La controvertida propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, de revivir el ‘fast track’, ha dividido opiniones. La iniciativa llegará al Congreso de la República en donde será discutida. Los congresistas huilenses ya sentaron sus posiciones.
Johan Eduardo Rojas López
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Durante el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de los colombianos, Gustavo Petro, propuso que se reviva el ‘fast track’ para agilizar la implementación del acuerdo de paz con las Farc, el cual se desarrolló en el país a través del acto legislativo 01 de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Este mecanismo se diseñó para facilitar la aprobación de normas esenciales para la implementación del acuerdo de paz en un período legislativo reducido y según este acto, los proyectos relacionados con la paz tendrían prioridad absoluta en el Congreso de la República.
Esta intención del mandatario de proponer un fast track al Congreso, las Cortes y la sociedad, tiene como objeto el trámite de leyes relacionadas con diez puntos claves que considera fundamentales para fomentar la paz y la igualdad en el país, y será presentada en los próximos días.
“La construcción de la paz requiere la participación de todas las personas, sin distinción alguna. Convoco a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un acuerdo nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande”, dijo el Presidente durante su intervención, agregando además que, el mecanismo llevará a la reducción de los plazos de tiempo para cumplir con efectividad los compromisos del Acuerdo.
Sin embargo, el plan podría encontrarse en riesgo debido a la resistencia de diversos congresistas y plazos ajustados, pues desde diferentes sectores políticos ven esta medida como un intento de resucitar las reformas rechazadas en la legislatura anterior bajo el pretexto de implementar el Acuerdo de Paz. Además de que Petro Urrego no cuenta con mayorías claras en el Congreso.
¿No es una medida apropiada?
Ante esto, Luz Ayda Pastrana Loaiza, representante a la Cámara por el Huila, señaló que revivir el mecanismo de ‘fast track’ para la implementación del Acuerdo de Paz no es una medida apropiada en este momento debido a que, aunque fue útil en su momento para agilizar la implementación inicial del acuerdo, actualmente podría “socavar el proceso democrático y la deliberación necesaria para reformas tan importantes”.
Para ella, las reformas de esta magnitud requieren un análisis exhaustivo, debates amplios y la participación activa de todas las partes involucradas, incluyendo a la sociedad civil y los sectores afectados.
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“La propuesta no está bien enfocada. La implementación de reformas a través de un mecanismo acelerado puede llevar a una falta de transparencia y a la exclusión de opiniones y voces fundamentales en el proceso de paz. La verdadera implementación de los acuerdos debe ser un proceso inclusivo y participativo que refleje las necesidades y deseos de todas las comunidades afectadas”, sostuvo la congresista de Cambio Radical, quien adelantó que su posición en la Cámara de Representantes será firme en contra de la implementación de dicha iniciativa.
Igualmente, propuso que se realice un análisis de punto por punto en el Congreso permitiendo la participación de expertos, comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil.
“Recuperar el tiempo perdido”
Por su parte, la representante a la Cámara, Leyla Marleny Rincón Trujillo, arrancó aclarando que este mecanismo es constitucional y, eso significa que, no se está acudiendo a vías distintas que no sea la Constitución. Además, que busca profundizar la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre las extintas Farc y el Gobierno colombiano.
“En síntesis, fue un mecanismo eficaz en su momento, que contribuyó en el propósito de la paz, sin embargo, hoy en día estamos en saldo rojo en la implementación de los seis puntos del Acuerdo de Paz, por lo tanto, es legítimo que el Gobierno acuda a dicho instrumento, con el fin de recuperar el tiempo perdido y lograr la implementación plena del Acuerdo”, manifestó la congresista del Pacto Histórico.
Y en esa medida, para ella la propuesta no solamente es legítima sino audaz por parte del Presidente, quien cuenta con uno de los arquitectos que contribuyó tanto a la firma del acuerdo como a su implementación ante el Congreso de la República. “Me refiero al Ministro del Interior que en aquel entonces era Ministro del Interior del gobierno Santos. Quién mejor que el doctor Cristo que tiene toda la claridad jurídica sobre el Acuerdo de Paz”, comentó Rincón Trujillo, quien precisó que, su posición será como ha sido durante estos dos años, es decir, en “apoyo a todas las iniciativas legislativas que tengan como propósito lograr la paz para los y las colombianas” dado que está convencida de que el legislativo apoyará de forma mayoritaria estas iniciativas.
