LA NACIÓN
En toda una incertidumbre quedó la aspiración de los candidatos del nuevo partido Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, Farc, debido a las posibles inhabilidades que presentarían los exguerrilleros para postular sus nombres.
La advertencia la lanzó la Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales quien señaló que la participación política de los miembros de la Farc quedaría en vilo por culpa de las inhabilidades que tendrían. La recién instalada comisión enviará cartas a la Corte Constitucional, al Congreso y al Gobierno para que se solucione esta situación.
Y es que, para poder ser candidatos, los miembros de la exguerrilla tendrán que presentar los certificados de antecedentes, que expide la Procuraduría, pero en estos quedaría constancia de las deudas que tienen con la justicia. Esto, a pesar de que el acto legislativo para la paz suspendió las condenas contra los integrantes desmovilizados.
A esto se suma que la misma ley que creó a la comisión, también creó un nuevo tipo penal denominado elección ilícita de candidatos, que define que, si una persona se lanza a algún puesto de elección popular, a pesar de estar inhabilitado, tendría una pena de 4 a 9 años de cárcel y una multa de 200 a 800 SMLMV.
Este problema tendría que solucionarse pronto, pues la inscripción de candidatos para las elecciones de 2018 empieza este 11 de noviembre e irá hasta el 11 de diciembre, es decir, un mes. Esta advertencia la hizo el registrador nacional, Juan Carlos Galindo.
Esta polémica se da apenas días después de que el Consejo Nacional Electoral aprobara la personería jurídica de la Farc, de que se conociera quiénes serán los candidatos de la exguerrilla para el Congreso y de que Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, dijera que se lanzará para las elecciones presidenciales de 2018.
Además de Galindo, la comisión está integrada también por el fiscal general, el ministro de Justicia, el procurador general, el presidente de la sección quinta del Consejo de Estado, el defensor del Pueblo, el director de la Policía, así como tres senadores y otros tres representantes a la Cámara.
En manos de la Corte Constitucional quedó la controversia sobre si el recién creado partido político Farc puede inscribir como candidatos a las próximas elecciones a personas que tengan condenas penales vigentes en la justicia.