Con las noticias de los últimos días, muchos se preguntan qué posibilidades hay de que esta guerrilla también negocie con el gobierno.
La posibilidad de una negociación con el Eln está, una vez más, en el centro del debate sobre la paz. Esto ha ocurrido en numerosas ocasiones desde que empezaron las conversaciones con las Farc, hace año y medio, pero hasta ahora nada ha podido concretarse con la otra guerrilla colombiana. Sin embargo, la semana pasada hubo dos hechos que apuntan a que el Eln podría estar considerando, por fin, sentarse seriamente a negociar con el gobierno el fin de la confrontación armada. ¿Será que llegó la hora o se trata de un nuevo ‘amague’?
El primero de esos hechos fue una reunión de los comandantes de las Farc y el Eln, Timoleón Jiménez y Nicolás Rodríguez, anunciada mediante un comunicado y una declaración política, el primero de julio. En el comunicado, las dos guerrillas dicen haber superado “definitivamente” las diferencias que las llevaron a hacerse la guerra en 2008 y 2009 y hablan de la “ineludible necesidad” de adelantar conversaciones de paz con todas las guerrillas. La declaración insiste en una “solución política” al conflicto armado y sella como punto común la idea de una Asamblea Constituyente que han venido impulsando las Farc.
El segundo hecho se produjo tres días más tarde, en Fortul, Arauca. Allí, el Eln entregó a una comisión de la Defensoría, la Iglesia y el Comité Internacional de la Cruz Roja al cabo del Ejército Carlos Fabián Huertas, que estaba en sus manos desde mediados de mayo.
El Eln cumplió 49 años justo el día de esa liberación y tiene unos 1.500 hombres armados, con incidencia en regiones como el Catatumbo, Arauca, el sur de Bolívar y la bota caucana. Aunque todo el mundo está de acuerdo en que sin esta guerrilla un fin del conflicto armado sería incompleto, que se siente a conversar con el gobierno ha sido una idea tan recurrente como difícil de concretar. Y, si se consigue, introducirá no pocas complicaciones en el proceso ya en curso con las Farc, al menos al comienzo.
Desde que empezaron los diálogos secretos del gobierno con las Farc, en febrero de 2012, los jefes del Eln han hecho múltiples declaraciones y entrevistas insistiendo en que siempre han estado en favor de la paz y de una solución política. Su comandante, Nicolás Rodríguez, anunció en noviembre que tenían “conformada y lista” una delegación para hablar con el gobierno. Al mismo tiempo, han ejecutado varias acciones de alto impacto público. El 18 de enero secuestraron a seis empleados de una compañía minera canadiense en el sur de Bolívar y, aunque liberaron a cinco de ellos, mantienen cautivo al último, el canadiense Jernot Weber. El 22 de mayo emboscaron una patrulla del Ejército, mataron a 12 soldados y se llevaron al cabo Huertas.
Acciones y declaraciones que han sido interpretadas como otros tantos mensajes de los elenos diciéndole al bus que arrancó sin ellos en La Habana: ‘aquí estamos’. Sin embargo, a diferencia de las Farc, que anunciaron desde el inicio la suspensión de la práctica del secuestro, el Eln no había acompañado estas demostraciones de ningún gesto convincente de su disposición al diálogo. El presidente Santos ha dicho estar listo a abrir una negociación pero la condicionó a que el Eln libere al canadiense y a los secuestrados que mantiene en sus manos, como lo ratificó el 3 de julio desde Suiza. El mismo día, en una carta pública, un centenar de políticos, intelectuales y organizaciones de la sociedad civil pidió al gobierno y al Eln iniciar diálogos “en el menor tiempo posible” y llamó a este último a poner fin al secuestro y a liberar a todos los cautivos que tiene en su poder.
La reunión con las Farc y la liberación del cabo Huertas, que tuvo lugar inmediatamente después de estas declaraciones, son las primeras señales concretas de que algo puede estar cocinándose en la dirección del Eln para sentarse a hablar con el gobierno. La liberación del militar es “un gesto en la dirección correcta”, como lo calificó el presidente Santos, aunque parcial (el comunicado respectivo habla de cumplir las normas del DIH sobre “el trato a prisioneros” pero no dice una palabra sobre el secuestro). Y, aunque no se sabe de qué hablaron Timochenko y Gabino, el tono de sus declaraciones insinúa alineamientos de fondo en lo que llaman el “horizonte estratégico” de la solución política al conflicto armado.
Falta el paso clave de la liberación del canadiense que, si se da, abriría las puertas, como lo ha dicho el presidente, probablemente a una mesa paralela a la de La Habana, en un lugar y unas condiciones aún por acordarse.
Una negociación con el Eln, por deseable que sea, introduciría no pocas complejidades en el proceso ya en curso con las Farc. Integrar al primero a la mesa de La Habana complicaría unas conversaciones ya difíciles cuando apenas empiezan a tomar ritmo, y parece la opción menos deseable para todos. Una mesa paralela obligaría al gobierno a atender nuevos frentes y a hacer equilibrismo entre ambos procesos, pues es evidente desde ya que las dos guerrillas se disponen a coordinar sus posturas.
A diferencia de la agenda acotada de La Habana, los elenos son partidarios de una negociación abierta, y Gabino dijo a fines del año pasado que una agenda “amarra, limita y tensiona”. El tema de minería e hidrocarburos –que el gobierno se ha negado a discutir con las Farc– es para ellos tan importante como el agro para estas. El Eln es reacio a una negociación confidencial y el centro de su hoja de ruta es una ‘convención nacional’ que pone en primer plano la participación popular. Estos son, entre otros, los desafíos que plantearía un nuevo proceso con el Eln, a todas luces necesario para que se pueda llegar a un verdadero fin del conflicto armado en Colombia, pero nada fácil de llevar a buen puerto.
Mientras en Colombia se especula sobre el Eln, en La Habana el proceso continúa. El segundo punto de la agenda, el de participación política, va en su segunda ronda, que termina esta semana, y las Farc prosiguen dibujando a cuentagotas, en diarias intervenciones, su programa político de “mínimos”. Ya publicaron “diez propuestas mínimas para la participación política real”; empezaron a desarrollar la primera de ellas con 11 puntos y han publicado una “guía metodológica” y una “nomenclatura”, insistiendo en que todas sus propuestas caben en los puntos contemplados en la agenda.
En el punto agrario, el primero de la agenda, una moderación de las posiciones históricas de las Farc y una disposición de este gobierno para encarar en serio el tema rural, permitieron prever desde el comienzo que habría acercamientos, como en efecto ocurrió. Ahora, en cambio, la discusión sobre participación política ha arrancado desde posiciones que no será fácil conciliar. Mientras las Farc piden cambios de fondo en el sistema político y en el papel de las Fuerzas Armadas y una constituyente, el gobierno sostiene que solo discutirá garantías para que los guerrilleros pasen de las armas a la política y se niega en redondo a hablar de constituyente.
Esta ronda y las siguientes sobre participación política le tomarán el primer pulso de verdad a estas conversaciones que ya van en su octavo mes, pues mostrarán hasta dónde las partes están dispuestas a ceder en la búsqueda de un acuerdo final y si el tiempo les alcanza para hacerlo antes del final de este año, como dice el gobierno, o del próximo, según dijo Iván Márquez.
Con el Eln a bordo, todo este proceso puede complicarse aún más. Si es que, esta vez, eso, por fin, se concreta.
