El Gobierno Nacional no prorrogo el cese al fuego con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC)’, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. En el Huila la organización armada ilegal hace presencia con el bloque ‘Isaías Pardo’. Congresistas huilenses estuvieron de acuerdo con la decisión del gobierno. “La voluntad de paz de este gobierno y de los colombianos lamentablemente no fue correspondida…”, dijo la congresista del Pacto Histórico, Leyla Rincón.
Rafael Rodríguez C.
Operaciones militares contra las disidencias bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Hernández, alias ‘Iván Mordisco’, se estarían reanudando en 13 municipios del Huila, además de los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
La ofensiva fue ordenada ayer por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, al anunciar que el Gobierno Nacional terminaba el cese al fuego con todos los bloques y frentes que integraban el Estado Mayor Central (EMC), de las disidencias Farc, comandadas por alias ‘Iván Mordisco’.
“La orden impartida a las @FuerzasMilCol y @PoliciaColombia es de adelantar operaciones ofensivas contra los bloques y frentes al mando de ‘Iván Mordisco’, que se apartaron de la oferta generosa del Gobierno Nacional en la búsqueda de la paz”, ministro @Ivan_Velasquez_”, indicó Velásquez en la cuenta de la red social X del Ministerio de Defensa.
En el Huila el EMC hace presencia con el bloque central ‘Isaías Pardo’, bajo el mando de alias ‘Marlon Vásquez’, con el frente ‘Ismael Ruiz’, en los municipios de Neiva, Santa María, Teruel, Íquira, Nátaga, Tesalia, La Plata, El Pital, La Argentina, Tarqui, Pitalito, Palestina y Acevedo. “Este frente ha venido realizando incursiones esporádicas”, dijo una fuente judicial.
El ministro Velásquez, además, posteó, que se mantiene el cese al fuego por tres meses con los bloques ‘Gentil Duarte’, ‘Jorge Suárez Briceño’ y el frente ‘Raúl Reyes’. “Se mantiene el cese al fuego bilateral y temporal por tres meses con 16 estructuras que integran los bloques Comandante ‘Gentil Duarte’, ‘Comandante Jorge Suárez’ y el frente ‘Raúl Reyes’.
En territorio huilense el bloque ‘Jorge Suarez Briceño’, hace injerencia con el frente ‘Darío Gutiérrez’, en los municipios de Neiva, Algeciras, Acevedo, Baraya, Colombia, Palestina, Pitalito, Isnos, San Agustín, Suaza, Tello, Villavieja.
Además del frente ‘Rodrigo Cadete’, con presencia en los municipios de Acevedo, Garzón, Gigante, Guadalupe, Suaza y Pitalito.
Congresistas huilenses
apoyan terminación del cese al fuego
El anunció de terminar con el cese al fuego con las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, fue apoyado por congresistas huilenses de los diferentes partidos políticos. Mientras que el Gobierno Departamental del Huila no se pronunció al respecto.
“La voluntad de paz de este gobierno y de los colombianos lamentablemente no fue correspondida por las autodenominadas disidencias del Estado Mayor Central”, dijo la profesora universitaria y representante a la Cámara por el Huila, Leyla Rincón Trujillo.
La congresista del Pacto Histórico, recordó que el EMC a ataco en los últimos meses a la población huilense. “Reiteradamente estas estructuras, en particular las que están bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, en los últimos meses han incrementado sus ataques contra la fuerza pública y contra la población civil, ésta última protegida por el Derecho Internacional Humanitario. Por lo tanto, acompaño la decisión tomada el día de hoy (ayer) por el gobierno nacional. De todos modos, hacemos un llamado a estas estructuras, con el fin que retomen el camino de la paz”.
La congresista liberal, Flora Perdomo, manifestó que la terminación del cese al fuego con las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, es consecuencia de la falta de voluntad de paz del grupo armado ilegal. “Es una decisión respetable la que ha tomado el Gobierno Nacional y creemos es el resultado de la poca voluntad que ha mostrado esta facción armada que pese a los reiterados llamados y a la mano tendida para integrarse a un proceso de diálogos han mantenido una postura beligerante generando zozobra e intranquilidad en la población”.
Para la dirigente política es necesaria la ofensiva militar para salvaguardar la seguridad de los huilenses. “El Gobierno ha sido generoso y abierto en sus pretensiones de lograr acuerdos con las organizaciones al margen de la ley, pero también es necesario que se sienta la fuerza del Estado para cuidar a sus ciudadanos y ofrecer confianza a la población en este caso del departamento. El levantamiento del cese al fuego en nuestra región, era una solicitud de la dirigencia ante los reiterados hechos atentatorios contra la población civil”.
El representante a la Cámara por el Huila, Julio César Triana, señaló que el cese al fuego no funcionó y sirvió para la expansión territorial de las disidencias, por lo que es necesario el actuar de las fuerzas militares.
“Es evidente que los ceses al fuego no funcionaron y que por el contrario el Estado colombiano cedió territorio y cedió poder a los grupos al margen de la ley, ahora lo que esperamos es que la fuerza pública no solamente garantice la seguridad de los colombianos, si no logren el menor tiempo posible disminuir flagelos como la extorsión y el boleteo del cual están siendo víctimas miles de familias colombianas y especialmente familias huilenses”, indicó Triana.
“Exigimos respetar a la población civil”
“exigimos a los grupos armados no estatales respetar a la población civil que merece la protección de su vida y ambiente”, dijo ayer Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, tras su visita a Neiva.
El pronunciamiento lo hizo al manifestar que la ONU se encuentra a la expectativa del desarrollo de los diálogos de paz del Gobierno con las disidencias. “Esperamos que las negociaciones del gobierno con actores armados que tienen presencia en Huila surtan efecto”.
Juliette se reunió en la capital huilense con defensores de derechos humanos y buscadores de personas dadas por desaparecidas. “Estamos preocupados por las afectaciones a los derechos humanos en el departamento generadas por grupos armados ilegales que tienen presencia y han expandido su presencia en este departamento”.
Indicó que también a la organización le inquieta el riesgo de reclutamiento de menores y las intimidaciones a los líderes sociales. “Nos preocupa el reclutamiento infantil, la amenazas que sufren personas defensoras de derechos humanos en particular los miembros de las juntas de acción comunal, y líderes y lideresas indígenas amenazadas por la presencia de grupos armados que tratan de controlar a la población civil”.
Además de las exigencias económicas a campesinos e indígenas. “Nos preocupa la práctica de la extorsión de estos grupos armados y que afectan la posibilidad de desarrollo del departamento y la economía campesina e indígena, creando restricciones e imposiciones que afectan estas economías de que por si son precarias para las comunidades y pueblos indígenas pero también para los campesinos”.