El ex gobernador Pajarito Sánchez, el empresario Henry Varón y el ex gerente de Su Chance, Raúl Castro Rayo, los primeros testigos en el juicio por la amañada adjudicación del juego de apuestas permanentes realizada en el 2008.
Ricardo Areiza
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Después de casi seis años y medio de iniciado el proceso penal por la irregular adjudicación del juego de apuestas permanentes (chace), la juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Elvira Inés Zamora Gnecco, abrió ayer formalmente el juicio oral.
Acordadas las estipulaciones probatorias entre las partes, a partir de hoy, la fiscal de la Unidad Anticorrupción, Elizabeth Quiroga Ariza iniciará la presentación de los testigos, para demostrar las irregularidades que rodearon la adjudicación del contrato el 22 de agosto de 2008.
Entre los testigos figura el ex gobernador Luis Jorge Pajarito Sánchez, en calidad de presidente de la junta directiva de la Lotería del Huila. Aunque conocía el desarrollo del proceso, finalmente, terminó denunciando las supuestas anomalías en la adjudicación del millonario contrato.
Además asistirá en primera línea como testigo de la Fiscalía, el ex gerente de la empresa Su Chance, Raúl Castro Rayo, quien destapó los procedimientos para beneficiar a los otros dos competidores. También estará el empresario tolimense Henry Varón Ochoa, principal accionista de la empresa Su Chance, quien terminó comprando las acciones de sus antiguos competidores, beneficiados con la adjudicación del contrato.
En el mismo orden concurrirán en calidad de testigos, la abogada Alma Yelena Rodríguez y el contador Ebert Barrera Álvarez, miembro del comité evaluador, entre otros.
La Fiscalía anunció 43 testigos que conocieron el proceso de adjudicación, 103 pruebas documentales y otros 33 elementos materiales probatorios que suman más de 3.000 folios.
La bancada de la defensa anunció 26 testigos para enfrentar la dura acusación sustentada el 23 de agosto de 2016.
Aunque no anticipó su teoría del caso, durante las intervenciones en la extendida audiencia preparatoria la defensa insistió en la legalidad del contrato y en la existencia de “un interés indebido posterior a la adjudicación”.
Sin embargo, la tesis de la Fiscalía está centrada exclusivamente en las irregularidades registradas en la adjudicación del contrato, no en la ejecución.
Primera denuncia
El gobernador de la época, Luis Jorge Pajarito Sánchez, en calidad de presidente de la junta directiva de la Empresa de Loterías formuló la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio. Aunque conoció paso a paso los detalles del proceso, denunció las supuestas anomalías ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
El mandatario seccional puso en duda la conveniencia legal y administrativa de la adjudicación, cuestionó los procedimientos utilizados al declarar desierta la licitación y los actos administrativos que se produjeron pata favorecer supuestamente a la empresa ganadora.
Esas denuncias sirvieron de soporte para iniciar las investigaciones. En esa condición, el ex mandatario conservador rendirá su declaración como testigo en el juicio oral que comenzó ayer formalmente.
Las dudas
Lo claro es que ninguna de las tres empresas que participaron en la licitación cumplía con los requisitos para quedarse con el negocio. Aun así la Lotería del Huila en forma atípica habilitó a dos de los oferentes, descalificó al tercero y finalmente adjudicó irregularmente el contrato 068 de 2008 a la empresa Apuestas Nacionales de Colombia.
Aunque parezca insólito, la concesión del chance fue firmada y legalizada en total secreto, sin audiencia pública obligatoria, antes de ser oficialmente adjudicada.
En tiempo récord el gerente de la Lotería de la época revocó la resolución que declaró desierta la licitación, expidió la resolución de adjudicación, firmó el contrato y dejó constancia de la notificación personal realizada en Neiva, cuando todos estaban en Bogotá. Esa es, la prueba reina que descubrirá la fiscal Elizabeth Quiroga.
