La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó ayer la Ley de Comunicación, que incluye novedades como la figura del 'linchamiento mediático' y la creación de un Consejo de Regulación de Medios y es considerada una "mordaza" por la oposición y diversos medios de todo el continente. En esa línea, nos sumamos al editorial publicado por varios periódicos de Suramérica ante una norma que, si bien corresponde al derecho interno ecuatoriano, se constituye en talanquera para los colegas de ese país y es también un duro golpe para la libertad de expresión, información y prensa en el mundo entero.
En todos los países, la relación entre el periodismo y el poder da pie a permanentes conflictos. Es natural que así sea. La prensa, perro guardián de la democracia, busca develar lo que funcionarios y poderosos no tienen interés en que se conozca. Pero cosa distinta es que los gobernantes busquen limitar o cercenar los fundamentales derechos a la expresión, información y prensa.
Esto viene sucediendo en Ecuador. Desde hace varios años, el presidente Rafael Correa ha querido silenciar a aquella que considera opositora. Su tolerancia a la crítica y a la información que no lo favorecen es nula. No desaprovecha oportunidad para insultar y descalificar a periodistas y medios. Rompe periódicos e invita a los ciudadanos a que no los lean. Tacha a sus directores, comunicadores y directivos de organizaciones que defienden la libertad de expresión de corruptos, mentirosos, cobardes, sicópatas… y otros epítetos impropios de un gobernante. Utiliza medidas administrativas para ejercer presión. También presiona a la empresa privada para que no paute en los que son objetivos y críticos. Demanda a unos y otros por vías penales y civiles. En 2012 la Corte Nacional de Justicia, en sentencia que resolvió la demanda interpuesta por el mandatario, confirmó la condena al pago de cuarenta millones de dólares contra el periódico El Universo y sus directivos, y tres años de prisión contra estos y el periodista Emilio Palacio por una columna publicada en ese mismo diario.
La ley aprobada ayer, respaldada por el presidente Correa, desconoce los estándares mínimos que, para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión, información y prensa, se encuentran consagrados en la Constitución de ese país y en tratados internacionales.
Las normas votadas abren la puerta para intervenir contenidos, establece un régimen de sanciones y responsabilidades que ponen en riesgo la subsistencia de los órganos periodísticos, y estimula la concentración de los medios públicos en desmedro de los privados.
Además, se adicionan normas para crear la Superintendencia de Comunicaciones, que autorizan la intervención en los medios y llevan a tipificar como delito el “linchamiento mediático”, en virtud del cual los procesos de investigación periodística, especialmente los relacionados con denuncias de actos de corrupción, se vuelven imposibles.
Como dijeron los minoritarios opositores a la norma, la Asamblea Nacional firmó el acta de defunción de la libertad de expresión en Ecuador, y van camino a la consolidación de un régimen fascista.
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“La ley aprobada ayer, respaldada por el presidente Correa, desconoce los estándares mínimos que, para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión, información y prensa, se encuentran consagrados en la Constitución de ese país y en tratados internacionales”
Editorialito
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