Certidumbres e inquietudes

La realización de la democracia y del Estado de Derecho, y la convivencia social, son imposibles si los asociados, y en especial quienes ejercen poder o autoridad, o aquellos particulares que influyen en la opinión pública, Una regla esencial José Gregorio Hernández Galindo La realización de la democracia y del Estado de Derecho, y la convivencia social, son imposibles si los asociados, y en especial quienes ejercen poder o autoridad, o aquellos particulares que influyen en la opinión pública, no se comprometen a respetar las reglas de juego, ya que justamente el concepto esencial de la forma de gobierno que hemos escogido reside en la existencia de una delimitación normativa plasmada en la Constitución y las leyes, con cuya observancia toda la comunidad está comprometida. Ese es el pacto, y el sistema democrático fracasa si las reglas de juego se quebrantan. Una de las más importantes de esas reglas consiste en la sujeción de toda la colectividad a las decisiones que adoptan, dentro de sus competencias y previo un debido proceso, los integrantes de la rama judicial, a quienes el sistema jurídico confiere autoridad para decidir acerca de los asuntos en que así lo contemplen la Constitución y las leyes: los jueces y tribunales. Ellos administran justicia a nombre del Estado y sus decisiones son vinculantes. En concordancia con ello, y por necesaria contrapartida garantizada mediante la coercibilidad de las normas jurídicas, los ciudadanos y las autoridades se obligan a acatar las sentencias judiciales y a su cabal cumplimiento. Para el efecto no se necesita que compartan las razones de los jueces o los fundamentos de sus providencias. Cuando se acude a un juez o a un tribunal para que resuelva sobre un punto de Derecho; para que establezca la responsabilidad penal de alguien; para que solucione un conflicto; para que aplique dentro de su autonomía funcional una cierta disposición a unos hechos determinados, los afectados positiva o negativamente con el fallo están sometidos de antemano al sentido de la decisión, sin perjuicio  -claro está-  de ejercer los recursos y de expresar los motivos de disenso. Pero es entendido  -y esa es la esencia del sistema vigente-  que nadie expresará su critica irrespetando a los jueces, llamando al desacato, ni quebrantando los postulados básicos. Desde luego, la academia puede, en ejercicio del libre examen que le atañe, apartarse de la argumentación judicial y señalar las equivocaciones en que haya podido incurrir el juez, pero sin romper el naipe, como lo hacen los malos jugadores. Por todo ello, ciertas actitudes asumidas en estos días por importantes personajes ponen en peligro la democracia, el Estado de Derecho y la convivencia social.