En plata blanca: Gustavo Guevara Aldana, representante legal de Apuestas Nacionales de Colombia, primero suscribió el contrato No. 068 de 2008 (antes de la adjudicación oficial), luego tramitó la póliza de cumplimiento y posteriormente se notificó de la resolución de adjudicación No. 181 del 22 de agosto de 2008, día no laborable. Los otros dos proponentes, Chambacú y Su Chance, fueron notificados cuatro días después cuando todo estaba legalizado.
Nulidad absoluta
Los dos actos administrativos (ejecutados y liquidados en el 2013) fueron invalidados de oficio por el Tribunal Administrativo del Huila en abril de 2018 al haberse configurado la causal de nulidad absoluta contemplada en el régimen de contratación estatal. Esa es otra prueba demoledora que validará la tesis de la Fiscalía, sobre las irregularidades que rodearon la adjudicación del contrato en operación desde el primero de octubre de 2008.
Aunque la denuncia del ex gobernador fue formulada en agosto del 2008, la investigación formal comenzó en marzo de 2015. La acusación fue radicada el 30 de junio de 2016. Las acciones judiciales emprendidas por la defensa, la rotación de funcionarios y la complejidad del proceso interfirieron con el normal desarrollo del proceso.
La acusación
La fiscal Elizabeth Quiroga Ariza los acusó formalmente. A los dos servidores públicos les formuló cargos en calidad de coautores por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, cometidos en concurso heterogéneo.
Al antiguo concesionario, Gustavo Guevara Aldana, les imputó los mismos delitos pero en calidad de coautor interviniente. Los implicados no se allanaron a cargos.
La fiscal mantuvo su teoría del caso. Reiteró que el contrato se firmó y legalizó antes de ser oficialmente adjudicado hace 13 años.
Por estas conductas responden el ex gerente de la Lotería del Huila Carlos Hernando Ordóñez, el abogado José William Sánchez, asesor jurídico y miembro del comité evaluador y el contratista, Gustavo Guevara Aldana, representante legal de Apuestas Nacionales de Colombia, firma que se favoreció con la adjudicación, al parecer, direccionada.
Teoría del caso
Según la fiscal Elizabeth Quiroga Ariza, durante el proceso licitatorio se evidenció “un claro direccionamiento y desviación de poder para beneficiar al contratista. Los actos administrativos “fueron suscritos de manera cohonestada con el mismo contratista”, insistió la funcionaria judicial.
En su criterio, el contrato fue firmado antes de haber sido oficialmente adjudicado en audiencia pública y se legalizó en la misma forma, sin que los demás proponentes hubieran sido notificados.
El mismo día de la adjudicación, se elaboró, se suscribió y se legalizó el contrato de concesión que se entregó firmado antes de la notificación. La prueba reina, según la Fiscalía, fue la anticipada expedición de la póliza de cumplimiento.
La póliza de cumplimiento del contrato fue expedida el 22 de agosto de 2008 por Seguros del Estado sin que se hubiera celebrado la audiencia pública de adjudicación y sin que se hubiera notificado debidamente a los demás proponentes. Solo fueron notificados cuatro días después, cuando se destapó el escándalo.
La póliza del contrato fue expedida a las 11:07 a.m. y a esa hora el gerente de la Lotería del Huila, Carlos Hernando Ordóñez quien firmó la resolución no había llegado a Neiva.
El itinerario del vuelo y los datos del tiquete aéreo, terminaron develando. Igual ocurrió con el asesor jurídico, José William Sánchez, quien ese día perdió el vuelo y tuvo que desplazarse por tierra, lo que confirmaría que nunca estuvieron presentes en la firma de los documentos.
Aun así, el gerente de la Lotería revocó la resolución que declaró desierta la licitación, suscribió la resolución de adjudicación, firmó el contrato de concesión con el nuevo operador y dejó constancia de la notificación personal realizada en Neiva, cuando todos estaban en Bogotá.
