Muy confuso, sin que lo sea, ha resultado el debate en torno a la presencia de algunos colombianos, distintos a los negociadores oficiales designados por el Gobierno, durante las conversaciones de paz con las Farc en La Habana, Cuba. Los viajes de algunos servidores públicos y otros particulares han generado controversia incluso jurídica en torno a su viabilidad, pertinencia, legalidad y sentido de oportunidad. Y sobre ello han metido baza desde el Gobierno Nacional que, por vía del Ministro del Interior, ha cuestionado tal presencia, el Procurador General anunciando indagaciones, voceros de la oposición de derecha exigiendo investigaciones, voceros de la izquierda reclamando la legitimidad de tales encuentros y el Fiscal General afirmando que no hay allí ninguna actuación irregular y mucho menos conductas penales.
El asunto es simple, si se quiere, de manera que no tendría por qué abrirse tamaña discusión: en La Habana hay varios guerrilleros que gozan de salvoconductos para estar allí y adelantar diálogos con el Gobierno; a La Habana van no solo los negociadores sino otros muchos colombianos, varios de ellos no con el plan directo de sentarse a hablar con los guerrilleros pero que aprovechan la ocasión, en una ciudad pequeña, para hacerlo. Y otros sí van en ese plan, de conversar y discutir diversos aspectos del país con aquellos personajes. ¿Cuál debería ser el quid del tema? Que el problema no es que vayan allá ni que hablen con los miembros de las Farc, el asunto de fondo es si, al hablar con ellos, acuerdan realizar actos ilegales o participar en actividades ilícitas.
Ahí sí valen todos los procedimientos penales y disciplinarios; en tanto ello no ocurra y esos contactos no pasen de hablar, discutir, analizar y compartir o enfrentarse con ideas, no existe nada irregular. Insistimos: se trata de unos personajes, los de las Farc, con una licencia o permiso legal del Gobierno colombiano para salir a la luz pública, para dialogar con el Ejecutivo, para dar declaraciones, emitir comunicados, conceder entrevistas y hablar con el que se pueda aparecer por allá.
Y dentro de este lío innecesario, la figura del líder conservador Álvaro Leyva está en el epicentro del debate. Leyva, no debe dejarse de lado, es un particular en uso de legítimos y legales derechos como ciudadano, que puede ir a Cuba o a cualquier otro país sin pedirle permiso a nadie; no es servidor público, no es delegado de nadie y actúa motu proprio en aras de contribuir a un final satisfactorio de este proceso de reconciliación. Otra cosa fuese que Leyva hiciese uso indebido de esos derechos ciudadanos, que se aliara para fines oscuros, que conviniera en actos ilegales o que sacara provecho ilícito de tales contactos. Cosa similar ha ocurrido con otros colombianos frente a otros actores armados ilegales, como las AUC, cuando algunos reconocidos personajes se reunieron con ellos, elaboraron documentos, discutieron temas y firmaron acuerdos para “refundar la patria”.
La búsqueda de la paz no es un delito, que no se pierda la sensatez.
“La búsqueda de la paz no es un delito, que no se pierda la sensatez”.
Editorialito
Importante: 40 establecimientos comerciales, entre ellos falsos clubes y amanecederos, serán cerrados definitivamente por la Policía Metropolitana por violar la normatividad. Son expendios de licor con malos uso del suelo, que invaden el espacio público, venden licor a menores y generan contaminación por ruido. Ojalá que comiencen por la Carrera Quinta.
