Después de nueve años, los colegios del infortunio siguen inconclusos. Los carteles de la contratación favorecidos por la exministra Karen Abudinen se quedaron con 33.799 millones de pesos. La Contraloría General de la República vinculó a los presuntos responsables.
Las investigaciones por la fallida construcción de los diez ‘colegios de la Felicidad’, tomó un nuevo aire. Después de permanecer prácticamente estancada, la Contraloría General de la República cerró la indagación preliminar y reactivó el juicio fiscal por la pérdida de las inversiones ejecutadas que ascienden a 33.799 millones de pesos, sin indexar.
El proyecto se concretó con un convenio firmado el 3 de febrero de 2016 entre la ministra de Educación, Gina Parody, y el gobernador de la época Carlos Julio González.
La funcionaria se había comprometido a cofinanciar diez megacolegios en los municipios del Huila no certificados.
No obstante, los compromisos financieros quedaron en el aire. El 4 de octubre de 2016 la ministra Parody renunció al cargo y las inversiones quedaron ‘colgadas de la brocha’.
Descalabro
El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), ejecutor de los recursos, reversó ese compromiso.
Pese al descalabro, el gobernador González Villa decidió persistir en el proyecto asumiendo los costos de la financiación con recursos del crédito, incluyendo interventoría y obras complementarias.
En esta fase solo fueron priorizados seis de los diez colegios públicos: Elisa Borrero de La Argentina; Marillac de La Plata; Juan XXIII de Algeciras, José Eustasio Rivera de Isnos, La Merced de El Agrado y Promoción Social de El Pital.
Duro golpe
El robo de 70.243 millones de pesos pagados por la exonerada ministra Karen Abudinen como anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados enredó la ejecución de los diez ‘Colegios de la Felicidad, convertidos en colegios del infortunio.
Intec de la Costa, uno de los cuatro socios minoritarios del entramado empresarial del corrupto contratista Emilio Tapia, aparecía como integrante del Consorcio Huila con Futuro, beneficiario del millonario contrato, que no pudo terminar.
La voluminosa contratación adjudicada durante el gobierno de Iván Duque a los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados quedó congelada. Entre ellos figuraba el contrato de obra No. 1465 de 2018 firmado entre la Gobernación del Huila y el Consorcio Huila con Futuro para la construcción de la primera fase de los seis ‘Colegios de la Felicidad’.
Confirmada la participación de la firma costeña en este megacontrato, la Contraloría decretó la intervención funcional de oficio y asumió la investigación.
En su criterio las inversiones realizadas antes del descalabro de Centros Poblados y los recursos ejecutados con posterioridad se perdieron.
Inversiones perdidas
El contrato fue adjudicado al consorcio ‘Huila con Futuro’ el 21 de diciembre de 2018 en medio de una polémica audiencia pública salpicada por denuncias sobre un supuesto favorecimiento. Pero no pasó nada.
El presupuesto oficial fue estimado en 35.700 millones de pesos para construcción de la primera fase de seis colegios de la felicidad con un plazo de 12 meses.
Sin embargo, después de tres adiciones en tiempo y en dinero, terminó costando 45.536 millones de pesos, y, lo más grave, las obras quedaron inconclusas, lo construido no está en servicio y parte del anticipo, se esfumó. Nadie responde.
Sin futuro
De este consorcio hacían parte, la firma Proyectante, representada por Mauricio Javier Amar, dueño del 50% de la participación y representante del consorcio.
Además, hacían parte la empresa Constructora Labco de Luis Molinas Malleu Zarate (con el 20%), La Macuira Inversiones de Darío Cohén Barros Zinmerman con el 15% e Intec de la Costa con el 15% restante, representado por Hugo Armando Canabal Hoyos, quien figuraba como socio de Emilio Tapia, condenado por el desfalco a Centros Poblados.
Canabal fue capturado en el 2022 por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento.
El 26 de febrero de 2019 se firmó la interventoría con el Consorcio Interventores la Felicidad (contrato No. 0662 de 2019).
El contrato fue modificado, tuvo cuatro adiciones, tres en valor y una en tiempo; y dos suspensiones de obra, que modificaron el contrato de obra, en valor final de 45.536 millones de pesos y plazo final de 25 meses que nunca cumplieron.
Nuevo aire
Después de tres años de haberse ordenado la apertura del juicio fiscal, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción reactivó el proceso por el menoscabo de los recursos públicos invertidos en las obras que nunca fueron terminadas.
El contralor delegado Julián Darío Henao, vinculó a los contratistas, a los interventores, como presuntos responsables. Igualmente, dispuso la vinculación de dos ex gobernadores, el jefe de contratación, y los tres secretarios de educación, que participaron en el proceso.
