El anuncio del Gobierno de Gustavo Petro, a través de su ministro de Defensa Iván Velásquez, de que “sí habrá negociaciones de paz” con la Segunda Marquetalia, una de las vertientes de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Márquez’, debe tomarse con cautela en regiones como el departamento del Huila.
Si bien cualquier intención de propiciar canales de entendimiento y de reconciliación con grupos ilegalmente armados es plausible, el antecedente histórico y actual conduce a recibir con reserva los acercamientos con ‘Márquez’.
En el pasado, el Gobierno de Andrés Pastrana emprendió diálogos de paz con la entonces guerrilla de las Farc. Su generosidad llevó, incluso, a que una extensión región del Caquetá y del Meta fuera declarada zona de despeje. Este hecho fue aprovechado por el grupo ilegal para fortalecerse. La vecindad con ese territorio le generó un enorme daño económico, social y en seguridad al Huila. Neiva fue epicentro permanente de atentados terroristas, secuestros y extorsiones. El empleo cayó dramáticamente.
Más de 20 años después, algo similar está ocurriendo en el Gobierno de Gustavo Petro que desde finales de 2022 habla de paz con las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’. Este grupo ilegal, que nunca se acogió al acuerdo de paz firmado en el Gobierno de Juan Manuel Santos, ha aprovechado el cese al fuego para fortalecerse y el Huila ha sido uno de los más afectados. Su expansión es inocultable.
Por eso, es clave que se fijen reglas claras para evitar que los diálogos de paz con la Segunda Marquetalia de ‘Márquez’ terminen propiciando su fortalecimiento. Hoy, este grupo ilegal está diezmado y en el caso del Huila su presencia está prácticamente limitada al municipio de Algeciras.
El gobernador Rodrigo Villalba y demás autoridades regionales y municipales deben estar atentas al desarrollo de las negociaciones con ‘Iván Márquez’ y no temer en sentar posiciones a favor de la seguridad y el bienestar de los huilenses.
