La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco, presentaron recientemente el informe ‘Desnutrición en la primera infancia: análisis multicausal, perspectivas y desafíos’, en el que hacen un balance sobre la compleja situación de inseguridad alimentaria en el país y la falta de acceso a alimentos con alto grado de nutrientes.
Fueron 1.748 menores de 5 años los que perdieron la vida en el país entre 2017 y 2023 por desnutrición y causas asociadas, constata el documento, basado en reportes del Instituto Nacional de Salud, INS. Es una situación que persiste, pues entre enero y el 15 de junio del 2024, también atendiendo a información del INS, murieron 123 niñas y niños del mismo grupo etario por la misma causa (55 de ellos son decesos confirmados y 68 aún están como probables).
En 2023, el 50% de las muertes por desnutrición y causas asociadas correspondió a menores de 5 años que residían en zonas clasificadas como rurales dispersas; el 32% de los casos de desnutrición infantil se registró en menores de 1 año, y el 26%, en población con pertenencia étnica, con especial grado de afectación en población indígena.
También en el 2023, evidencia el informe, 15.4 millones de personas en Colombia presentaron insuficiencia alimentaria; es decir, la imposibilidad de obtener diariamente nutrientes y proteínas esenciales que están en verduras, frutas, carnes y productos lácteos, y 15.3 millones de colombianos adoptaron estrategias para enfrentar tal situación. Los departamentos donde más se registró el fenómeno fueron Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó y Atlántico, con el 34% de su población afectada.
Estas son las cifras que deben indignar a todo un país. Son las cifras que retratan la vulneración del derecho a la alimentación de la primera infancia en Colombia y las inmensas dificultades que persisten para acceder a la salud y al agua.
Enfrentar esta ‘radiografía’ requiere acciones integrales por parte del Estado en todos sus niveles.
