales y las reservas forestales se están transformando en hatos ganaderos, sobre los que no hay mayor seguimiento…” “Hay Estado para vacunar vacas, pero no para evitar la tala de la selva”. Sucede algo muy particular con ese ganado ilegal y es que hasta hace poco el ICA se ocupaba de vacunarlo para que estuviera libre de aftosa, lo que conlleva a que quienes tumban la selva puedan circular el ganado sin problema y sigan deforestando. Es realmente incomprensible que el Instituto Colombiano Agropecuario se preocupe por vacunar el ganado de los que roban las hectáreas de tierra en los parques nacionales y que el Estado no pueda lograr un efectivo control de la ilegalidad como todos los colombianos lo esperamos.
Al talar los bosques, estamos perdiendo el hábitat de miles de especies animales y vegetales, alterando el ecosistema y acabando con el agua. Mantener nuestros bosques, es entonces un deber que es para siempre y que debe ayudar a conservar el equilibrio climático del planeta. La esperanza para mantener protegidos los territorios naturales en nuestro país está puesta en parte en la Estrategia de Lucha contra la Deforestación que estamos implementando; en la Ley de Delitos Ambientales como la recientemente promulgada; y en estrategias militares como la operación Artemisa que permiten el control de los territorios protegidos, la judicialización de quienes cometen delitos ambientales, el endurecimiento de las sanciones; y por ende, la protección de nuestras selvas y fauna.
Finalmente, sumado a lo anterior, es necesario que los legisladores retomen las discusiones y aprueben el Acuerdo de Escazú que se hundió en la pasada legislatura. Este acuerdo resulta vital porque fortalece los derechos ciudadanos a acceder a información ambiental y establece obligaciones a las autoridades de suministrarla, en consecuencia, hace más fuerte la participación ciudadana en este tema. Además establece medidas dirigidas a garantizar el acceso a la justicia en temas ambientales y, sobre todo, dados los riesgos comprobados contra la vida y su integridad, protege en forma especial los derechos humanos de los defensores ambientales.
