Por: Germán Alfonso López Daza
Hace 30 años el país soñaba con la esperanza de un mejor futuro, en momentos en que se redactaba la nueva Carta Política, bajo la dirección de una Asamblea Nacional Constituyente elegida popularmente, en la que hubo participación de amplios sectores sociales y obviamente de la clase política tradicional.
El 4 de julio de 1991 se promulgó la nueva Constitución que reemplazó la centenaria Carta de 1886, a la que se le endilgaron todos los males de la sociedad de entonces: violencia, desigualdad, corrupción, concentración del poder, falta de espacios para la participación ciudadana, entre muchos otros.
La nueva Carta incluyó un generoso listado de principios, valores y derechos fundamentales que sustentan el Estado Social de Derecho. Además, la Corte Constitucional ha desarrollado una vasta jurisprudencia, en la que ha ordenado la protección directa de todos los derechos fundamentales y de los denominados derechos sociales.
Sin embargo, a pesar de tanto derecho y normas protectoras estamos frente a un estallido popular nunca antes visto, con marchas pacíficas –y repudiables hechos violentos-, que reflejan el descontento ciudadano, principalmente el de las nuevas generaciones. Se protesta por la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la violencia, la corrupción política, el irrespeto por el derecho a la vida, etc. Es decir, por muchas de las inconformidades que existían en 1991 y que llevaron a cambiar la Carta de 1886.
Este panorama genera varios interrogantes: ¿se le puede endilgar la actual situación a la Constitución de 1991? ¿sirvió el cambio constitucional realizado en 1991, o todo cambió para que siguiera igual? ¿las nuevas generaciones no sienten como propia la actual Carta Política?
Es difícil responder estos cuestionamientos. Lo que sí se podría afirmar es que no se le puede endosar la actual crisis a la Constitución vigente. Mientras se sigan eligiendo gobernantes que no luchen por el bienestar general y no escuchen el sentir ciudadano, se podría tener una “constitución para ángeles”, pero el país seguirá sin tener respuesta a sus problemáticas sociales. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
