Para hoy se tiene programado conocer la sentencia que recibirá Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por pertenecer a los “Doce Apóstoles”, un grupo paramilitar que operó en el departamento de Antioquia durante la década de 1990.
A pesar de que el proceso ha tenido la participación y seguimiento permanente de abogados, periodistas, investigadores y víctimas, se ha caracterizado por los múltiples aplazamientos y demoras que han puesto en duda la independencia del sistema judicial en este caso.
La investigación inició en el año 2010 por parte de la Fiscalía General de la Nación. Dos años después la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Santiago Uribe por los delitos de concierto para delinquir agravado. También fue acusado de ser el autor del homicidio del señor Camilo Barrientos. Del grupo los “Doce Apóstoles”, las autoridades pudieron documentar un total de 533 asesinatos selectivos en Antioquia, realizados en cumplimiento de una estrategia de “limpieza social”, que ejecutaron con el apoyo de empresarios de la región.
En 2015 la Corte Constitucional ordenó la suspensión del proceso debido a una supuesta violación del derecho a la defensa de Santiago Uribe. En 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó reanudar el proceso.
Después de muchas audiencias, el 9 de febrero de 2021 terminó el juicio con petición de condena por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. Se esperaba que en los siguientes días fuera emitido el fallo, sin embargo, tuvieron que pasar 3 años y 9 meses para que hoy por fin el juez primero penal del circuito especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, dé a conocer la decisión.
Este caso representa la dificultad para juzgar y condenar a los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Procesos que están en manos de jueces o fiscales que en la mayoría de los casos han sido permeados por la corrupción, por las presiones, o por amenazas para que los procesos nunca prosperen.
El caso de Santiago Uribe es un ejemplo claro de cómo la influencia política y económica puede obstaculizar la justicia en Colombia. A pesar de las pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía General de la Nación, pasaron catorce años para tener una sentencia. Es fundamental que el sistema judicial actúe de manera independiente y transparente para garantizar que los responsables de crímenes sean juzgados y condenados. La lentitud y las demoras en la administración de justicia, no solo afecta la búsqueda de resultados y la verdad para las víctimas, sino que también minan la confianza en el sistema judicial y perpetúan la impunidad.
