La Defensoría del Pueblo dio a conocer 33 recomendaciones para evitar la violencia durante el ejercicio del derecho a la manifestación pública.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo 33 recomendaciones para evitar que se registren hechos de violencia en medio de las manifestaciones públicas y las protestas que se realicen en el país.
Camargo, dio a conocer ayer el resultado de las 26 mesas de trabajo con representantes de la sociedad civil, de las ONG, académicos, constitucionalistas y Fuerza Pública, que se hicieron en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema para garantizar la protesta pacífica.
La mayoría de las recomendaciones que están dirigidas a la Fiscalía General, la Policía Nacional, la Procuraduría y el Ministerio de Educación, son de tipo tecnológico, una de las que más llama la atención es la implementación de cámaras en los cascos de los agentes del Esmad para revisar la actuación policial antes y durante la protesta; drones para que registren y transmitan en tiempo real los hechos durante las intervenciones.
“La implementación de herramientas tecnológicas como mecanismo de vigilancia y grabación dentro de las patrullas y medios de transporte. También cámaras de grabación en los cascos del Esmad, con el fin de revisar la actuación policial antes y durante la protesta”, advirtió en un comunicado la Defensoría del Pueblo.
Al mismo tiempo, señaló que la tortura y los tratos crueles, están prohibidos. “Les recuerdan a la Procuraduría, Fiscalía y a la Inspección General de la Policía Nacional, que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, están prohibidos sin excepciones”.
Dentro del listado de consejos, además se destaca también la necesidad de avanzar en las investigaciones contra los uniformados que, en ejercicio de sus funciones, vulneren los derechos de quienes buscan grabar lo que sucede en medio de los disturbios.
La Defensoría, además, le solicitó específicamente a la Procuraduría que ejerza acciones de mayor vigilancia y acompañamiento durante los procedimientos policiales, sobre todo en las estaciones y en los Centros de Atención Inmediata (CAI). En la memoria de los colombianos todavía está el caso de Javier Ordóñez, quien murió luego de que los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda lo golpearan con violencia en el CAI Villaluz (Bogotá), el pasado 9 de septiembre. Cabe resaltar, que por estos hechos los uniformados fueron destituidos y además inhabilitados por 20 años.
