“Es una decisión que acatamos y respetamos profundamente. Se trata de una medida cautelar, provisional, no es un fallo definitivo y por lo tanto vamos a esperar la decisión de fondo que tendrá que impartir el Tribunal Administrativo del Huila donde se adelanta el proceso”, argumentó el funcionario al conocer el fallo revelado ayer por LA NACIÓN.
La medida cautelar, negada en primera instancia, fue ordenada por el Consejo de Estado al resolver un recurso de apelación que interpusieron los demandantes. La decisión, de aplicación inmediata, deberá surtirse en los próximos días.
“En este sentido, acatando la decisión judicial, tendré que separarme del cargo, temporalmente. Era un escenario inesperado, pero previsible en cualquier proceso y como tal lo recibimos con tranquilidad”, reiteró el agente fiscalizador.
“La argumentación expuesta en la contestación de la demanda, las pruebas allegadas al proceso y el escenario legal que rodeó el proceso, despejará las dudas”, afirmó ayer el abogado Vladimir Fernández, quien representa al funcionario demandado.
“Aunque no procede ningún recurso por la vía gubernativa, podría intentarse una tutela, pero repito, confiamos en que se resuelva favorablemente con la argumentación jurídica que hemos radicado ante el tribunal de primera instancia”, aseguró Perdomo.
Revuelo
La decisión causó revuelo en el Concejo. El presidente de la corporación, Mateo Trujillo, aseguró que una vez sea notificado, procederá de conformidad. “Estamos evaluando el alcance de la medida cautelar, y, una vez tengamos los soportes jurídicos del caso, procederemos a designar contralor interino, provisionalmente, como lo decidió el Consejo de Estado”, aclaró.
Otras razones
“El Consejo de Estado sólo consideró una de las causales alegadas. En la demanda sustentamos otras razones legales de igual peso”, afirmó Hugo Alberto Pabón, uno de los tres demandantes.
“Además -dijo- ejerció funciones jurisdiccionales y de autoridad como juez de ejecuciones fiscales. Adicionalmente, el demandado fue integrante del comité asesor de contratación de la Universidad”. “Según el manual de funciones, Perdomo, en su calidad de jefe jurídico, revisaba, aprobaba y visaba todos los pliegos de condiciones, los contratos, convenios y las liquidaciones; actividades que corresponden al ejercicio de autoridad administrativa”, argumentó Llanos Pabón.
Lo que sigue
El Concejo de Neiva una vez sea oficialmente notificado de la decisión deberá designar un contralor encargado, por tratarse de una falta temporal. La designación se hará en forma provisional mientras dura la suspensión.
Según el régimen político municipal, el contralor encargado deberá cumplir las mismas calidades y requisitos acreditados por el titular. Esto es, ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años y acreditar título de abogado o título profesional en disciplinas económicas, administrativas o financieras.
En casos de falta absoluta deberá realizarse nueva elección, de nueva terna y para el período restante.
“Por ahora estamos examinando el tema con serenidad. Es un debate jurídico en trámite. Creemos que en poco tiempo se esclarecerá”, afirmó Trujillo.
