Fueron varias las manifestaciones en contra y a favor del actual Gobierno Nacional liderado por Gustavo Petro, a las cuales los huilenses se unieron. Además de otras circunstancias en materia de educación, salud, medio ambiente y servicios públicos que se vivenciaron en el departamento. Todo eso impactó en la alta variación que tuvo el Huila en cuanto a conflictos sociales. Este incremento genera dualidad, pues mientras unos lo ven con preocupación, otros lo miran desde una óptica positiva.
Johan Eduardo Rojas López
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Según un informe de la Defensoría del Pueblo el 2023 fue un año en el que se incrementaron en un 43% los conflictos sociales en el país, en comparación a la vigencia 2022. Y es que, de acuerdo con el monitoreo realizado por el Observatorio de Conflictividad Social, durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2023, se registraron un total de 2.046 eventos, mientras que, para el año 2022 se registraron 1.427.
Estos hechos de conflictividad social que se presentaron en 446 municipios de 31 departamentos de Colombia, por un lado, generan preocupación para el Ministerio Público, pero por otro, para algunos expertos refleja una participación de los ciudadanos y un análisis profundo de diversas realidades que apelan a la democracia.
Aunque el Huila no encabeza el ranking de los departamentos que mayor número de eventos concentraron durante el 2023, sí tuvo una variación significativa de 169%, por debajo de Putumayo (250%) y el Meta (250%). Esto ubicaría al territorio huilense en el tercer puesto en cuanto a la variación existente entre el año 2022 donde se registraron 16 casos y 2023 en el que se evidenciaron 43.
Por su parte, la Región Andina, ocupó el segundo lugar por regiones dado que presentó un importante número de eventos de conflictos sociales manifiestos durante el 2023 (645 eventos que equivalen al 32%).
Estas manifestaciones se llevaron a cabo a través de bloqueos, plantones, concentraciones y marchas, las cuales vislumbran la realidad que viven los ciudadanos en sus contextos.
‘El gobierno del cambio’ influyó
El informe deja ver que el panorama de conflictividad social durante la vigencia 2023 se presenta en un escenario caracterizado por el primer año de mandato de un gobierno progresista o de izquierda, liderado por Gustavo Petro Urrego que llegó al poder con un importante apoyo popular y que durante este periodo ha buscado impulsar las reformas prometidas en materia de economía, salud, educación, pensiones, servicios públicos, política minero energética, entre otras iniciativas legislativas que se tramitan en el Congreso de la República.
Lo anterior, ha generado división en los colombianos; por un lado, el apoyo de ciertos sectores y la desaprobación por parte de otros.
Impacto de las elecciones territoriales
En esta misma línea la dinámica de conflictividad se vio impactada por el proceso de elección de alcaldes y gobernadores en el país que se llevó a cabo el 29 de octubre de 2023, pues de acuerdo con el informe, el último trimestre del año pasado (octubre-noviembre-diciembre) fue donde se elevó de manera considerable la situación en un 82%.
Y en efecto, octubre reflejó la mayor variación con un 106%, seguido por diciembre (98%) y enero (81%). Durante agosto y septiembre, hubo una disminución del -12% y –8%, respectivamente.
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“Salimos mal librados”
Johana Elena Rojas Herrera, Defensora del Pueblo, regional Huila, indicó que esta situación es preocupante para ellos como organismos de derechos humanos dado el incremento tan complejo que alerta al Gobierno Nacional y toda la institucionalidad sobre esta realidad en donde, según ella, en el Huila “salimos mal librados”.
“En lo que corresponde al departamento del Huila tengo que indicar que hacemos seguimiento y creamos insumos para nuestros mecanismos de advertencia que son las alertas tempranas. Realmente hay varios conflictos sociales que no son otra cosa que inconformidades por parte de casi todos los gremios de las diversas actividades, en especial agropecuarias que existen en el departamento”, dijo Rojas Herrera.
