La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal de $87.027 millones por las irregularidades que se presentaron en el contrato que el Ministerio de las TIC y la Unión Temporal Centros Poblados celebraron en 2020 para llevar internet a zonas apartadas.
Redacción Web/LN
La Contraloría General la República profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $87.027 millones contra la Unión Temporal Centros Poblados, ante las irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, celebrado con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio TIC, para instalar internet en apartadas zonas rurales del país, hecho que le costó el cargo a la exministra Karen Abudinen.
Para la Contraloría, se trató de una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna, pues no se cumplió con la entrega total de equipos para la culminación del proyecto Centros Digitales, que buscaba llevar internet gratuito a zonas rurales de 16 departamentos del país.
La decisión se adoptó luego de que la Contraloría realizara una la valoración integral de la información recaudada en el marco del proceso de responsabilidad Fiscal No. 80011-2021-39465, en la que finalmente se determinó fallar con responsabilidad en contra de las firmas que conformaron la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal.
El incumplimiento “conllevó a la terminación anticipada del contrato que implicaba el retorno de los recursos públicos en virtud de la obligación adquirida, sumado a la presentación de una garantía bancaria falsa por parte el consorcio, sin la cual no se hubiera dado inicio al contrato y, por ende, no se hubieran desembolsado los recursos por concepto de anticipo ($70.000 millones)”, destacó el ente de control.
Los implicados
Además de la responsabilidad del consorcio Centros Poblados, la Contraloría determinó que hubo omisión en la entrega de los equipos por parte de la respectiva empresa proveedora, y por tal razón también declaró responsable fiscal al representante legal de la empresa distribuidora.
Adicionalmente, la Contraloría falló responsabilidad fiscal en contra de los miembros del consorcio interventor toda vez que dieron aprobación a unas órdenes de pago sin la verificación integral de los documentos que las soportaban, es decir, sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para el acceso a dichos recursos, esto es, la totalidad de los equipos necesarios para en cumplimiento del proyecto.
