La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó nuevamente la medida cautelar de vigilancia especial a la Caja de Compensación Familiar. Ante una eventual contingencia la entidad no tendría la disponibilidad de recursos para responder por los servicios de salud a sus 554.527 afiliados.
RICARDO AREIZA
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La Caja de Compensación Familiar del Huila no logró salir del torbellino financiero que la mantiene al borde de la inviabilidad financiera y que podría impactar en el corto plazo su estabilidad.
La crítica radiografía reflejada en los estados financieros fue ratificada ahora por la Superintendencia Nacional de Salud.
“La entidad mantiene niveles de endeudamiento elevados, lo que denota el alto riesgo de insolvencia y operatividad, colocando en riesgo la garantía de prestación de servicios de salud a la población afiliada de forma oportuna y con calidad”, precisó el superintendente, Fabio Aristizabal Ángel.
El diagnóstico lo realizó como soporte para extender las medidas de vigilancia especial.
La crítica situación reportada por LA NACIÓN en junio pasado, reflejaba esa misma incertidumbre.
Ahora, el sombrío panorama lo ratificó el superintendente Delegado para las Medidas Especiales, Germán Augusto Guerrero Gómez.
Según el funcionario, los problemas de liquidez de la EPS Comfamiliar comprometen su capacidad de pago con las obligaciones a corto plazo.
“Para las vigencias 2019, 2020 y junio de 2021 se observa un patrimonio negativo a causa de las pérdidas persistentes en los resultados del ejercicio que aumentaron en gran medida durante el primer semestre de 2021, poniendo en riesgo la situación financiera de la entidad”, anotó.
Saldos en rojo
El impacto negativo ha sido provocado por las pérdidas recurrentes de la EPS Comfamiliar desde el año 2012. Este comportamiento adverso disparó un crecido endeudamiento con terceros del 81.2%, y un índice de propiedad tan solo del 18.8% al terminar la última vigencia.
Con pasivos totales por 393.996 millones de pesos y críticos indicadores de solvencia, la EPS Comfamiliar no logró salir de la asfixia presupuestal que hoy mantiene en la incertidumbre la oportuna prestación de los servicios a 554.527 afiliados en Boyacá y Huila (433.539 usuarios), la mayoría del régimen subsidiado (526.229 usuarios).
Las pérdidas acumuladas fueron calculadas en 276.742 millones de pesos hasta el 31 de diciembre de 2020.
Esos saldos en rojo absorbieron las utilidades y excedentes de los demás negocios y programas, colocando en riesgo la estabilidad financiera y sostenibilidad de la corporación en el corto plazo, según los dramáticos resultados del último balance aprobados por la asamblea general en junio pasado.
Al cierre de la vigencia fiscal de 2020, Comfamiliar registró situaciones críticas relevantes, que comprometerán la sostenibilidad, continuidad y viabilidad financiera, económica y social, de la corporación, sino se tomar medidas de choque para mitigarlos.
“Incluso, colocando en causal de disolución y liquidación algunas de las unidades de negocio”, advirtió el contador general Richard Castro Rayo al soportar los estados financieros.
Bajo la lupa
El Comité de Medidas Especiales de Supersalud, reunido la semana pasada, concluyó que la crítica situación de iliquidez no ha sido subsanada y por lo tanto no existen las condiciones para levantar la medida cautelar. El organismo de control recomendó la extensión de la medida cautelar por otros seis meses.
“La EPS Comfamiliar no ha logrado subsanar los hallazgos que dieron origen a la medida preventiva, evidenciando un deterioro que genera un riesgo en la prestación de servicios de salud de la población afiliada”, concluyó Guerrero Gómez.
Comfamiliar del Huila, al igual que el resto de cajas del país, no cumple actualmente con las exigentes condiciones de solvencia financiera para cumplir con los indicadores de capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversiones que deben respaldar las reservas técnicas desde 2015.
Adicionalmente, salieron a flote los graves problemas de liquidez y baja flexibilidad financiera que amenazan la adecuada y oportuna atención a los usuarios.
Ante una eventual contingencia la entidad no tendría la disponibilidad de recursos para responder. Igualmente registra un capital de trabajo negativo que puede comprometer la capacidad de pago de las obligaciones de la entidad a corto plazo.
En este contexto, la Superintendencia Nacional de Salud, prorrogó por otros seis meses, la medida preventiva de vigilancia especial adoptada hace cinco años.
El plazo que tenía para corregir el rumbo venció el pasado jueves 26 de agosto, sin haber cumplido las metas ni haber enmendado las falencias. La medida especial de vigilancia se extenderá hasta el 26 de febrero de 2022.
La vigilancia especial fue impuesta por la Superintendencia de Salud desde el 4 de agosto de 2016 por la situación de insolvencia que registra EPS desde el 2008, originado por el modelo de salud.
Pecados capitales
La extensión de la medida cautelar no es casual. A diciembre 31 de 2020, las pérdidas acumuladas ascendieron a $276.742 millones, según los estados financieros revelados en junio pasado.
Los remanentes alcanzaron una cifra de $29.904 millones, determinando unas pérdidas netas de $246.837 millones, el 73.02% del patrimonio corporativo, según el revisor fiscal, Yesid Perdomo Guerrero.
Esta situación representa una disminución en el patrimonio social de la empresa de $91.214 millones, equivalente al 26.98%.
“El patrimonio social corporativo, refleja por el efecto de las pérdidas acumuladas una disminución, quedando un patrimonio neto de $91.213 millones, suscitando la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la hipótesis de la continuidad del ente económico en un futuro previsible”, advirtió Perdomo Guerrero.
Prioridades
Durante estos seis meses, la Caja de Compensación Familiar, deberá garantizar la atención a los usuarios y explorando estrategias para operar en condiciones óptimas.
La reorganización funcional, la única salida viable según sus directivos para escindirla y evitar un colapso, ha resultado un fracaso. Inexplicablemente, el Gobierno, sin proponer soluciones, no le dio vía libre, a la propuesta presentada en el 2016 para separar el programa de salud de la Caja.
La propuesta de escisión y la creación de una nueva EPS nacional, fue objetada en varias oportunidades y hoy está prácticamente en el limbo. La iniciativa fue presentada por su director Luis Miguel Losada, sin encontrar eco.
No obstante, la Caja propuso la privatización como otra opción con la vinculación de inversionistas privados. La propuesta fue radicada en marzo pasado, en total reserva, con el aval del consejo directivo que sigue interino, sin que se conozcan los detalles, por una supuesta reserva de confidencialidad.
Otros indicadores
Además, de los riesgos financieros, la Superintendencia Nacional de Salud consideró que la EPS Comfamiliar no cumple con los indicadores de calidad y oportunidad en los servicios.
El programa de salud de Comfamiliar Huila no ha logrado superar los hallazgos que dieron origen a la medida preventiva de vigilancia especial adoptada en abril de 2016, Por el contrario, evidencia un deterioro frente a la situación al inicio de la medida cautelar.
La EPS no cumple con los indicadores para reducir el riesgo de personas con hipertensión arterial y diabetes, que repercuten en la calidad y oportunidad del servicio.
La EPS presenta bajos porcentajes en los indicadores de toma de citología cervicouterina, de tamización bianual con mamografía y de citología cervicouterina.
El principal motivo de las reclamaciones radicadas entre enero a julio del presente año, fue la demora en la asignación de citas de consulta médica especializada.
Las quejas, según el reporte, están en aumento, al punto que para junio de 2021 esta EPS ocupaba el octavo lugar entre las 24 EPS del régimen subsidiado.