La audiencia de medida de aseguramiento contra la exconsejera para las regiones, Sandra Liliana Ortiz, tuvo que se aplazada debido a fallas tecnológicas. El 3 de diciembre se reanudará la diligencia judicial. La Fiscalía le imputó delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
Sandra Liliana Ortiz, exconsejera para las regiones del gobierno de Gustavo Petro e involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se enfrentó ayer, en el complejo judicial de Paloquemao a una nueva diligencia judicial, en la que la Fiscalía General de la Nación pidió medida carcelaria al indicar que habría sido quien transportó $3.000 millones de pesos para pagar al presidente del Senado de la República de 2023, Iván Leonidas Name, esto ha sido atribuido para favorecer las reformas presentadas por el Gobierno Nacional ante el Congreso.
Fallas tecnológicas registradas durante la audiencia, motivó a que esta fuera aplazada para el próximo 3 de diciembre. Al salir, la denunciada manifestó que la Fiscalía no mostró pruebas en su contra y en cambió, advirtió su defensa demostrará su inocencia.
“Entre el 12 y 13 de octubre de 2023 usted Sandra Liliana Ortiz creó riesgo jurídicamente desaprobados, idóneos y sustanciales al transportar en dos oportunidades la suma de 1.500 millones de pesos en efectivo para un total de 3.000 millones de pesos, dineros recibidos de los funcionarios de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, derivado de la contratación ilícita de dicha entidad con destino al presidente del Senado de la República, Iván Leonidas Name Vásquez, el dinero ilícito fue obtenido a través de la Comisión de Delitos contra la Administración Pública tales como interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado”, afirmó el organismo de control.
Durante la diligencia judicial Sandra Ortiz no aceptó los cargos de tráfico de influencia y lavado de activos que se le imputaron. Por estos delitos podría enfrentarse a una pena de 5 a 12 años y 10 a 30 años, respectivamente. De ser así, sería la primera exfuncionaria del Gobierno que terminaría tras las rejas por el escándalo de la UNGRD.
