Lo que se conoce a diario, por diversos medios, sobre el desarrollo nacional y proyectos, conjeturas, ejecutorias y logros del gobierno actual, permiten concluir que las perspectivas, de reformas y desarrollo nacional, son inciertas. Las visiones y propósito sociales del Ejecutivo parece correcto, pero sus decisiones, estrategias y ejecutorias son deficientes y contradictorias con la realidad nacional y las fortalezas de sus contradictores, evidentes enemigos del desarrollo nacional. Al respecto, le falta sindéresis al jefe de gobierno.
Los enemigos y opositores a las reformas que demanda Colombia, han demostrado, desde siempre, que no les interesa la suerte y bienestar de las mayorías nacionales. Adicionalmente, los opositores irracionales de las reformas, sometidas a aprobación del congreso y anunciadas, han sido y son los dueños y usufructuarios del poder económico y político nacional, desde siempre y actúan como tales, sin importar su auto nominación política.
Las graves deficiencias, inconsistencias, laxitudes y proclividades de la institucionalidad vigente, obedecen a la continuidad, en el poder público, de gobernantes representantes de los dueños y usufructuarios exclusivos del poder económico y político nacional. Los resultados lo comprueban. Esas son las causas medulares, determinantes de la resistencia irracional a los cambios e inaplazables reformas de la institucionalidad en general, que exigen, el desarrollo socioeconómico, técnico-científico, intelectual y cultural. Sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales, de toda la normatividad vigente, incluidas drásticas normas legales, procedimentales y penales, para contener y erradicar la corrupción, la criminalidad, la politiquería, el clientelismos y la impunidad, en todos los niveles de la administración pública, es imposible la reconstrucción integral nacional que necesita Colombia.
La elección para ejercer el poder ejecutivo de la nación, de un ciudadano considerado de izquierda, como ocurrió en las elecciones de 2022, no se debe entender y asumir como un cambio de sistema político y menos económico. Aunque pueda generar condiciones para plantear cambios institucionales e impulsar el desarrollo nacional, no es fácil, porque los sectores de derecha y extrema derecha, constituidos en oposición al gobierno y en cogobierno con los gremios económicos, lo impiden. Las reformas, las aprueba el Congreso y pueden ser bloqueadas, por la oposición, como se conoce.
El Congreso colombiano está integrado por una variopinta representación de partidos (37) y organizaciones políticas, en muchos casos, integradas por, oportunistas pescadores en rio revuelto. La violencia partidista que justificó el Plebiscito del miti-miti (1957), incubó e institucionalizó la politiquería, el clientelismo y el cáncer de la corrupción en el poder público colombiano, fatalidad política, interpretada certeramente por Voltaire, hace más de dos siglos. “La política es el camino para que los hombres sin principios (ni ideas, ni conocimientos, ni sentido de responsabilidad), puedan someter y gobernar, a comunidades sin memoria.”
Es situación viabilizada, en cualquier nación, bajo los efectos de la voluble memoria y la voluntad incierta, cimentada y cosechada, por los planificadores de nuestro conformismo. Colombia está sumida en un caos ético, moral, institucional, económico, político y social, que se refleja en todos los niveles del ejercicio del poder público y corrobora exactamente la visión de nación y de la política, que tenía y manifestó, el excandidato, Galán Sarmiento, hace más de treinta años, cundo dijo: “las élites políticas de Colombia, han hecho de la administración pública nacional, un botín, que se lo reparten a pedazos”.
Esa realidad no ha cambiado. Se ha profundizado y es una amenaza real, para el futuro de Colombia y sus generaciones futuras y presentes.
La problemática económica y fiscal de Colombia, es muy grave. Los índices de pobreza, desempleo, subempleo son endémicos. Mientras la producción, exportaciones e importaciones nacionales decrecen mes a mes, y el endeudamiento público, externo e interno público y el déficit fiscal, crecen dramáticamente. Tal como se percibe el panorama económico, fiscal, político y social nacionales, no permiten augurar nada promisorio, en el corto, mediano y largo plazo.
Se requieren profundas Reformas, políticas económicas, sociales y jurídico-procedimentales, que garanticen restructurar el marco legal institucional integral nacional, de manera que garanticen crecimiento económico, productivo efectivo que permita competitividad y sustitución de importación, de todos los productos básicos, que antes se producían en el agro colombiano.
La sustitución de importaciones, por producción nacional básica, permitiría generar más de dos millones de puestos de trabajo y con ello reducir la pobreza endémica nacional. No aparecen decisiones al respecto. Los colombianos que hoy creen en la imperiosa necesidad de reconstruir institucional y económicamente, a Colombia, deben pensar y creer que los logros que alcance el actual presidente, en sus cuatro años de gobierno, deben sostenerse y ampliarse, en la próxima legislatura nacional. Se deben ampliar y profundizar, los cambios y reformas, a partir del próximo periodo presidencial.
El elector, como mayorías nacionales, deben entender que para poder hacer las reformas que necesita Colombia, debe lograr mayorías en todos los órganos legislativos colegiados, es decir, lograr absolutas mayorías, en toda la nación, en las elecciones de 2026. Solo será posible lograrlo, si quienes creen en la necesidad de cambiar el sistema económico-político y social y lograr desarrollo nacional integral, unifican criterios, objetivos y métodos, para llegar al elector, con mensajes didácticos, claros y concretos, sobre las causas de la problemática que afronta Colombia y que cada elector entienda perfectamente, quiénes son los responsables, desde siempre, del desastre administrativo, económico y social.