El trágico accidente ocurrido el viernes pasado provocado por un joven borracho y que le causó la muerte a dos estudiantes y dejó en grave estado al taxista, revivió el debate sobre la necesidad de legislar sobre esta materia. Solo que hacen falta tristes episodios como el ocurrido en Bogotá o en muchas regiones del país para que se dimensione la gravedad de esta práctica que en otros países es un delito que se sanciona con dureza.
El debate sobre la urgencia de extremar los castigos a los conductores irresponsables se ha reactivado, en la misma proporción en que ha aumentado la accidentalidad y la mortalidad en las carreteras del país y las calles de las ciudades colombianas por la combinación de alcohol con gasolina.
Tardó el país años en percatarse de que estaba siendo permisivo con quienes conducen vehículos en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias sicotrópicas. Se necesitó que a lo largo del tiempo se acumularan el número de muertos, de heridos, de personas que quedaran en estado de minusvalía, de daños causados en patrimonios ajenos por quienes, demostrando altísima irresponsabilidad social, se ponen al comando de un automotor y luego de ocasionar un desastre que causa perjuicios irreparables, alegremente siguen su vida normalmente mientras familias enteras quedaban destrozadas como consecuencia de su reprobable acto.
La Ley 1326 de 2009 significó un avance al respecto al aumentar considerablemente las penas para quienes en estado de ebriedad cometen delitos culposos de homicidio o de lesiones personales.
En los últimos tiempos ha aumentado el número de conductores de automotores que han sido sancionados por incurrir en la conducta comentada y lo que aterra más es que no solo se trata de casos ocurridos en áreas urbanas sino que son muchas las personas que son sorprendidas ebrias, al volante, en carreteras.
En el último año se ha vuelto un ardid común el desaparecer del teatro de los hechos para evadir las pruebas de alcoholemia y días después, reaparecer cuando ya el organismo no tiene rastros de alcohol y argumentar que se temió por la vida. También debe sancionarse drásticamente el que quien cause el hecho sea funcionario público o persona de prestancia social o económica. Además, quien incurra en este tipo de delito debe perder la posibilidad del beneficio de casa por cárcel, como ocurre
Sobre estos aspectos las normas deben ser drásticas pues las consecuencias de conductas tan irresponsables están causando un hondo daño y el impacto social que sigue generando.
El Congreso, que inicia mañana una nueva legislatura, debe jugarse su última carta para legislar sobre este tema.
Conducir bajo el estado de alicoramiento debe ser un delito y como tal debe ser penalizado con prisión, como lo ha planteado la congresista Gloria Stella Díaz. Además, generaría antecedente judicial y de ser reincidente perdería todos los beneficios. Y desde luego, la tipificación como delito doloso.
“Conducir bajo el estado de alicoramiento debe ser un delito y como tal debe ser penalizado con prisión”.
Editorialito
El derrumbe entre Suaza y Florencia, con un alto saldo de muertos y heridos, era una tragedia anunciada. Pese a los problemas de inestabilidad, las autoridades encargadas nada habían hecho para contener las amenazas. Sólo faltó la tragedia para que se le pusiera atención a lo que venía ocurriendo.
