Radiografía al proceso de ‘paz total’ entre el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) y el gobierno del presidente Gustavo Petro, que en dos meses cumple un año de haber arrancado con la negociación, pero “continúan presentándose acciones en contra de la población”, alerta Indepaz. Huila, uno de los epicentros de la guerra.
CATERIN MANCHOLA
En el ‘ranking’ de acciones cometidas por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), desagregado por departamentos, el Huila fue el tercero más afectado durante el 2023 y para lo que va del 2024 se ubica en el segundo lugar junto con los departamentos Valle y Caquetá.
El vecino departamento del Cauca, lamentablemente, continúa siendo el más golpeado por la guerra.
Y diseminado por municipios, La Plata figura entre los primeros 10. Seis más son del Cauca: Argelia, Santander de Quilichao, Caldono, Corinto, Balboa y Buenos Aires. También está Cartagena del Chairá, en el vecino departamento de Caquetá. Los restantes son Briceño (Antioquia) y San Andrés de Tumaco (Nariño).
Así lo documenta el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en su informe ‘El contexto de paz total’ con corte a abril del presente año, en el cual se habla de por lo menos 500 acciones registradas de este grupo armado entre el 2023 y lo que va del 2024.
De esas acciones, el 36% se han dado en el departamento del Cauca y se concentran particularmente en el municipio de Argelia. Sin embargo, la región opita también es de las más golpeadas. “Expresiones en Briceño (Antioquia), La Plata (Huila), Tumaco (Nariño) y Cartagena del Chairá (Caquetá) permiten comprender las zonas en disputa actual con otros actores armados”, anota la entidad.
Al instituto le “preocupa la situación del departamento del Huila”, afirmó, pues “supera en acciones al departamento de Nariño que venía figurando hasta el mes de septiembre como uno de los más afectados, así mismo continúan las acciones en Cauca y Valle”.
E indicó que esta situación tiene que ver con expresiones de movilidad y expansión que van desde el Cauca, Valle del Cauca y desde Caquetá “para concentrarse en los municipios de La Plata y Algeciras en el Huila”, precisó.
Solamente entre diciembre de 2023 y abril de 2024, según Indepaz, “se tiene registro de acciones en Norte de Santander por parte del EMC que no se habían presentado en meses anteriores y aumentan acciones en Huila, Arauca, Caquetá y Valle del Cauca”.
La actividad del EMC, en su mayoría, está asociada al Bloque Occidental Jacobo Arenas, dentro de este las acciones las concentran el Frente Jaime Martínez, Frente Dagoberto Ramos – que opera en Huila – y Frente Carlos Patiño, los cuales suman 211 acciones de un total de 331 que cometió este Bloque entre 2023 y abril de 2024.
Algunas de esas acciones en Huila han sido registradas por LA NACIÓN, por ejemplo homicidios selectivos contra exfarc y población civil, como el doble crimen de los esposos Rubén Darío Castro y Adela Chirlo Pardo en la vía La Plata-Inzá, en febrero del presente año.
Retenes ilegales, incluso muy cerca del área urbana de Neiva, en el municipio de Palermo según denunció el alcalde de esa localidad. La carnetización ilegal en la zona rural del Huila, que se han denunciado en Gigante y Garzón, pero otras localidades también están sufriendo esta situación y temen alzar la voz.
Como también la serie de granadas y explosivos contra establecimientos comerciales de Neiva, Algeciras y Gigante; entre otros eventos contra la población. Por eso, Indepaz considera que “la discusión debe centrarse en que continúan presentándose acciones en contra de la población, las cuales afectan derechos fundamentales y generan gran impacto en los entornos personales, familiares y comunitarios de las víctimas”.
No paran los ataques del EMC
Y es que el instituto ha logrado documentar que en promedio, “los ataques directos a la población civil por parte del EMC son 18 por mes”, pero también, que “las disputas/enfrentamientos con otros grupos armados son en promedio 5 por mes y los enfrentamientos y acciones contra Fuerza Pública en promedio son de 8 por mes”, agrega.