La decisión fue notificada el 13 de noviembre de 2024 a los implicados.
Implicados
La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción abrió el juicio fiscal y vinculó como presuntos responsables fiscales, al consorcio Huila con Futuro integrado por las sociedades Proyectante SAS representadas por Mauricio Javier Amar.
Además, la empresa Constructora Labco de Luis Molinas Malleu Zarate, La Macuira Inversiones y Construcciones de Darío Cohén Barros Zinmerman e Intec de la Costa representada por Hugo Armando Canabal Hoyos, quien figuraba como socio de Emilio Tapia, condenado por el desfalco a Centros Poblados.
Interventores
Igualmente, vinculó al Consorcio Interventores la Felicidad en calidad de interventores, representados por Andrés Humberto Martínez Vesga con una participación del 45%; a la compañía Ingenieros Civiles de Colombia (Covilco Ingeniería) con una participación del 25% y a la empresa Consultores del Occidente, dueño del 25%. También a Clemente Alfredo Buitrago Amarillo, dueño del 5%.
En este proceso también fueron vinculados, el director de Contratación, César Augusto Serrano Quimbaya, quien tenía expresa delegación del gasto y el control del contrato de obra. Serrano adjudicó y suscribió los contratos fallidos.
Como tercero civilmente responsable vinculó a la compañía de Seguros Liberty Seguros.
Exgobernadores
Como presuntos responsables fiscales vinculó a los exgobernadores Carlos Julio González (2016-2019) y Luis Enrique Dussán López (2020-2023), quienes tenían en forma directa el control del contrato de obra, permitiendo el vencimiento del mismo sin que se cumpliera con el 100% objeto del contrato, ya que este solo tuvo un avance de obra del 67,9% y financiero del 65,9% y a la pérdida de los dineros entregados al contratista por concepto de anticipo, y del pago de las actas parciales de obra.
González Villa pagó el anticipo, giró el primer adicional y canceló las primeras tres actas parciales de obra (aproximados 33.579 millones de pesos).
Dussán López, según la Contraloría, contribuyó a la pérdida de los dineros públicos entregados al contratista. Dussán López canceló la segunda y tercera adición presupuestal del anticipo y seis actas parciales de obra (alrededor de 14.636 millones de pesos).
Los dos exmandatarios tendrán que rendir cuentas por su posible omisión.
Otros
Por la pérdida de los dineros públicos también fue llamado a responder, César Augusto Serrano Quimbaya, jefe de Contratación de González Villa, delegado como ordenador del gasto y quien suscribió el cuestionado contrato.
Además, fueron llamados a responder los exsecretarios de Educación, José Luis Castellanos, quien avaló el pago de las primeras tres actas parciales de obra; Luis Alfredo Ortiz, quien autorizó el pago de las siguientes cuatro actas parciales y finalmente, Milena Oliveros, quien suscribió la última acta parcial de pago.
Daño patrimonial
El consorcio constructor Huila con Futuro recibió por concepto de anticipos la suma de 18.214 millones de pesos que corresponden al 40% del valor total del contrato.
Adicionalmente el contratista recibió otros $30.006 millones de pesos por actas parciales de obras ejecutadas.
Del anticipo solamente fueron amortizados 12.002 millones de pesos en nueve actas parciales. El resto, 6.212 millones de pesos se perdieron. Ni el contratista ni el interventor supieron en que fueron invertidos.
Sin embargo, el daño patrimonial fue superior. Según la Contraloría, el detrimento global ascendió a 33.799 millones de pesos, sin indexar, por la pérdida de los recursos públicos entregados por concepto de anticipo y pago de nueve actas parciales de obra.
El contrato de obra se venció el 30 de agosto de 2021 y la obra no se culminó. Este hecho, según el contralor delegado, trajo como consecuencia que no se esté cumpliendo los fines esenciales del Estado y no se esté prestando el servicio para el cual fue contratado haciendo que todos estos recursos invertidos se perdieran.
En esa fecha, según la interventoría, los atrasos del contratista ya no eran mitigables y comprometía seriamente la entrega de las obras conforme a la programación establecida. El avance de obra era del 65.9% y el avance financiero del 67.9%.
En el limbo
Después de ocho años, las obras siguen sin terminar y las inversiones no sirvieron. Ni González Villa ni Dussán López lograron terminarlas.
Según la ex secretaria de Educación Milena Oliveros, la Gobernación autorizó desde el 11 de marzo de 2022 la cesión del 15% que le correspondía a Intec de la Costa para facilitar la reanudación y terminación de las obras. Tampoco se logró. En julio pasado, la gobernación anunció una consultoría para determinar el estado de las obras y cuantificar los costos para su terminación. Hoy estas obras siguen en el limbo.
