Todo comenzó con el intento, afortunadamente fallido, de Gustavo Petro de interferir en la elección del gerente de la Federación de Cafeteros, mediante un candidato que incluso llegó a ofrecer prebendas a algunos miembros del Comité Nacional. No obstante, el Congreso Cafetero preservó su autonomía y eligió por unanimidad al huilense Germán Alberto Bahamón, decisión que disgustó a Petro, quien anunció su intención de entenderse directamente con la base cafetera.
Sin embargo, la interacción del gobierno con los productores cafeteros no ha buscado solucionar problemas de productividad, costos o apoyar la renovación de cultivos, sino aprovechar políticamente las bases. Petro ha convocado reuniones con las familias cafeteras no para atender sus necesidades y buscar soluciones, sino para promover sus creencias ideológicas.
Más allá del discurso y las intenciones políticas, los recursos estatales, a cargo del gobierno, se asignan de manera muy escasa y con un evidente sesgo político. Por ejemplo, el reciente anuncio del Ministerio de Agricultura sobre la entrega de subsidios por 50 mil millones de pesos del Fondo de Insumos Agropecuarios a los pequeños productores para mitigar el impacto de fenómenos climáticos favorece desproporcionadamente a los cafeteros de ciertas regiones y castiga a los caficultores de los departamentos con mayor producción. En el Huila, siendo el principal productor del país con el 18.4% de la producción nacional, solo el 2.7% de sus cultivadores se beneficiarán; situación similar ocurre en Antioquia, que produce el 14.3% y solo el 6% recibirá subsidios; en contraste, en Arauca, con solo el 0.4% de la producción, el 89% recibirá subsidios, y en Magdalena, con el 1.7%, el 84% será beneficiado.
Este enfoque revela un intento del gobierno de politizar los apoyos estatales a los productores cafeteros de Colombia, creando absurdas divisiones que amenazan la histórica unidad de las 550 mil familias cafeteras del país. La distribución de recursos parece alinearse con las ambiciones electorales de Petro, basadas en su errónea interpretación de los resultados electorales territoriales recientes. A diferencia de gobiernos anteriores, donde el apoyo a los cafeteros, bueno o regular, era equitativo y libre de sesgos ideológicos, ahora enfrentamos una asignación de recursos claramente politizada.
Es indignante este trato discriminatorio, especialmente cuando los costos de producción han aumentado debido a factores como la invasión rusa a Ucrania, la pandemia y el actual abandono oficial. Aunque los precios del café habían sostenido al sector, los costos actuales (1.3 millones de pesos) superan los precios de venta del producto, poniendo en riesgo la viabilidad de la caficultura.
Esperamos que el gobierno reconsidere su actitud y no someta a los cafeteros a una crucifixión económica. Además, sería justo que los 30 mil millones de pesos anunciados para la renovación de cultivos no solo se incrementen, sino que se ofrezcan como apoyos directos en lugar de créditos. También es crucial, para compensar los altos costos frente al precio, que el Ministerio de Hacienda inyecte recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Café, que cuenta solamente con 300 mil millones de pesos dejados por el gobierno anterior. No son favores.
