Durante el primer día de la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía se habló de los contratos existentes y sobre cómo destrabar los que están suspendidos, pero el sector se quedó esperando la noticia de firmar nuevos y envió advertencias. Cubrimiento especial LA NACIÓN en Bogotá.
CATERIN MANCHOLA
Durante la instalación de la V Cumbre del Petróleo, Gas y Energía en Ágora Bogotá, el presidente ejecutivo de Campetrol, Nelson Castañeda reiteró la importancia de firmar nuevos contratos, poniendo como ejemplo lo que vivió el país hace pocos años y de lo cual aún no se recupera.
Expuso que al ser esta una industria de largo plazo, “hoy se ven los impactos de no haber firmado nuevos contratos de exploración y producción en el período 2013 – 2018 por el ciclo de precios bajos que todos conocemos, pasando de producir 1 millón de barriles de petróleo en el 2013, 2014 y 2015, a cerca de 750 mil promedio año en el 2022”.
Destacó que con las inversiones de las compañías operadoras, que este año son superiores a los 5.000 millones de dólares en toda la cadena de valor, “ha sido posible contrarrestar la declinación natural de los yacimientos estimada en el 15% anual, lo que nos ha permitido mantener la generación de impuestos y regalías e inversión social para las regiones”.
Ayer Castañeda también le dijo directamente a la Ministra de Minas, Irene Vélez, que desde la industria “estamos convencidos de que lograremos enamorarla del sector”, pero se quedó esperando los anuncios en materia de nuevos contratos. Pues, “considerando los niveles de reservas actuales de petróleo de 7,6 años y de gas de 8,0 años, uno de los grandes retos del país es asegurar la autosuficiencia energética”, advirtió el experto.
Esa es una de las principales medidas que debe tener el país para garantizar la seguridad energética y para transitar hacia las energías limpias, subrayó el exministro de Minas, Amylkar Acosta. “La transición energética en la que estamos no puede poner en riesgo la seguridad energética”, dijo. Y aseveró que “Colombia no puede aplicarle la eutanasia al petróleo y al carbón” pues a su juicio eso sería “suicida”, por el contrario sí debe “aplicar medidas paliativas”, debido a la alta dependencia que tiene el país de este sector en materia económica y social.
Por su parte la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez habló del proceso de planeación participativa que se tendrá durante seis meses y en el cual dijo que es importante el aporte del sector energético.
Se refirió a unos principios para garantizar “una transición energética justa” y explicó que se debe asegurar la reducción de los gases de efecto invernadero, una reindustrialización, que se descarbonicen las industrias, pero en sintonía con la soberanía energética y la optimización de la productividad del sector de hidrocarburos.
“Es importante seguir mejorando la gestión de los recursos y de los contratos (que ya se firmaron) de manera que podamos optimizar la productividad en el sector de hidrocarburos”, subrayó.
Y acto seguido indicó que han “iniciado junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH, en un diálogo muy directo con la ACP un proceso de revisión de los contratos existentes, toda vez que sabemos que en los contratos existentes tenemos unos recursos disponibles que se pueden convertir en reservas y que podrían darnos una enorme confiabilidad respecto, por ejemplo, al sistema eléctrico” y así, entre otras cosas, garantizar el consumo domiciliario e industrial durante las próximas décadas.
E insistió: “para nosotros esa evaluación de la situación actual de los contratos es una política de la transición energética para poder asegurar que la gestión de los mismos es una fuente de garantía de esa mayor productividad”.
Informó que al momento hay 380 contratos entre los que son administrados por la ANH, los que son exclusivos de Ecopetrol y los que están suspendidos, siendo estos últimos “en los cuales quisiéramos centrar nuestro mayor esfuerzo en los meses siguientes, 35 de estos están suspendidos por diversas causas como conflictividad social, de orden público y trámites ambientales”.
Para la Ministra la prioridad es destrabarlos y que continúen, dados los recursos que representan para el país.
