En momentos en que la extorsión tiene desesperados a los colombianos, hace tránsito en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca regular la adquisición y venta de las tarjetas SIM en el territorio nacional.
La iniciativa, cuya autoría es del representante a la Cámara por el Huila Julio César Triana Quintero y que ya cuenta con el respaldo de varios de sus colegas, plantea la obligatoriedad de identificación biométrica. Es decir, “Para la adquisición de una tarjeta SIM u otras tecnologías con fines similares, los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles, incluyendo los operadores móviles virtuales que presten los servicios de telecomunicaciones en Colombia, deberán registrar de inmediato en sus respectivas bases de datos: nombre y apellidos completos del suscriptor o usuario, número de identificación, tipo de identificación de documento (CC, CE, Pasaporte, NIT, TI), número del móvil, IMEI, correo electrónico y datos biométricos del suscriptor o usuario que permitan verificar su identidad y prevenir suplantaciones”.
También obligaría al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Justicia y del Derecho, a que reglamente la implementación de una estrategia para que mediante sistemas tecnológicos se identifique y alerte a los usuarios sobre las llamadas originadas desde centros penitenciarios y carcelarios. En ese sentido, según el mismo proyecto, “los operadores de telefonía móvil estarán obligados a implementar dicha estrategia para advertir al receptor sobre la procedencia de la llamada, respetando los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.
Es claro el gran problema que enfrentan las regiones del país con el incremento descomunal de las extorsiones porque a las intimidaciones hechas por los grupos ilegalmente armados se suman las exigencias económicas que se efectúan desde los centros carcelarios. Y las autoridades lo saben perfectamente. Por eso, urge que el Congreso le dé celeridad al proyecto presentado por el representante Triana y sea, incluso, alimentado por más medidas y herramientas dirigidas a combatir uno de los delitos que tanto atormentan hoy al pueblo colombiano.