¿Otro objetivo?
Para Julio César Triana Quintero, congresista huilense, resulta un exabrupto revivir un mecanismo como el ‘fast track’ que fue concebido precisamente en el marco de un proceso de paz, pero “en este caso pareciera que se busca para atender la incapacidad del Gobierno de ejecutar recursos y de materializar proyectos. Lo que se pretende al revivir este mecanismo, es sacar sus iniciativas, esas que no ha podido concertar con diferentes sectores de opinión ni con el Congreso. Por eso, revivirlo es un completo error”.
Según el representante a la Cámara, una de las caras visibles de Cambio Radical en el Huila, la propuesta no está bien enfocada porque antes de hacer esta proposición, lo que debería hacer el Gobierno Nacional es atender los grandes “males” que están aquejando al país. De allí su decisión de oponerse a la propuesta que fue tramitada en el pasado como un mecanismo excepcional para atender los acuerdos de paz firmados en La Habana.
“Aquí no se está tratando ninguna paz, porque ni con el Eln ni con las disidencias de las Farc, ni con el Clan del Golfo se ha firmado la paz, sin embargo, es posible que el Gobierno moviendo su aparato burocrático y su capacidad de incidencia ante el Congreso, logre mover esta iniciativa. Bastaría ver si todos los partidos políticos estarían de acuerdo en premiar la ineficiencia del Gobierno, entregando un mecanismo que debe ser excepcional y especial. Por eso no le noto mucha viabilidad”, concluyó Triana Quintero, frente a lo que considera una “jugada del Presidente”.
Habrá que analizar
Por último, la también representante a la Cámara por el Huila, Flora Perdomo Andrade, se refirió a la controvertida propuesta y manifestó que, “son ideas y propuestas que deben ser debidamente avaladas y sustentadas dentro de las normas legales que rigen nuestro país”.
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Dicho lo anterior, evaluarán el alcance de la pretensión del Gobierno Nacional que expresó ante el pleno de las Naciones Unidas la propuesta buscando con ello sacar adelante las reformas que no han avanzado como él pretendía, pero además intentando consolidar “los acuerdos con organizaciones armadas que pretenden frenar su accionar dentro del marco de un proceso de cambios donde la tierra, el campo y los esquemas productivos se tornan la base para poder avanzar hacia soluciones. El Gobierno está en su derecho de proponer soluciones y plantear mecanismos y nos corresponde a los congresistas tomar decisiones”.
La congresista del partido Liberal indicó igualmente que es muy prematuro evaluar cuál puede ser el futuro de esta propuesta y, por tanto, hay que escuchar de primera mano al Gobierno y sus voceros sobre sus pretensiones. “Soy amiga de la paz y la concordia. No hay duda de que el país evidencia una polarización y se muestran posturas encontradas. Nuestra decisión siempre será pensando en el futuro del país y los colombianos”, puntualizó Perdomo Andrade.
Puntos del nuevo ‘fast track’:
- Modificación de las vigencias futuras y modificación del marco del mediano plazo para priorizar las obras de la inclusión territorial.
- Cambio en el sistema general de participaciones para destinar recursos a los PDET.
- Excarcelar a los productores de hoja de coca.
- Optimización y nuevas inversiones forzosas para los programas colectivos del PNIS.
- Conversión de los títulos hereditarios en las zonas selváticas. El mandatario recordó que muchas de las zonas PDET están en zonas de selva.
- Planteó una reforma agraria para la compra administrativa exprés de la tierra para la reforma agraria.
- Propuso un sistema único para que todos los sectores tengan un solo tribunal de cierre.
- Propuso también ampliar el tiempo de implementación por 7 años más.
- El presidente anunció que van a proponer un nuevo fast track para cambiar normas y buscar los productos del acuerdo de paz.
- Reiteró el cambio de deuda por acción climática.