Nada más improvisado, caótico y falto de todo sentido común lo que está ocurriendo con la renovación obligatoria de las licencias de conducción para los colombianos. Ni el Ministerio de Transporte, con funcionarios que redactaron la norma pero no saben explicarla; ni la Superintendencia de Puertos y Transporte que, es su función principal, debería salir al auxilio de los aturdidos ciudadanos y mucho menos los voraces empresarios de los centros de conducción, ninguno sabe decir con exactitud quiénes deben renovar la licencia, cuándo, cómo ni cuánto debe costar o si se mantiene la gratuidad como quedó consignado en otra disposición.
Como bien lo han denunciado en el Congreso de la República, el Ministerio de Transporte pretende con un juego de palabras justificar la aplicación de la renovación de las licencias de conducción, pero lo primero que debió hacer fue la sustitución, que es un cambio general y gratuito al nuevo formato, semejante al que hizo la Registraduría hace unos años con las cédulas de ciudadanía, sin que se afecte el bolsillo de los colombianos. Según el Ministerio que no es ilegal cobrar por las licencias, dándole la razón a quienes cuestionan que todo este maremágnum conduce simple y llanamente a consolidar un gigantesco negocio multimillonario de un puñado de empresas privadas.
Valga recordar que en octubre de 2012 el mismo Ministerio se comprometió que a partir de 2013 empezaría todo el proceso de sustitución gratuita de las licencias, pero pareciera que cambiaron de opinión.
Una de las confusiones es esta, jugando con las palabras: que se convoca es a “renovar” y que no aplica para todos, pero es que la mayoría de personas que manejan vehículos particulares tienen licencias de servicio público, es decir, de categorías 4, 5 y 6 con las que antes podían manejar vehículos particulares, y sin importar que estuviesen vencidas para servicio público podían – y pueden – manejar vehículos particulares, pero ahora no podrán hacerlo y los obligan a renovar.
Y como si faltara desorden, la Superintendencia de Puertos y Transporte suspendió a varios centros de reconocimiento de conductores, en aras según la entidad de “proteger el derecho a la vida”. Es claro que el interés del Estado es no permitir que quienes no sean aptos no reciban el derecho a conducir, portando una licencia, y que vender certificados sin haber realizado los exámenes médicos – que solía ser una práctica usual – tiene consecuencias mortales. Pero otra cosa es que la medida radical de cerrar esos centros de reconocimiento se dé justo cuando se acercan multitudes a adelantar el procedimiento de renovar las licencias.
Increíble, en fin, lo mal redactada la ley, lo pésimamente explicada, lo confuso del papel de las entidades estatales y lo claro, eso sí, del gran negocio que está montado detrás de todo eso. ¿Quién nos defiende?
“El mismo Ministerio se comprometió que a partir de 2013 empezaría todo el proceso de sustitución gratuita de las licencias, pero pareciera que cambiaron de opinión”.
Editorialito
Pese a las dificultades y poco apoyo estatal, los deportistas huilenses Andrea Carolina Olaya y Darío Guzmán Ipuz obtuvieron la máxima presea en el Campeonato Panamericano Juvenil de Lucha Olímpica que se realiza en Chile. Un triunfo meritorio, sin duda, que debe traducirse en un respaldo más notorio por parte de las autoridades deportivas para consolidar jóvenes talentos.
