Con alertas desatendidas y denuncias sobre presunta corrupción con ofrecimientos de millonarias sumas de dinero a cambio de los votos, los concejos de los municipios huilenses eligieron a sus personeros. Con alertas desatendidas y denuncias sobre presunta corrupción con ofrecimientos de millonarias sumas de dinero a cambio de los votos, los concejos de los municipios huilenses eligieron a sus personeros. No se trata de una elección de poco valor ni de interés mínimo para los pueblos, es el segundo cargo en importancia después del Alcalde, gozan de las mismas prerrogativas salariales del mandatario local, tienen poder disciplinario sobre todos los funcionarios del ente territorial exceptuando al mismo Alcalde, representan al Ministerio Público, ejercen complejas tareas de supervisión, vigilancia y protección de Derechos Humanos. Y no terminan allí sus funciones; se ocupan de desplazamiento, de quejas y denuncias, de tramitar reclamos, de atender el lamento de los ciudadanos. Pese a toda esa trascendencia del cargo, el grueso de la ciudadanía poco o nada se ha enterado del proceso de elección, la mayoría ni siquiera sabrá el nombre del electo o electa como Personero y menos se informará de qué harán los nuevos o qué hicieron los personeros que terminan su período de 4 años. En fin, la Personería sólo existe para los ciudadanos cuando requieren sus servicios, es decir cuando la población más pobre va allí como última instancia a tratar de que le escuchen después de que los “servidores públicos” locales han desatendido sus quejas, incumpliendo su deber máximo cual es, precisamente, el de “servir al pueblo”. Lo ocurrido ahora en el Huila, y en buena parte del país con esta elección de personeros debiera llamar a una profunda reflexión sobre su procedimiento de escogencia. El cargo tiene una importancia que ni los mismos concejales que los escogen, y los alcaldes que muchas veces meten la mano en ese proceso, han sabido darle para beneficio del interés general. Lo peor, empero, es que estos procesos de elección han dejado un pésimo sabor en muchos casos ante graves denuncias de compra de votos de los electores, es decir los concejales. Lo dijo un senador de la República, Rodrigo Villalba, que seguramente tiene porqué saberlo y debería ampliar sus denuncias a casos y nombres concretos; lo dijo una concejal del municipio de Algeciras, incluyendo una grabación como presunta prueba, afirmando que le ofrecieron $5 millones por su voto para elegir a un Personero. Pero no ha dado nombres del sobornador ni del posible beneficiado con el soborno. A ambos, y a otros que lanzaron advertencias, debe exigírseles concretar sus denuncias para que las autoridades puedan actuar. Doloroso que la elección de un alto representante de los Derechos Humanos, instancia disciplinaria y segundo cargo importante del Municipio, termine en un verdadero concierto para delinquir a punta de comprar votos de concejales. Increíble que, en forma maquiavélica, puedan hacer las cuentas por su sueldo, los 48 meses de gestión y los beneficios corruptos del ejercicio del poder disciplinario para poder ofrecer millones de pesos a cambio del voto del elector. Ante estas denuncias, comentarios y versiones que han circulado, incluyendo la misma elección de contralores, las autoridades deben actuar con celeridad y seriedad. La misma Procuraduría debe abrir de oficio, al igual que la Fiscalía, indagaciones que permitan dilucidar lo que ha pasado. Lastimosamente no parecen ser meros chismes sino una aberrante realidad. Que se investigue a fondo. Doloroso que la elección de un alto representante de los Derechos Humanos termine en un verdadero concierto para delinquir a punta de comprar votos de concejales. Editorialito Lo ocurrido ahora en el Huila, y en buena parte del país con esta elección de personeros debiera llamar a una profunda reflexión sobre su procedimiento de escogencia. El cargo tiene una importancia que ni los concejales y los alcaldes han sabido darle para beneficio del interés general.