Detalló, además, que existe una conflictividad que viene aportando anualmente a este incremento desde hace más de una década y se da como consecuencia del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
“Los ciudadanos han tomado justicia de propia mano, invadiendo predios, bloqueando vías y haciendo todo tipo de solicitudes con el único fin y propósito de llamar la atención de los gobiernos locales, departamental y nacional”, manifestó la Defensora del Pueblo, quien a su vez, aseguró también que “el gran incremento de acciones que atentan contra los derechos humanos de las personas tienen que ver con la presencia y operación de los grupos al margen de la ley que operan en el departamento”.
Lado positivo
Otra visión diferente expresa Piero Emmanuel Silva Arce, docente y ex jefe del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Surcolombiana, quien dejó claro que esto no resulta ser negativo debido a que da cuenta del despertar ciudadano frente a sus inconformidades.
“Es un hecho positivo que se estén presentando este tipo de conflictividades. Aunque en principio uno podría pensar que es negativo por lo que se desencadena; me parece que hay que rescatar el hecho de fondo y es que hay una ciudadanía que está activa, viva y está haciendo exigencia social mediante análisis de la ciudad. Básicamente está exigiendo cambios. Creo que eso está conectado con la elección del Gobierno Nacional que están en el mandato”, comentó el Politólogo.
Secuela del estallido social
Señaló de esta manera que esto se ha dado debido a la polarización existente pues mientras que unos expresan su apoyo al gobierno, otros esperan que el mismo actúe acorde a lo prometido en campaña.
“El aumento del departamento está directamente relacionado con el incremento a nivel nacional en cuanto a conflictividades sociales y, creo que es importante tener en cuenta que venimos de unos años de movilización social constante en el país, sobre todo desde el 2019, 2020 y 2021, en donde se vivió el estallido social. Por eso, planteo que es un hecho positivo porque quiere decir que la ciudadanía mantiene unos procesos de movilización social que son importantes en cualquier democracia”, agregó.
Para él, este informe refleja la existencia de problemas profundos en la sociedad que deben resolverse mediante estas acciones pacíficas y en vez de ‘satanizarlo’ hay que entenderlo desde la libertad de expresión. Desde luego esto según Silva Arce, también pondría sobre la mesa la realidad de las entidades deliberativas y de justicia que quizás no estaría satisfaciendo las realidades del país y del departamento.
“Esto refleja los retos de este gobierno que se ha quedado muy corto frente a lo que propuso en campaña. Aquí, por supuesto, vamos a los retos existentes en el nivel territorial; creo que son importantes y deben actuar sobre la base de generar unas políticas públicas, mucho más afectivas que piensen en las necesidades del territorio”, concluyó.
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Rezago de la polarización
Ante esta dosis de realidad, el representante a la Cámara por el Huila, Julio César Triana, detalló que uno de los factores más relevantes frente a este aumento es “las promesas y expectativas frustradas que ha generado el actual gobierno nacional”. Es así como para él, ha existido una falta de eficiencia en la resolución de problemas sociales desde el espectro nacional.
“El Presidente debe liderar con la concertación, el diálogo y la ejecución de política, no con la confrontación y polarización que ha caracterizado el ‘Gobierno del Cambio’”, insistió.
Finalmente, es de aclarar que, de acuerdo con el informe en la mayoría de los casos, las protestas y conflictos ocurridos durante el año 2023, se resolvieron a través de las vías del diálogo y los acuerdos, sin embargo, también se registraron varios escenarios de alta conflictividad social, como fue el caso de las protestas y movilizaciones a favor y en contra de las reformas legales presentadas por el Gobierno Nacional.
Se prevé que en este 2024, se manifiesten conflictos sociales que son constantes en el orden nacional y que podrían escalar o ser más visibles por hechos coyunturales o decisiones políticas. Estos conflictos a menudo están relacionados con la garantía de derechos como la salud, el trabajo, la educación y el acceso a los servicios públicos, tal como se ha evidenciado en el Huila.