Contratación sin transparencia

El enredo dela multimillonaria concesión del juego del chance para el Huila, nuevamente en entredicho por una instancia judicial como lo reveló ayer en exclusiva LANACIÓN, pone sobre el tapete de manera contundente la permanente vulneración de uno de los principios básicos de la contratación estatal, esto es la exigencia de publicidad de todos los actos y etapas contractuales. El enredo dela multimillonaria concesión del juego del chance para el Huila, nuevamente en entredicho por una instancia judicial como lo reveló ayer en exclusiva LANACIÓN, pone sobre el tapete de manera contundente la permanente vulneración de uno de los principios básicos de la contratación estatal, esto es la exigencia de publicidad de todos los actos y etapas contractuales. Contratos a oscuras, en recintos cerrados, discutidos apenas con algunos de los interesados, evaluados bajo reserva y decididos en días no hábiles suelen ser la trampa perfecta contra la transparencia y en contra de los intereses comunes. Como lo ha señalado del Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, se encuentra debidamente demostrado que en la contratación del negocio del chance, la Empresa de Lotería del Huila incurrió en una vulneración real y efectiva del Derecho  Colectivo a la Moralidad Administrativa, en razón a que dicha entidad incumplió en forma ostensible y  sin justificación alguna la normatividad contractual vigente para la época en que ocurrieron los hechos. Y ese desconocimiento implica o evidencia un comportamiento contrario  a los fines y principios de la administración pública, tales como el de transparencia y publicidad de las actuaciones y prevalencia del interés general sobre el particular. Al no celebrar la correspondiente audiencia pública para la adjudicación del contrato y la notificación de esta decisión en estrados a todos los proponentes, como lo ordena la ley, se favorecieron los intereses de uno de ellos, en detrimento de los derechos de los otros dos proponentes como el consorcio Chambacú y Su Chance, así como de la sociedad en general. El pronunciamiento judicial, que además incluye solicitudes a los organismos de control e investigación para que se indague acerca de la presunta injerencia indebida del entonces gobernador Luis Jorge Sánchez en todo el proceso, debe ser tomado como un llamado de alerta y prevención a todos los ordenadores del gasto y contratantes oficiales. La publicidad de todos los actos oficiales, y en especial de los contratos, debe ser una premisa ineludible. El Juez Quinto ha puesto una bandera a la que todos los servidores públicos deben aferrarse si su propósito es la eficaz, eficiente y efectiva inversión de los recursos de nuestros impuestos. La defensa del principio del interés general no sólo constituye la finalidad primordial sino el cimiento y la estructura de la contratación administrativa, y en esa medida todas las actuaciones que se desarrollan en torno a la contratación pública son preponderantemente regladas, quedando muy poco espacio para la discrecionalidad. Y de paso, mejorar la eficiencia y  la transparencia en la gestión contractual y contrarrestar la corrupción, es lo que pregona la sentencia judicial. Los enredos del chance, que percibíamos acá como una exótica especie de otras regiones del país, nos han llegado con todos sus elementos de oscurantismo e irregularidades. Se trata de una concesión convertida hoy en la joya de la corona para quienes deambulan por el país en busca de los mejores tesoros del Estado, invirtiendo enormes sumas en las etapas pre contractuales y torciendo, mediante sofisticadas y mañosas maniobras, el interés general. Que se llegue al fondo de todo el asunto y se tome este caso como ejemplo de lo que no debe hacerse en materia de contratación. “Se trata de una concesión convertida hoy en la joya de la corona para quienes deambulan por el país en busca de los mejores tesoros del Estado, invirtiendo enormes sumas en las etapas pre contractuales y torciendo, mediante sofisticadas y mañosas maniobras, el interés general”. Ediotiralito El caso de la joven Angélica Dayana Castañeda, quien se debate entre la vida y la muerte, al intentar evitar que le robaran la moto, pone en evidencia la gravedad de la inseguridad urbana. Y especial la proliferación de bandas de jaladores que siguen vivas esperando las víctimas. ¿Dónde están las acciones para combatirlos?