Señala que con el cese al fuego pactado en octubre, en el caso de los ataques directos a la población civil, “hubo una disminución hasta el mes de noviembre, en diciembre aumenta y en enero de 2024 disminuye, aunque en niveles muy bajos”.
Y que lo mismo sucede con los enfrentamientos con otros grupos armados. Sin embargo, anota, “hay una pequeña escalada de acciones contra Fuerza Pública en el mes de febrero ubicados en los departamentos de Cauca, Huila y Valle del Cauca y de nuevo una leve disminución en marzo de 2024”.
Uno de los temas más sensibles y que han venido denunciando las comunidades indígenas, precisamente del Huila en diálogo directo con LA NACIÓN, es el reclutamiento de menores. Sobre esto el informe apunta que “el reclutamiento sigue en discusión, se requiere mayor claridad por parte del EMC sobre el acatamiento del DIH en lo relativo a la no vinculación y utilización de menores en sus filas incluyendo a los adolescentes menores de 18 años”.
El accionar de la disidencia
En general a la población civil la están afectando con amenazas, grafitis/pasacalles, homicidios a civiles, secuestro, extorsión, desplazamiento forzado, patrullajes, panfletos, confinamiento, homicidios a líderes, incursión en comunidades, reclutamiento, masacres, retenes ilegales, carnetización, atentados, destrucción de infraestructuras, accidentes por minas, y paros armados.
Son por lo menos 328 eventos los que ha corroborado Indepaz, pero la cifra puede ser mucho mayor, destacándose en gran medida las amenazas.
“Las amenazas son la mayor acción de afectación, aún sabiendo que existe un subregistro de estos hechos”, aclara. “Luego se encuentran los grafitis y pasacalles que usan los grupos como mecanismo de control social y territorial”, añade.
A la entidad le preocupa que para el caso del homicidio, secuestro y la extorsión las cifras siguen siendo elevadas “aún cuando nuestro registro no representa el universo total de estos hechos”, sostuvo.
Diálogo de paz: cómo arrancó y cómo va
El autodenominado Estado Mayor Central (EMC) es uno de los grupos armados al margen de la ley con los que el gobierno del presidente Gustavo Petro está llevando a cabo un proceso de negociación de paz; dicha disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP) es diferente a la Segunda Marquetalia, con la que también se están gestando mesas de diálogo.
El autodenominado Estado Mayor Central (EMC) fue uno de los primeros grupos en acatar el llamado al diálogo en aras de lograr la paz, que hizo el presidente Gustavo Petro tan pronto e inició su mandato de cuatro años, el 7 de agosto del 2022.
Y fue el siete de julio del 2023 cuando arrancó la fase preliminar de la mesa de diálogos entre esta disidencia y el gobierno Petro, según ha logrado documentar el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Es decir que, dentro de dos meses, se cumple un año de haber arrancado la negociación y todavía no se ha logrado ver que las disidencias estén desescalando la guerra contra la población civil, razón principal por la cual el pasado 16 de marzo del presente año se rompió el cese al fuego entre el Ejército y las disidencias en Valle, Nariño y Cauca.
Adicionalmente, varios de los integrantes del EMC no tienen delegados en la Mesa, su presencia está suspendida, son: el Comando Conjunto de Oriente, Bloque Sur Occidental Jacobo Arenas, el Bloque Central Isaías Pardo –nuevo-, y Bloque Amazonía Manuel Marulanda Vélez.
Cabe anotar que, en su plan de expansión, la insurgencia creó el Bloque Central Comandante Isaías Pardo; está en formación y tiene presencia en Huila.
Así las cosas, de acuerdo con Idepaz, a hoy permanecen en la mesa el Bloque Magdalena Medio con presencia en Antioquia, Bolívar y Norte de Santander, y el Bloque Jorge Briceño Suárez con presencia en Huila, Meta y Caquetá.
A pesar de esta división, entre hoy seis y el 10 de mayo, la parte que queda en la mesa de paz participará de reuniones con la comunidad en Florencia y San Vicente del Caguán, Caquetá.
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