La tesis fue planteada ayer por la fiscal de la Unidad Anticorrupción, Elizabeth Quiroga Ariza, durante la audiencia de acusación contra los tres implicados en el cuestionado proceso de licitación ejecutado en agosto de 2008.
La fiscalía sustentó los cargos contra el gerente de la Lotería del Huila de la época Carlos Hernando Ordóñez, el abogado José William Sánchez, asesor jurídico y miembro del comité evaluador y el contratista, Gustavo Guevara Aldana, representante legal de Apuestas Nacionales de Colombia, firma que se favoreció con la irregular adjudicación.
El contrato fue adjudicado en medio de una tormenta política y jurídica a la firma Apuestas Nacionales de Colombia, una pequeña chancera boyacense, transformada de la noche a la mañana para presentarse a la licitación.
La acusación fue sustentada ante el juez Tercero Penal del Circuito con funciones de Conocimiento, Jorge Enrique Luna Corrales.
La empresa ofreció $22.679 millones, representados en $17.674 millones por derechos de explotación; $500 millones para inversión social voluntaria y otros $4.505 millones por condiciones económicas adicionales, que no puedo cumplir. Por eso terminó cediendo el contrato a su principal competidor.
La investigación se inició por las denuncias penales que formularon en su momento el gobernador de la época Luis Jorge Pajarito Sánchez y el contralor Constantino Trujillo.
Según la Fiscalía, durante el proceso licitatorio se evidenció “un claro direccionamiento y desviación de poder para beneficiar al contratista. En este caso dijo los actos administrativos “fueron suscritos de manera cohonestada con el mismo contratista”.
Razones de peso
La Fiscalía argumentó que el contrato fue firmado antes de haber sido adjudicado y se legalizó en secreto.
El mismo día de la adjudicación, se elaboró, suscribió y se legalizó el polémico contrato que se entregó firmado antes de la notificación. La prueba reina, según la Fiscalía:
El 22 de agosto de 2008 a las 11:07 a.m. la empresa Seguros del Estado expidió la póliza de cumplimiento del contrato sin que se hubiera celebrado la audiencia pública de adjudicación y sin que se hubiera enterado o notificado ninguno de los demás proponentes. Solo fueron notificados cuatro días después.
“En otras palabras, Gustavo Guevara Aldana, representante legal de Apuestas Nacionales de Colombia obtuvo y suscribió primero el contrato No. 068 de 2008, luego la póliza de cumplimiento del mismo y posteriormente se notifica de la resolución de adjudicación No. 181 del 22 de agosto de 2008”, precisó la fiscal durante la sustentación de la acusación.
La póliza del contrato fue expedida a 11:07 a.m. y a esa hora el gerente de la Lotería del Huila, quien firma la resolución no había llegado a Neiva, de acuerdo con el itinerario de vuelos. Tampoco el asesor jurídico, quien perdió el vuelo, según lo documentó la Fiscalía.
En tiempo récord, según la exposición que realizó la Fiscalía, revocó la resolución que declaró desierta la licitación, expidió la resolución de adjudicación, se firmó el contrato y dejó constancia de la notificación personal realizada en Neiva, cuando estaban todos en Bogotá.
Direccionamiento
“En forma atípica se habilitaron dos proponentes, se inhabilitó la participación de uno de los proponentes (por no haber presentado recurso de reposición), se calificaron estas dos propuestas, se eligió una propuesta ganadora y se adjudicó el contrato a la empresa Apuestas Nacionales de Colombia, representada por el señor Gustavo Guevara Aldana”, precisó la fiscal Quiroga Ariza.
En su criterio, nunca se realizó la audiencia pública obligatoria. Además, el contratista obtuvo previamente elaborado y firmado el contrato 068 de 2008 que le otorgaba la concesión del juego de apuestas permanentes durante cinco años. Con el contrato firmado antes de la adjudicación el concesionario tramitó la expedición de la póliza.
“El procedimiento agotado por el gerente de la Lotería y el asesor jurídico, constituye una clara violación de los principios que gobiernan la contratación estatal especialmente lo relacionado con el principio deber de selección objetiva del contratista, de la publicidad y transparencia, evidenciándose un claro direccionamiento y desviación de poder en la adjudicación del contrato”, remarcó la Fiscalía.
Acuerdo pleno
“A los proponentes restantes, uno inhabilitado y otro descalificado, Chambacú y Su Chance, en un hecho abiertamente ilegal por parte de la Lotería, se les comunicó por vía correo electrónico solo hasta el 26 de agosto de 2008 el contenido de la resolución No. 181 de 22 de agosto de 2008, a un correo electrónico que en el caso de Suchance, ni siquiera pertenecía a la empresa”, puntualizó la Fiscal.
“El resultado del proceso licitatorio, no obedeció a un análisis juicioso y ponderado, sino al deliberado y planeado propósito de favorecer a un particular, plasmado en un acto administrativo”, reiteró la operadora judicial durante la audiencia pública realizada en el Palacio de Justicia.
Según la exposición, los actos administrativos suscritos por los dos servidores públicos “fueron suscritos de manera cohonestada con el mismo contratista Gustavo Guevara Aldana, representante legal (para la época) de la sociedad anónima Apuestas Nacionales de Colombia, quien finalmente se hizo adjudicatario del contrato de concesión, soslayando las disposiciones de la Ley 80 de 1993…”
Los dos servidores públicos- añadió- “desviaron el marco legal y actuaron gobernados por propósitos personales en ventaja de la de la empresa Apuestas Nacionales”.
“De tal magnitud es la descomunal manera cómo se benefició abiertamente al contratista” que la empresa resultó favorecida sin acreditar la experiencia específica, sin tener la existencia jurídica ni la capacidad financiera. En este sentido reiteró que los servidores públicos imputados “actuaron de manera evidenciada en esta investigación con el propósito de beneficiar con la contratación a la empresa Apuestas Nacionales de Colombia”.
El contrato comenzó el primero de octubre de 2008. Dos meses después, como lo denunció LA NACIÓN, la firma concesionaria no pudo con el contrato y terminó vendiéndole la participación accionaria a la firma Su Chance, uno de los más fuertes competidores y que actualmente opera el juego de apuestas permanentes, bajo un nuevo contrato.
La imputación
Con esta argumentación la Fiscalía les imputó a los dos servidores públicos en calidad de coautores los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, cometidos en concurso heterogéneo.
Al antiguo concesionario, Gustavo Guevara Aldana, les imputó los mismos delitos pero en calidad de coautor interviniente.
La acusación fue respaldada ayer con 43 testimonios de actores y autoridades que conocieron la polémica adjudicación, 103 pruebas documentales y otros 33 elementos materiales probatorios que suman más de tres folios.
Los tres acusados podrán controvertir las pruebas presentadas por la Fiscalía durante el juicio oral que continuará en marzo del próximo año. La audiencia preparatoria fue programada para el 7 y 8 de marzo de 2017.
Tanto Ordóñez como Sánchez han sostenido la legalidad de los procedimientos, ejecutados, además, con el conocimiento del gobernador, quien presidía la junta directiva de la entidad.
La Fiscalía sustentó ayer la acusación formal por la irregular adjudicación del chance en el 2008.
