La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal de $87.027 millones por las irregularidades que se presentaron en el contrato que el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados celebraron en 2020 para llevar internet a zonas apartadas.
La Contraloría General por medio de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción profirió un fallo fiscal en contra de integrantes de la Unión Temporal Centro Poblados, así como de la firma interventora y empresa proveedora de equipos, quienes incumplieron el contrato que se había firmado para llevar internet a apartadas zonas rurales del país.
De acuerdo con el ente de control, hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, lo que llevó a que algunos lugares concebidos en el proyecto se quedaran sin acceso a internet.
El fallo
La Contraloría en su fallo ordenó el pago de $87.027 millones, por las irregularidades en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, celebrado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
El daño, dice el ente de control, “se materializó en el incumplimiento de la entrega total de equipos para la culminación del proyecto, situación que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el propósito de llevar conectividad gratuita a las zonas más apartadas de Colombia”.
“Hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, dado que no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, cuyo objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país”, complementa la Contraloría en su fallo.
Inconsistencias
Por lo anterior, de acuerdo con la Contraloría, conllevaron a la terminación anticipada del contrato, lo que implicaba el retorno de los recursos públicos por la obligación que se había adquirido.
Además, en medio de los incumplimientos e irregularidades se sumó la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, con la cual, señala la Contraloría, “no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo ($70.000 millones)”.
Además de la responsabilidad del consorcio Centros Poblados, la Contraloría determinó que “hubo omisión en la entrega de los equipos por parte de la respectiva empresa proveedora, y por tal razón también declaró responsable fiscal al representante legal de la empresa distribuidora”.
También, falló en contra de los miembros del consorcio interventor “toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que las soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, esto es, la totalidad de los equipos necesarios para en cumplimiento del proyecto”.
Más decisiones
En el caso de algunos funcionarios del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUNTIC) se falló sin responsabilidad fiscal en contra de Adriana Meza, en calidad de representante legal delegada del FUNTIC y Sandra Orjuela, en calidad de subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio TIC. En el caso de esta última, el fallo de la Contraloría dice que “adelantó todos los procedimientos que le eran exigibles funcional y legalmente para la aprobación de las garantías bancarias”, por lo que la funcionaria “fue inducida en error” por parte de los miembros de Centros Poblados.