Contraloría investiga detrimento patrimonial en obras de Río Frío

La Contraloría General de la República investiga presuntas irregularidades en la obra de dragado y conformación del dique de Río Frío en el municipio de Campoalegre. “El contratista no cumplió con las especificaciones técnicas de la CAM”, dijo el organismo de control. Las supuestas anomalías fueron denunciadas por dos concejales.

 

Rafael Rodríguez C.

rafael@lanacion.com.co

 

Un millonario detrimento patrimonial se habría originado por las presuntas irregularidades en la ejecución de las obras de dragado y construcción del dique del afluente Río Frío en el municipio de Campoalegre.

Así lo dio a conocer Camilo Ernesto Chacón Orozco, gerente de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Huila, al manifestar que la presunta anomalía se encontró en desarrollo de proceso de vigilancia fiscal.

La investigación inició por la denuncia instaurada por los concejales Ardubay Fierro Rivera y Nikol Yair Polania Lasso, sobre deficiencias en la ejecución del contrato No. 124 de 2019 para la construcción de obras de dragado y conformación del dique en el Río Frío del municipio de Campoalegre, suscrito el pasado 3 de mayo de 2019 por el entonces alcalde Aldemar Gutiérrez y la empresa Ingenieros Contratistas ‘Ingecon SAS’, por valor de $159.257.800.

El concejal Fierro Rivera en la denuncia sostuvo que desde el estudio previo de la obra no se definió la intervención o alcance del dragado que se pretendían realizar, “no se tiene una coordenada de inicio y de fin, mucho menos una topografía que permita establecer los volúmenes de material que excavaron, bajo el alcance del presente contrato”.

 

Modificó las especificaciones técnicas

La Contraloría General de la República con el apoyo de una ingeniera civil adelantó las investigaciones preliminares para el esclarecimiento de las presuntas irregularidades denunciadas por los concejales campoalegrunos.

La ingeniera analizó los estudios previos, documentos del proceso contractual, certificado de disponibilidad presupuestal, aviso de convocatoria, proyecto de pliegos, el contrato No 124 de 2019, el informe de evaluación, pólizas, actas de suspensión y reinicio de la obra y plan de inversión del anticipo, entre otros documentos aportados por la alcaldesa Elizabeth Motta Álvarez, el pasado 31 de julio de 2020.

La profesional encontró en el estudio a los documentos que el contratista modificó las especificaciones técnicas con las que se debía construir y conformar el dique, “dicho cambio fue realizado por el contratista para cumplir con el volumen contratado…”, indicó Chacón Orozco, gerente de la Gerencia Departamental de la Contraloría de la República.

La Contraloría General de la República halló anomalías en la ejecución del contrato para el dragado y construcción del dique de Río Frío en Campóalegre.

Sostuvo el funcionario que con la modificación el ingeniero dejó de lado la finalidad del contrato que era dragar y construir el dique en los sitios críticos para mitigar amenazas naturales, “principalmente de origen hidrometereológico, por lo que las labores de descalce del cauce se debían realizar siguiendo y ajustándose a las normas establecidas para este fin, para evitar y controlar la socavación lateral de los taludes de las márgenes especialmente en época de creciente del río”.

Para el funcionario del organismo de Control fiscal, la modificación en las especificaciones técnicas ocurrió por la “deficiente supervisión técnica para la ejecución de las obras de mitigación”.

Agregó que las deficiencias evidenciadas ocasionaron que se ejecutaran obras sin el cumplimiento técnico establecido previamente y produjo un presunto detrimento al patrimonio. “Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por $159.257.800”.

Aseguró que las inconsistencias encontradas en las especificaciones técnicas, dragado y conformación del dique en Río Frío, dan origen al hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal y trasladado a responsabilidad fiscal y a la Procuraduría Regional del Huila. “Los hechos puestos en conocimiento son susceptibles de iniciar acción fiscal, por existir Daño Patrimonial del Estado”.

Según el funcionario existe detrimento al patrimonio público, así como también se presentó una indebida gestión fiscal a los recursos de la Nación.

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