“En este contexto, Gustavo Guevara Aldana, representante legal de Apuestas Nacionales de Colombia obtuvo y suscribió primero el contrato No. 068 de 2008, luego la póliza de cumplimiento y posteriormente se notificó de la Resolución de adjudicación No. 181 del 22 de agosto de 2008”, precisó la fiscal Quiroga Ariza.
La jugadita
“En forma atípica se habilitaron dos proponentes, se inhabilitó la participación de uno de los proponentes (por no haber presentado recurso de reposición), se calificaron estas dos propuestas, se eligió una propuesta ganadora y se adjudicó el contrato a la empresa Apuestas Nacionales de Colombia, representada por el señor Gustavo Guevara Aldana”, recordó la fiscal Quiroga Ariza, adscrita a la Unidad Anticorrupción.
En su criterio, la Empresa de Loterías nunca realizó la audiencia pública obligatoria, contemplada en los pliegos de condiciones. Aunque parezca insólito, el contratista obtuvo previamente elaborado y firmado el contrato 068 de 2008 que le otorgaba por cinco años la operación del juego de apuestas permanentes. Con el contrato firmado antes de la adjudicación, el concesionario tramitó la expedición de la póliza.
“El procedimiento agotado por el gerente de la Lotería y el asesor jurídico, constituye una clara violación de los principios que gobiernan la contratación estatal especialmente lo relacionado con el principio deber de selección objetiva del contratista, de la publicidad y transparencia, evidenciándose un claro direccionamiento y desviación de poder en la adjudicación del contrato”, reiteró la operadora judicial.
Con los similares planteamientos, el Tribunal Administrativo del Huila, en otra decisión, decretó de oficio la nulidad absoluta del contrato, una de las pruebas que se hará valer, en el juicio oral.
Acuerdo ilegal
“A los proponentes restantes, uno inhabilitado y otro descalificado, Chambacú y Su Chance, en un hecho abiertamente ilegal por parte de la Lotería, se les comunicó por vía correo electrónico solo hasta el 26 de agosto de 2008 el contenido de la resolución No. 181 de 22 de agosto de 2008, a un correo electrónico que en el caso de Suchance, ni siquiera pertenecía a la empresa”, puntualizó la Fiscal.
“El resultado del proceso licitatorio, no obedeció a un análisis juicioso y ponderado, sino al deliberado y planeado propósito de favorecer a un particular, plasmado en un acto administrativo”, reseñó la fiscal.
“Los actos administrativos, insistió, “fueron suscritos de manera cohonestada con el mismo contratista Gustavo Guevara Aldana, representante legal (para la época) de la sociedad anónima Apuestas Nacionales de Colombia, quien finalmente se hizo adjudicatario del contrato de concesión, soslayando las disposiciones de la Ley 80 de 1993…”
Los dos servidores públicos- añadió- “desviaron el marco legal y actuaron gobernados por propósitos personales en ventaja de la de la empresa Apuestas Nacionales”.
“De tal magnitud es la descomunal manera cómo se benefició abiertamente al contratista” que la empresa resultó favorecida sin acreditar la experiencia específica, sin tener la existencia jurídica ni la capacidad financiera. En este sentido reiteró que los servidores públicos imputados “actuaron de manera evidenciada en esta investigación con el propósito de beneficiar con la contratación a la empresa Apuestas Nacionales de Colombia”.
La ejecución
El contrato entró en vigencia el primero de octubre de 2008, pero el descalabro financiero del concesionario lo obligó a vender su participación a Su Chance, su antiguo competidor.
La defensa insiste en que hubo “intereses indebidos en la ejecución”. Sin embargo, esos hechos, no serán objeto del juicio que continuará hoy con la presentación de los primeros testigos, entre ellos el ex gobernador Luis Jorge Sánchez y el ex gerente de Su Chance, Raúl Castro Rayo.
